Nada sobre los contratos de Isabel Díaz Ayuso, pese a las comisiones que cobró su hermano por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia. Nada sobre los que llevó a cabo Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta, algunos de los cuales han sido denunciados a la oficina Europea Antifraude porque el material de protección no cumplía los requisitos de la Unión Europea
El Partido Popular, con la ayuda de la derecha mediática, aviva el fuego de la sospecha contra varios miembros del Gobierno y el PSOE con la excusa de la investigación judicial que ha revelado el supuesto cobro de mordidas en 2020, en plena pandemia, por parte de un exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes. Y con el apoyo de un ejército de trolls, particularmente activos estos días en redes sociales, trata de impedir, al mismo tiempo, que el foco de la opinión pública se extienda a otras administraciones.
La urgencia de las contrataciones relajó los controles y eso pudo dar lugar a situaciones indebidas en diferentes lugares. Hasta el propio Feijóo declaró en 2022, para disculpar a Ayuso, que “los servicios de salud de toda España han hecho contratos de urgencia por necesidad”.
Pero el PP solo se habla del PSOE y se entrega a las hipérboles para retratar, sin ninguna prueba que lo respalde, una inmensa trama de corrupción de la que el presidente Pedro Sánchez sería la cúspide.
“El ‘caso Sánchez”
El portavoz de Feijóo en el partido se llevó este martes la palma. En una comparecencia en el Congreso, Miguel Tellado habló de “caso de corrupción histórico” que afecta “directamente a la cúspide del Partido Socialista y a las más altas esferas del Gobierno de España”. “No es el caso Koldo, no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez”, subrayó en tono solemne.
Tellado, también sin ofrecer prueba alguna, no solo se mostró seguro de que Ábalos tuvo algo que ver en las mordidas, sino de que Sánchez lo sabía. “Si Sánchez era conocedor de un delito, eso le convierte en un encubridor de un delito”. Pero si no es así, insistió, daría igual: habría incurrido “en un supuesto caso clarísimo de negligencia que en ningún caso le exime de responsabilidad y eso le convierte en el último responsable y el principal responsable político del saqueo”.
Expulsado Ábalos del grupo socialista, expedientado y suspendido de militancia por el PSOE, el PP intenta mantener vivo el asunto. “El caso Sánchez no termina aquí, solo empieza aquí” y se extiende, según sus propias palabras, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, al exministro Salvador Illa y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Para tratar de implicar a Sánchez, Tellado especuló durante su comparecencia con la razón por la que el presidente prescindió de él en el Gobierno y en el partido en julio de 2021, insinuando que fue por este caso. Y le exigió explicaciones públicas y detalladas, lo mismo que este miércoles le planteará Feijóo en la sesión de control del Congreso.
“La banda del Peugeot”
“España está en manos de la banda del Peugeot”, resumió en su tono punzante habitual aludiendo al grupo de colaboradores de Sánchez, del que formaba parte Ábalos, que en 2017 recorrió España en la campaña de las primarias de quien hoy es el presidente del Gobierno. “La banda del Peugeot que se echó a las carreteras de España para asaltar el poder del Partido Socialista se ve que al final ha debido asaltar más cosas”.
El objetivo del PP es dibujar un clima político “insostenible” que dé al traste con la legislatura instalando el relato de que “la corrupción estalla en el seno del Gobierno” mientras “los agricultores están en pie de guerra y se echan a las calles ante la pasividad de Sánchez” y “Junts continúa presionando para sacar adelante una ley de amnistía”.
En ese marco, la única luz que el PP se propone arrojar es “sobre la corrupción del PSOE” poniendo en marcha una comisión de investigación en el Senado, la Cámara que controla por mayoría absoluta, lo que le garantiza dirigir sus conclusiones. A ella pretende citar a todos los políticos a los que acusa, desde Ábalos hasta Sánchez. Pero a ninguno de su partido, en particular a Ayuso y Feijóo.
Con este objetivo, Génova busca argumentos para sostener la idea de que solo los actos de administraciones socialistas merecen ser investigados. El PSOE, alegó Tellado, trata de desviar la atención del caso Koldo. “Si alguien pretende hacer una causa general, creo que se equivoca”. “Que no cuenten con nosotros para tratar de esparcir dudas sobre todas las administraciones públicas”. “No nos constan irregularidades en otras administraciones”. Solo el Senado, donde el PP teme el control, tiene “la independencia necesaria” para investigar, defendió Tellado. A diferencia del Congreso, donde “una de las personas que puede estar salpicada es la presidenta”.
Competencia entre cámaras
El PSOE concretará este miércoles los términos exactos de su propuesta de comisión de investigación y, según fuentes del grupo parlamentario, confía en contar con el respaldo de los socios de su investidura. Sumar, el BNG y Podemos ya lo confirmaron este martes. En contra votará el PP, como anticipó Tellado. Falta por saber qué hará Vox, cuya portavoz, Pepa Millán, se mostró ambigua al respecto.
El viacrucis judicial por la corrupción del que el PP se olvida para abonarse al ‘caso Koldo’
Si sale adelante, Congreso y Senado competirán durante meses por investigar los contratos de urgencia durante la pandemia desde ópticas muy distintas. La Cámara Baja examinará los hechos en relación con todas las administraciones, sin distinción de color político, y sin que un partido controle a priori las conclusiones de la investigación. El Senado, en cambio, se ocupará solo del caso Koldo y sus posibles ramificaciones, bajo el control estricto del PP, que controla la mayoría de esta Cámara.
El PP tendrá difícil conseguir que el foco se circunscriba al PSOE. La mera irrupción del caso Koldo en la agenda pública ha devuelto a la actualidad el caso del hermano de Ayuso, que se enriqueció durante la pandemia vendiendo mascarillas al gobierno presidido por ella. La propia Ayuso no tuvo más remedio que volver a dar explicaciones durante una entrevista en la Cope en la que aprovechó para acusar a Pablo Casado, el antecesor de Feijóo al frente del PP, de haberla sometido a una “extorsión” con este asunto para conseguir que dimitiera.
De momento, el PP en la Asamblea de Madrid ya ha anunciado que rechazará crear la comisión de investigación solicitada por Más Madrid para investigar la compra de material sanitario durante la pandemia. Pero sí ha propuesto investigar al anterior gobierno canario (PSOE) en el Parlamento de esta comunidad.
Nada sobre los contratos de Isabel Díaz Ayuso, pese a las comisiones que cobró su hermano por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia. Nada sobre los que llevó a cabo Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta, algunos de los cuales han sido denunciados a la oficina Europea Antifraude porque el material de protección no cumplía los requisitos de la Unión Europea