PP y Vox agitan el avispero lingüístico en plena negociación presupuestaria de Cs con el Gobierno

PP y Vox agitaron este jueves el avispero del enfrentamiento lingüístico en España anunciando a bombo y platillo su decisión de recurrir al Constitucional si el Congreso de los Diputados acaba aprobando la supuesta supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza que, según los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal, establece el articulado de la nueva Ley de Educación que se tramita en la Cámara Baja. Ciudadanos también se manifestó vehementemente en contra de la reforma, así como a favor de acudir al Constitucional —algo que no puede hacer por sí solo—, pero a diferencia de los otros dos partidos de la foto de Colón evitó relacionar la reforma educativa con la negociación de los Presupuestos para 2021, en la que los de Inés Arrimadas están participando activamente y de los que aspiran a ser una pieza clave en la votación final.

Conservadores y ultras, en cambio, sí aseguraron que la reforma educativa es una condición de los nacionalistas e independentistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos que Cs planea respaldar aunque la modificación de la ley se consume en los términos pactados hasta ahora. Y agitaron a través de los medios y las redes sociales la idea de que la ley suprimirá el castellano como lengua vehicular en España allí donde existen otras lenguas cooficiales (Galicia, Euskadi, Cataluña, Illes Balears y Comunitat Valenciana).

Lo cierto es que la enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC que salió adelante este jueves en el Congreso por 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención lo único que hace es suprimir de la ley la condición de lengua vehicular tanto para el castellano como para los otros idiomas cooficiales.

El texto quedó finalmente así, según fuentes consultadas por Europa Press: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.

La actual ley de Educación (la llamada ley Wert) recoge que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”.

La réplica a las graves acusaciones de la derecha la dio, por parte del Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. Según ella, los "alumnos pueden estar tranquilos" porque seguirán "siendo educados de acuerdo a la Constitución”.

En una entrevista en Onda Cero explicó que lo que la reforma dice “es que las administraciones educativas garantizan el derecho a recibir enseñanzas en castellano y las demás lenguas cooficiales en sus territorios de conformidad con la Constitución, los Estatutos de autonomía y la normativa vigente. Francamente, ¿qué hay de novedoso en esta enmienda?", se preguntó. No hay nada "revolucionario" sino más bien "una garantía para que los alumnos puedan recibir la educación de acuerdo" a la legalidad. "Atengámonos a lo que dicen la Constitución, el Estatuto de autonomía y la normativa aplicable", insistió.

El dictamen será todavía sometido a votación en el Pleno del Congreso para pasar después al Senado y de ahí al Congreso de nuevo, donde se aprobaría finalmente en forma de ley. Pero, al margen de otras consideraciones, la derecha ya ha confirmado que la cuestión lingüística será una de las puntas de lanza de su movilización contra ella.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, insistió en que detrás de la reforma está "el precio de los votos" a los Presupuestos Generales del Estado y confirmó que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional. Según ella, el proyecto de ley “esconde la entrega de libertades y derechos de los españoles”.

Lo que dice la ley

Aunque la ley no pone en ningún caso fin al uso del castellano como lengua vehicular —varias sentencias del Constitucional garantizan que sigue siéndolo, igual que las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios—, el PP proclamó que no va a permitir “que se pierda el castellano como lengua vehicular. Sánchez está jugando con el futuro de nuestros hijos por permanecer en el poder. Es intolerable”, asegura su dirección.

En abierta competición con el PP se manifestó Vox, que también pretende recurrir al Constitucional. Los ultras afirman que se trata de "la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos".

Los de Abascal llevan su oposición más allá y denuncian un intento del Gobierno de convertir la educación en un "medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias". Y recuerda que el atropello que, según ellos, ya se está cometiendo contra el castellano, también tiene lugar en Galicia, comunidad gobernada por el PP.

Más complicada es la posición de Ciudadanos. El partido de Arrimadas volvió a tener que tratar de conciliar un discurso de frontal oposición al Gobierno en un asunto nuclear para esta organización y para sus votantes —la defensa del castellano frente a la supuesta imposición de las lenguas cooficiales— con su necesidad de no poner en peligro la negociación de los presupuestos, en la que los naranjas pretenden confirmar su rol de partido “útil” en comparación con PP y Vox. Su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, aseguró que Cs seguirá exigiendo que se garantice la libertad de los padres a elegir en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos.

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Una posición obligadamente más tibia que la de su diputada en Estrasburgo Maite Pagazaurtundua, que esta semana ya se movilizó para denunciar en Bruselas una supuesta "discriminación" de los alumnos cuya lengua materna es el castellano y emplazó al Ejecutivo comunitario a defender los derechos de los estudiantes de las comunidades bilingües. La representante Cs quiere que esta cuestión se incluya en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de derecho en España, el mismo a través del cual el PP trata de alentar dudas sobre la independencia judicial española y que puede acabar condicionando la llegada de fondos europeos.

Bal, sin embargo, consciente de que PP y Vox están vinculando este debate a los Presupuestos —y por tanto al apoyo de los naranjas a las cuentas— reprochó al PP de no haber resuelto el problema durante los años en los que gobernó con mayoría absoluta.

El debate de la ley coincidió con una movilización, a las puertas del Congreso, de organizaciones defensoras de la educación privada concertada contrarias a la reforma educativa, a la que acusan de atacar “la libertad de las familias para educar a sus hijos”.