Un día después de que el presidente del Gobierno recordara a CiU la vía de la reforma de constitucional para dar una respuesta al desafío soberanista, el PP, el partido de Gobierno, propuso este miércoles que el Congreso reconozca la "vigencia" de la Carta Magna "en toda su extensión". Es decir, un blindaje del texto de 1978 en todo lo que tiene que ver con los asuntos territoriales.
Así figura en una de las propuestas de resolución posteriores al debate del estado de la nación registradas por los conservadores en la cámara Baja al filo de las 14.00 horas. El texto [consúltalo aquí en PDF], firmado por el portavoz de PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, propone a los diputados que reconozcan "la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión, especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Además, plasma por escrito que "de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley". En definitiva, los argumentos que desde el Ejecutivo se esgrimen a la hora de rechazar frontalmente la posibilidad de que Cataluña celebre un referéndum independentista.
El texto completo de esta propuesta de resolución va encaminado a frenar el desafío soberanista de Artur Mas. Y pretende recuperar la iniciativa parlamentaria del PP en esta materia después de que la semana pasada UPyD les tomara la delantera.
El PP no tiene ningún problema en que este texto salga adelante gracias a su mayoría absoluta. Pero los conservadores pretenden que el resto de formaciones se retraten. En el caso del principal partido de la oposición fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista sostienen que no van a "entrar en el juego de otros partidos" como ya advirtió Alfredo Pérez Rubalcaba la semana pasada tras la votación de la moción de UPyD. El líder del PSOE ya dijo que no apoyarían ninguna iniciativa que no hubiese sido previamente negociada con ellos.
Por su parte, fuentes del PP consultadas por infoLibre destacan que a España no le conviene ahora meterse en una reforma de la Carta Magna y que todavía "hay mucho que explorar en el marco legal vigente". Los conservadores, subrayan las citadas fuentes, no están dispuestos a permitir que se toque el texto constitucional para dotar de mayores competencias de las comunidades autónomas. Y concretamente, "cuando sólo lo reclaman dos comunidades autónomas: Cataluña y el País Vasco.
Medidas jurídicas "para preservar la unidad de España"
El último punto de la propuesta de resolución, pide que el Congreso respalde al Gobierno "para que siga tomando, desde los principios de la defensa del interés general, la responsabilidad, la estabilidad y la moderación y en el ejercicio de su disposición al diálogo, cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico, para preservar la unidad de España, como una nación de ciudadanos libres e iguales sometidos únicamente al imperio de la Ley”.
Debate con el PNV
Horas antes de la presentación de esta propuesta de resolución, este asunto, el de la posibilidad de una reforma constitucional, era debatido en el hemiciclo. El silencio del presidente del Gobierno daba una pista de por dónde podía ir la propuesta de resolución de los conservadores relacionada con el modelo territorial y el desafío soberanista de Cataluña.
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, intentó este miércoles sin ningún éxito indagar sobre si el presidente del Gobierno iba de farol cuando, un día antes, en su intervención en el debate sobre el estado de la nación recordó a los nacionalistas catalanes que hay un cauce para explorar sus demandas: una reforma constitucional.
Motu proprio, sin que ningún grupo de lo reclamara, el presidente del Gobierno, había sostenido que, "en cualquier caso [...] la Constitución puede ser reformada". De hecho, añadió, "lo ha sido en dos ocasiones, tras el debate y el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria".
"Todos cuantos pretendan su modificación pueden plantearla, pero siguiendo los pasos y las reglas que la propia Constitución establece; eso es el Estado de Derecho", subrayó el presidente del Gobierno.
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Ni siquiera Rajoy recuperó esta expresión este miércoles cuando Esteban puso sobre la mesa su demanda de una mayor autonomía para Euskadi. "Usted dice que hay unos procedimientos para modificar la Constitución Española. Utilícelos y haga que quienes no estamos a gusto podamos estarlo. El mencionar esos procedimientos para a continuación bloquearlos en base a sus mayorías es un ejercicio de cinismo", críticó el diputado nacionalista vasco.
"La pregunta es clara: ¿está usted dispuesto a explorar esas vías para modificar la Constitución Española y llegar a un acuerdo?Constitución Española¿Es posible llegar a un acuerdo?", preguntó Esteban a Rajoy en su primera intervención. La primera réplica del presidente no hubo respuesta. Tampoco la segunda, cuando el diputado había verbalizado sus sospechas de que tras las palabras del presidente del día anterior lo único que había era un mero enunciamiento, una forma de decir, "hay una posibilidad, pero no se lo voy a permitir". Para abrir este proceso es necesario contar con una mayoría parlamentaria. Y que el Partido Popular, el partido del Gobierno, tiene mayoría absoluta en en Congreso.
Siempre que desde el Ejecutivo o desde el PP algún dirigente se ha referido a la posibilidad de abrir un proceso de reforma de la Constitución, se ha puesto el énfasis en que las últimas veces en las que los partidos han debatido sobre ello ha quedado demostrado que no existía ningún consenso sobre las formas, los objetivos y los porqués.
Un día después de que el presidente del Gobierno recordara a CiU la vía de la reforma de constitucional para dar una respuesta al desafío soberanista, el PP, el partido de Gobierno, propuso este miércoles que el Congreso reconozca la "vigencia" de la Carta Magna "en toda su extensión". Es decir, un blindaje del texto de 1978 en todo lo que tiene que ver con los asuntos territoriales.