Luisa Carcedo (San Martín del Rey Aurelio, Asturias, 1953) habla con pasión y con firmeza cuando defiende el Ingreso Mínimo Vital. Su discurso en defensa de los niños que sufren pobreza en España y en contra de quienes desprecian la necesidad de políticas públicas que combatan la desigualdad acabó en bronca este miércoles en el Congreso.
Pregunta: Viendo la reacción de la derecha en el pleno que debatió el ingreso mínimo vital (IMV), parece que el PP no lleva bien que le pongan frente al espejo.
Respuesta: Yo no tenía esa pretensión, pero vista la reacción que tuvieron, pues sí. En un debate de esta naturaleza, las dudas que flotan en el ambiente cuando se debaten estos asuntos y que unas veces se expresan explícitamente y otras están implícitas es lo que reiteradamente aparece. De cara no solamente a los parlamentarios que teníamos que apretar un botón sino a la ciudadania que nos está viendo había que dejar claro lo que significa el IMV y despejar bulos y apriorismos ideológicos que es necesario desmontar. Mi intención era esa. Si alguien se sitió aludido, puedo allá con su problema.
P: ¿Tiene remedio la bronca en el Congreso? Porque estamos empezando la legislatura y a veces parece que llevemos años.
R: Lo que pasa es que quizá con algunos partidos, la derecha, y más intensamente el PP —Vox siempre mantuvo esa posición—, da la sensación de que vieron una ventana de oportunidad para sacar un cierto ventajismo con esta crisis causada por un virus. A mí me parece lamentable, porque es un tema muy duro para el país, para las personas que perdieron la vida y para sus familias, para los que enfermaron y pasaron una enfermedad que es muy dura. Me parece poco legítimo, pero me parece menos legítimo aún cuando tienen responsabilidades de gestión en primera línea. Que aquí no solamente fue responsabilidad del Gobierno de España, aunque haya tenido la responsabilidad de coordinar y liderar políticas, porque a pie de obra estaban las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos y ahí tienen muchísima responsabilidad. Me parece incomprensible que estemos continuamente con un discurso en torno a la gestión de la crisis cuando todos tenemos responsabilidad y fue un azote en toda la sociedad española. De aquí no va a salir nadie ventajosamente.
P: ¿Cómo se conecta la ayuda de supervivencia con el ascensor social? ¿Cómo se pasa del IMV al empleo? Esa conexión está provocando algunas dudas sobre la prestación.
“Hay ayudas y beneficios fiscales sobre las que no tenemos dudas ni sospechas. ¿Por qué sí sobre el ingreso minimo vital?”
R: Yo creo que ese es otro mantra más. ‘La gente que va a recibir el IMV se va a adocenar, no va a trabajar’. El interés por el trabajo, por el empleo, por tener una vida digna no es patrimonio de los que tienen un nivel de renta determinado. Yo tengo un origen humilde, mi padre fue minero, y me crié en un ambiente social en el que todo el mundo trabajaba para tener un empleo, para que sus hijos prosperaran, y eso no es patrimonio de un determinado nivel de renta. Es patrimonio de todo el mundo. No sé por qué esos prejuicios sobre determinada población que tiene menos recursos; a lo mejor están más acostumbrados a pelearlo. Fuera de ese apriorismo, el IMV tiene mecanismos de estímulo para que quien lo recibe no deje el empleo. Son mecanismos para complementar rentas y asegurar esa igualdad de oportunidades.
Además, en la educación también tenemos que tener en cuenta las desventajas que tienen los niños que están en hogares con pobreza y que yo mencioné en mi intervención. Y que el fracaso escolar no está en las rentas altas, esta básicamente en las rentas bajas, y eso genera la rueda de desventajas para esos niños. Tenemos que aproximarnos a este asunto sin esos prejuicios que yo intenté desmontar en mi intervención el otro día. Hay otros ayudas y beneficios fiscales sobre las que no tenemos dudas ni sospechas. ¿Por qué aquí sí? Es lo que intentaba poner de manifiesto. Y evidentemente la relación laboral es un objetivo fundamental desde que se pensó el diseño del IMV.
P: La desigualdad y la exclusión social son el gran problema de nuestras democracias y no sólo en un sentido económico.
R: Las consecuencias de desigualdad económica se manifiestan en muchos ámbitos. En el ámbito escolar por el fracaso escolar, pero no solamente porque son pobres, si no porque las condiciones de aprendizaje y las oportunidades son muy diferentes. Todo eso de lo que carecen las familias sin ingresos hay que intentar proporcionárselo para que los niños no tengan desventaja y funcione el ascensor social. De todo eso es de lo que se trata, de combatir esa exclusión social y que no conlleve desigualdades que se generan por razón de origen y de estar en la escala más baja de las renta.
