Superada la fase de enmiendas a la totalidad, el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta ahora a la prueba definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para que las cuentas públicas reciban luz verde definitiva, el Partido Popular necesita ahora del apoyo de un diputado más. Ya no le bastan los 175 apoyos que cosechó la semana pasada. Ahora precisa mayoría absoluta, situada en la Cámara baja en los 176 parlamentarios.
El Ejecutivo defiende que se trata de unas buenas cuentas públicas, que son las adecuadas para un país "en la senda de la recuperación económica" y que son la base para que haya más crecimiento. Pero también defiende que es uno de los frutos de una legislatura bautizada como la "legislatura del diálogo". Una alusión a los pactos alcanzados con fuerzas políticas de la oposición y que han permitido desechar las enmiendas a la totalidad.
Los acuerdos del Ejecutivo con Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (C´s) condicionan parte de la política de gasto. Es el arma de estos grupos para defender su voto favorable a las cuentas públicas ante sus respectivos electorados.
¿Cuál ha sido, hasta la fecha, el precio de los Presupuestos? A continuación, infoLibre repasa las partidas en las que han influido Ciudadanos, PNV y CC y el cálculo que hacen de su efecto en las cuentas públicas. También, el precio que Pedro Quevedo (Nueva Canarias) pone a la posibilidad de ser el diputado 176, el que le falta a Rajoy para superar con éxito este primer tramo de legislatura. En ocasiones, el compromiso de inversión supera a este ejercicio presupuestario.
Por su parte, el Gobierno es reacio a concretar la cantidad extra exacta que le supone cada uno de los acuerdos cerrados con los partidos. No quiere abrir polémica con quienes le han dado algo de oxígeno en un momento muy delicado en lo que a los escándalos de corrupción se refiere.
Ciudadanos: más de 4.000 millones (32 escaños)
La formación de Rivera cifra en más de 4.000 millones el impacto en los Presupuestos de su acuerdo con el PP, formación con la que firmaron un acuerdo de investidura en el que ya había compromisos de cara a las cuentas públicas. "Nosotros hemos apoyado estos Presupuestos por convicción, porque hemos llegado a un acuerdo donde usted [a Montoro] ponía en valor la estabilidad, y es correcto, pero nosotros también apoyamos las reformas, y estas reformas pasan por un cambio en las políticas que se materializa en 4.087 millones de euros en políticas inspiradas por Ciudadanos, materializadas en el acuerdo de investidura, para recuperar la clase media y trabajadora con políticas sociales y también para cambiar el modelo económico de España que apuesta por la economía del futuro", sostuvo el diputado Francisco de la Torre en el pleno del Congreso.
Ciudadanos divide la citada cantidad en dos bloques: 1.915 millones "para la clase media trabajadora" y unos 2.100 millones para "modernizar España". Dentro del primer bloque de 1.915 millones se incluyen 480 millones para la tarifa plana de los autónomos, el aumento de permisos de paternidad pactado en diciembre, los 500 millones para complemento para jóvenes menores de 30 años, una partida para reorientar a parados de larga duración, 340 millones de euros para hijos a cargo de familias pobres y 100 millones más para Dependencia respecto al ejercicio anterior.
De los 2.100 millones para "modernizar" España se recogen 1.200 millones para formación y empleo, 100 millones para reforzar el plan de lucha contra el fraude fiscal y la reducción al 10% del IVA para espectáculos en directo.
PNV: 4.000 millones más el impulso a la 'Y' vasca (cinco escaños)
El pasado miércoles, al filo de las 14.00 horas, Rajoy y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, firmaron en el Congreso el pacto por el que el Grupo Vasco apoyaría los Presupuestos a cambio de una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que sitúa la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.
Junto a la rebaja, el Gobierno ha accedido a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios. El impacto que el acuerdo en conjunto, sin contar las inversiones ferroviarias, podría tener en las cuentas de 2017 es cercano a los 4.000 millones.
La dirección nacional del PP y el Gobierno han visto cómo el acuerdo con Euskadi ha escocido en algunas comunidades autónomas. No se han salvado ni de las críticas de sus barones territoriales. La respuesta del Ejecutivo es que no hay trato de favor "en absoluto". El PP, por su parte, difundió este lunes un argumentario entre sus cargos en el que, entre otros aspectos de los Presupuestos, destaca que "el Gobierno de España y el Gobierno vasco han alcanzado un acuerdo sobre varias cuestiones que estaban pendientes de resolverse, algunas de ellas desde hace 10 años, relacionadas con la financiación autonómica".
"La lucha contra la crisis económica por parte del Gobierno había relegado cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común, también en el caso del País Vasco", puede leerse en el comunicado.
El PP considera que el acuerdo entre el Estado y Euskadi "tiene una gran relevancia política y económica" porque "regulariza" las relaciones financieras entre las dos administraciones, "cerrando un periodo de incertidumbre de 10 años" y "permite clarificar el escenario para los próximos cinco".
