Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en la mayoría de los casos con el apoyo activo de la ultraderecha de Vox, se han movilizado en las últimas horas para cuestionar los traslados a la Península de una parte de los llegados al archipiélago canario. A pesar de que su transferencia se está llevando a cabo atendiendo la petición del Gobierno de este territorio, en el que paradójicamente está el PP, porque su sistema de atención está desbordado.
Desde que estalló la crisis migratoria, la más grave desde la de los cayucos de 2008, Vox difunde mensajes xenófobos en los que habla de “invasión” y alerta, sin ninguna base, sobre supuestos riesgos terroristas derivados de la llegada de personas procedentes de África. Lo hacía en solitario y con escaso eco, pero ahora el PP se ha sumado transmitiendo los mismos mensajes en contra los de migrantes, muchos de ellos menores no acompañados en situación de vulnerabilidad.
Uno de los ejemplos más graves lo han protagonizado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este jueves, en un acto organizado por la web Okdiario alentó el miedo a los migrantes relacionándolos con el terrorismo. Los miembros del Gobierno, dijo, son “incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que, sin más diálogo ni más previsión, se disponen a repartir a miles entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional”. La víspera había acusado al Gobierno de tratar a los migrantes como “fardos que se envían y se van dejando por la Península” y no hacerse “cargo de nada”.
“Buenismo”
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también entró en el asunto para reprochar al Gobierno “ser un buenista”. En su opinión, “no puede ser recibir al Aquarius con los brazos abiertos y desperdigar a los inmigrantes, sin apenas información por toda España”. “Como en tantas cosas, ya sabemos cómo funciona Pedro Sánchez: primero la foto y luego ya los problemas”, acusó.
La idea infundada de que hay que temer a los migrantes está también detrás de las declaraciones de dirigentes como la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, en cuyo municipio el Gobierno planea utilizar dos instalaciones militares para acoger a algunos de los desplazados desde Canarias. Piquet se mostró preocupada por cómo “afectará” a sus vecinos, así como por la “nacionalidad” de las personas migrantes, y pidió más presencia policial, anticipando un problema de seguridad pública.
La alcaldesa, igual que otros dirigentes del PP, trató de deslizar la idea de que los traslados a la península sólo tienen como destino comunidades y municipios gobernados por la derecha, algo que no se corresponde con la realidad. Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha también han recibido o van a recibir migrantes.
Más grave fue la declaración de un concejal conservador del Ayuntamiento de Torrox (Málaga), Salvador Escudero, que este lunes comparó a los migrantes con “animales” y especuló con que transmitían el tifus, lo que le ha valido una reprimenda de su propio alcalde, también del PP.
Las comunidades y municipios gobernados por los conservadores se quejan de falta de información y coordinación. El número tres de Feijóo, Elías Bendodo, ha exigido además al Gobierno que las decisiones en esta materia se tomen “de manera acordada”, aunque las competencias de extranjería son exclusivas de la administración central.
Competición en la derecha
El PP ha entrado así en competencia con Vox. El vicepresidente de Castilla y León, el ultra Juan García Gallardo, llegó a difundir a través de redes sociales un vídeo grabado en Medina del Campo, donde está previsto acoger a 250 personas, en nombre del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP) denunciando lo que su partido llama una “invasión” y criminalizando a los migrantes, “jóvenes varones en edad militar que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo”.
Vox reclama que el Gobierno deje de financiar a las ONG que se ocupan de los migrantes, a las que culpa sin pruebas de traficar con personas “engañándolas, obteniendo unos ingresos muy cuantiosos y generando un problema de convivencia”.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, salió inmediatamente al paso de las declaraciones de dirigentes de PP y Vox, a quienes ha acusado de alentar la “xenofobia”. Lo que están diciendo, aseguro, “es xenofobia” y “es falso. España es un país que lleva gestionando crisis, con una solvencia y naturalidad notable, somos referencia internacional, y esta es igual que todas, lo estamos haciendo con mucha tranquilidad, y tenemos ya mucha experiencia”, explicó.
“Desafortunadamente” se está “intentando hacer una utilización xenófoba, política y oportunista de este asunto”. “Lo estamos viendo porque empuja Vox en determinados sitios al PP o empuja la señora Ayuso a sus compañeros; se está haciendo una amplificación de algo que es relativamente manejable y natural”, remarcó. Es “detestable” que se “utilicen” episodios como este para “exacerbar instintos xenófobos”. “Es tan duro de digerir, tan detestable, que me quedo sin palabras”, subrayó el ministro visiblemente molesto por la actitud del PP.
“Oportunismo deleznable”
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, añadió Escrivá, está detectando en estas semanas una “exacerbación de las actitudes xenófobas y racistas” en redes sociales “como resultado de la situación en Gaza e Israel”. “Luego, el oportunismo deleznable es todavía mayor en estas semanas”.
Crece casi un 80% el número de migrantes llegados a Canarias en patera este año, con un total de 23.537
A las quejas se han sumado el presidente andaluz, Juanma Moreno, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el jefe del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la Junta de Extremadura. En la misma línea, el presidente murciano, Fernando López Miras, reclama “lealtad institucional”.
Lo cierto es que las demás comunidades están recibiendo migrantes sin manifestar problema alguno, lo que dio pie al portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, a acusar al PP de “negarse” a ayudar a Canarias. Es “sorprendente” que no haya “la debida solidaridad entre comunidades autónomas”, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno canario, gobernado por los en coalición por los conservadores, es el que la necesita.
En la actualidad, subrayó, son Cataluña y País Vasco, las comunidades “con mayor compromiso” en la acogida de menores inmigrantes. “Los traslados a la Península son constantes y con buen criterio. No hay ningún problema y se está gestionando realmente bien”, elogió el diputado de Sumar.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en la mayoría de los casos con el apoyo activo de la ultraderecha de Vox, se han movilizado en las últimas horas para cuestionar los traslados a la Península de una parte de los llegados al archipiélago canario. A pesar de que su transferencia se está llevando a cabo atendiendo la petición del Gobierno de este territorio, en el que paradójicamente está el PP, porque su sistema de atención está desbordado.