P: El sistema de atención a la dependencia nunca a llegado a funcionar como debería y miles de personas mueren cada año sin ver reconocida la prestación. ¿Cuánto tiempo deberemos esperar hasta que el ingreso mínimo vital funcione a pleno rendimiento?
R: De entrada ya va a haber 100.000 hogares que lo van a recibir sin necesidad de solicitarlo. Y la Seguridad Social tiene mucha experiencia en la gestión de este tipo de prestaciones. Hay que felicitarse de que tengamos una administración pública, en ese caso de la Seguridad Social, que ha sido capaz de diseñar en tres meses esta prestación y engarzarla en el sistema de prestaciones no contributivas. Tenemos que estar orgullosos de nuestra administración pública.
La preocupación ahora es el porcentaje de población que, teniendo derecho, no hace ni siquiera la solicitud. Lo que tenemos que hacer es intentar reducirlo al mínimo y eliminarlo. Las personas en mayor riesgo de exclusión son las que no lo solicitan porque nadie les informa o no se enteran. Por eso el ministro [de Seguridad Social José Luis] Escrivá habla de los convenios con los ayuntamientos, porque los servicios sociales municipales conocen muy bien la población de su municipio en mayor riesgo de exclusión.
P: ¿La redistribución pasa también por un impuesto a las grandes fortunas?
R: Eso hay que tratarlo en su globalidad. Hay países que lo pusieron en marcha. En este momento se están tramitando nuevos impuestos. Hay que valorar nuestro sistema fiscal y hacerlo más redistributivo a partir de la realidad que tenemos, pero hay que abordarlo con más sosiego y no en este momento de tanta emergencia.
No obstante, yo lo que quiero decir es que hay que analizar en sus conjunto a quién benefician tanto las prestaciones como los beneficios fiscales y qué medidas son redistribuidas o no. Se dice que nuestro Estado del bienestar es poco redistributivo o poco eficaz en la reducción primaria de la pobreza fruto de la distribución inicial de salarios y de patrimonio, pero nuestro sistema de bienestar de los servicios públicos sí tiene mucha capacidad de redistribución. Lo que ocurre es lo que se llama ‘el Estado de bienestar oculto’, que tiene que ver con beneficios fiscales y con transferencias. Y eso es lo que hay que analizar con más sosiego. La Aidef está haciendo evaluaciones. Hay que analizarlo con más calma y ver en qué medida nuestro sistema fiscal adquiere una mayor potencia redistributiva para poner en marcha más políticas de justicia social.
P: ¿Son compatibles las puertas giratorias con una política seria frente a la pobreza? ¿Es coherente?
R: Yo no estoy en condiciones de responder, porque desconozco esa información que salió la semana pasada y que algunos grupos sacaron en la sesión de control. Sería osado por mi parte hacer valoraciones. Hay situaciones en las que hay que tener en cuenta los méritos y las circunstancias de lo que pueda aportar cada persona, más allá de lo que haya sido. Yo no me atrevo a decir nada porque desconozco nada más que lo que apareció en la prensa.
P: ¿Hay ‘esclavismo’ en una parte de la agricultura española?
“Es verdad que con las imágenes y algunas condiciones que conocemos del trabajo en el campo por los medios de comunicación se te encoge el corazón”
R: Lo sabremos en la medida en que actúe la inspección de trabajo. Se sabrá y se podrá objetivar. Lo demás son informaciones que yo no dudo de su veracidad, y es verdad que con las imágenes y algunas condiciones que conocemos por los medios de comunicación se te encoge el corazón. En la medida en que eso esté objetivado habrá que actuar, evidentemente. El programa de calidad en el empleo que se puso en marcha hace un año y pico afloró muchísimos ingresos en la Seguridad Social de situaciones que existían y de contrataciones ilegales. Son muchos los beneficios, no solamente por las condiciones laborales de las personas en las que están siendo contratadas de forma poco justa y desde luego ilegal, sino por evitar la competencia ilícita que hacen sobre las empresas que sí cumplen con todos los requisitos y todas las obligaciones.
P: ¿Tiene sentido un modelo económico que solo es sostenible con mano de obra esclava?