Coalición Canaria: 1.130 millones en tres años (1 escaño)
La cifra la dio la propia diputada Ana Oramas el pasado jueves en el pleno al explicar los motivos por los que CC iba a oponerse, con su voto, a las siete enmiendas a la totalidad planteadas. "Con estos Presupuestos, Canarias recibirá en julio 220 millones para financiar la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; en 2018 recibirá 360 millones y en 2019 los 550 que le corresponden", avanzó la parlamentaria.
En total, CC ha arrancado al Ejecutivo el compromiso de invertir 1.130 millones en los próximos tres años. "Este acuerdo permite al Gobierno de Canarias sentarse en la mesa de negociación de la nueva financiación autonómica en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Con este acuerdo no se está beneficiando a Canarias, se está reparando una injusticia, se está cumpliendo el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se está compensando la condición de ultraperificidad del archipiélago y se está cumpliendo la Ley de empleo de este país y las directrices de Europa a los Estados miembros sobre políticas con las regiones ultraperiféricas", justificó Oramas desde la tribuna.
El Gobierno no ha ocultado que, en las negociaciones para estos Presupuestos, ha buscado ir más allá de un solo ejercicio. Es su forma de garantizarse una legislatura larga.
Más allá de las cifras, la aprobación del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) y la tramitación del nuevo estatuto de autonomía también han sido elementos fundamentales de este acuerdo.
La demanda de Nueva Canarias: 450 millones (1 escaño)
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, es el apoyo que el Gobierno precisa para que el proyecto logre mayoría absoluta. Gran parte de los esfuerzos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, van a ir en la dirección de estudiar las demandas de este parlamentario que en las generales concurrió junto al PSOE. A Quevedo no le basta la "agenda canaria"que CC se atribuye en estas cuentas. Así, el viernes pasado registró 49 enmiendas parciales al proyecto del Gobierno que suman más de 450 millones de euros para 2017.
Entre las propuestas de Quevedo en sus enmiendas, se reclama el aumento en 100 millones de euros de las partidas destinadas a la atención a la dependencia. También demanda 20 millones adicionales para la lucha contra la violencia machista, 42 millones para políticas de empleo o 9 millones más para la lucha contra la pobreza.
El diputado reclama, además, 30 millones adicionales para infraestructuras educativas en el archipiélago y elevar de 5 a 25 millones la dotación del convenio entre Canarias y el Ejecutivo con el fin de rehabilitar infraestructuras y equipamientos turísticos.
El primer acto de partido de Mariano Rajoy después de que los PGE pasaran el primer trámite parlamentario tuvo lugar este fin de semana en Canarias, lo que despertó todo tipo de rumores sobre la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo hubiese concertado una reunión en el terreno con Nueva Canarias.
Los conservadores se muestran optimistas sobre la posibilidad de atraer a Quevedo. De hecho, algunas fuentes aseguran que las negociaciones están avanzadas desde que el diputado anunció que iba a presentar una enmienda a la totalidad, pero que a partir de ahí estaba dispuesto a dialogar para llegar a acuerdos.
Pero el PP también ha negociado con dos de sus socios más fieles en el Congreso: Foro Asturias (un escaño) y Unión del Pueblo Navarro (UPN, dos escaños). La semana pasada se conoció que el PP había pactado cuatro enmiendas con Foro Asturias por unos 20 millones de euros para reactivar las comarcas mineras y potenciar la competitividad de la región.
El pacto con UPN va por la vía de las infraestructuras. El Gobierno central se ha comprometido con UPN a reimpulsar tres grandes obras. "En primer lugar, acercar más Navarra a Madrid a través de la licitación de dos tramos de la A-15; en segundo lugar, el desarrollo definitivo de la segunda fase del canal de Navarra para que el agua llegue a 21.500 hectáreas de regadío en la ribera de Navarra; y en tercer lugar —indispensable y fundamental—, la licitación de dos tramos del tren de alta velocidad en la Comunidad Foral de Navarra", explicó el diputado Íñigo Alli la semana pasada en el Congreso.
El proceso
El Gobierno se plantea vetar las enmiendas a los Presupuestos que en su opinión pongan en peligro los compromisos con la UE
La tramitación del proyecto de Presupuestos continuó el viernes pasado con la presentación de enmiendas al articulado. El plazo se cerró a las 14.00 horas del pasado 5 de mayo. Después llegará el debate en ponencia y en Comisión.
Antes del 26 de mayo, la Comisión elaborará un dictamen que debe ser debatido y votado en Pleno, junto con los votos particulares y las enmiendas que los grupos parlamentarios mantengan vivas. En este debate, que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio, cada ministro expone las partidas que le corresponden y los grupos defienden sus enmiendas a las distintas secciones.
El texto que apruebe el Congreso continuará su tramitación en el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta. Si la Cámara alta no lo modifica, los Presupuestos quedan aprobados, y en caso de que introduzca enmiendas o vete el proyecto, éste volverá al Pleno del Congreso para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levante el veto.
Superada la fase de enmiendas a la totalidad, el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta ahora a la prueba definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para que las cuentas públicas reciban luz verde definitiva, el Partido Popular necesita ahora del apoyo de un diputado más. Ya no le bastan los 175 apoyos que cosechó la semana pasada. Ahora precisa mayoría absoluta, situada en la Cámara baja en los 176 parlamentarios.