R: Lo que no es sostensible son beneficios que supongan concentración cada vez mayor de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento de los trabajadores. Eso no puede ser. Esta dinámica de ir reduciendo progresivamente el valor del trabajo en la riqueza nacional a favor de los beneficios empresariales y de la concentración de la riqueza no es sostenible ni desde el punto de vista de la justicia social ni desde el punto de vista del crecimiento o de la cohesión social y territorial. Tenemos que pensar en un mundo que tiene que organizarse de forma justa. Y eso no tiene por qué restar competitividad, al revés. Una sociedad más justa, más cohesionada, es también una sociedad más segura en todos los ámbitos. Y ese es un activo de país importantísimo. Y la seguridad se cultiva por varias fuentes, entre otras porque haya menos desigualdad y menos pobreza. El que no tiene que comer está al límite de la legalidad en muchos casos. Somos un país atractivo entre otras cosas porque somos un país seguro. Eso lo tenemos que mimar y tener en cuenta a la hora de planificar nuestro modelo de convivencia y nuestro modelo productivo. Todo influye. Políticas de este tipo, orientadas a una sociedad más cohesionada, tienen muchísimas ventajas.
P: Se libró por la campana de la crisis de la covid-19 [era ministra de Sanidad hasta pocas semanas antes de que estallara la crisis]. ¿Piensa alguna vez en ello?
R: [Ríe] Lo pienso, porque la verdad es que fue un golpe tremendo a la sanidad y en general a la economía. Evidentemente es una responsabilidad enorme. No me tocó, pero si me hubiera tocado allí estaría, no le quepa ninguna duda. Me pongo en el lugar de Salvador Illa y las tiene que estar pasando canutas.
El problema de la pandemia
P: ¿Qué salió mal? ¿Hay que cambiar el sistema de vigilancia epidemiológica?
R: Hay que cambiar muchos enfoques. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué. La curiosidad científica nos tiene que llevar a investigar todo. Y la primera pregunta es por qué hay tantos saltos de virus de la vida salvaje a la especie humana. La OMS lleva advirtiendo mucho tiempo del riesgo de grandes pandemias y lo relaciona con las consecuencias del cambio climático y la ruptura de los equilibrios ecológicos, la pérdida de biodiversidad. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer: cómo tenemos que velar por nuestro medio ambiente y luchar contra el cambio climático para evitar estos desequilibrios y estos desajustes.
“Descuidamos la parte de la salud comunitaria dentro de la salud pública para centrarnos más en la parte mas asistencial y curativa”
Y la segunda reflexión que yo creo que tenemos que hacernos es que nos pilló un poco desprevenidos en una doble dirección. Porque desconocíamos, la virulencia del virus, su fisiopatología, qué daños produce en el organismo humano, y también porque como países con sistema sanitarios desarrollados estábamos un poco confiados. La intensidad de la pandemia nos pasó un poco por encima también por la debilidad de nuestros sistemas de salud pública. Una epidemia es un problema de salud comunitaria y la respuesta más eficaz para controlar la expansión de un virus es de salud comunitaria. En España nos pilló durante unos años con restricciones y recortes en la sanidad pública. Y una reducción del gasto en salud pública del 1,7 al 1% entre 2011 y 2017. Es la salud publica la que tenemos que reforzar. Los sistemas sanitarios tienen tendencia a invertir muchísimo en curar enfermedades, pero olvidamos otra medidas. Podría poner miles de ejemplos, como, acabar con el tabaquismo. Descuidamos la parte de la salud comunitaria dentro de la salud pública para centrarnos más en la parte mas asistencial y curativa. Hay que cambiar el foco para ser también más eficientes.
P: ¿Y las residencias de mayores? ¿Hay que cambiar el modelo?
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R: En las residencias no podemos perder de vista que son hogares, deben ser lo más parecido a hogares. No son un hospital mini, son una vivienda. El problema fue cuando entró el virus en sitios en los que había mucha gente que compartía espacios comunes. Eso habrá que analizarlo, pero el concepto lo tenemos que tener claro: el modelo de residencias debe orientarse a que sean lo más parecidas a los hogares que sea posible. Y a las ayudas a domicilio y la teleasistencia avanzada. Pero cuando no hay más remedio que ir a un modelo residencial deben ser lo más parecido a los hogares y no una institución fría e impersonal. Todo esto es lo que tenemos que reflexionar.
P: El problema no fue que sólo que compartieran espacios sino que todo indica que no se les prestó la atención hospitalaria que necesitaban.
R: Habrá que analizar qué es lo que pasó. Yo lo único que puedo decir es que el Ministerio de Sanidad hizo una guía de comportamiento ético y ahí se ponía con claridad la no discriminación por razones de edad ni por razones de discapacidad ni de demencia. Eso es lo que se hizo desde Sanidad. Ahora bien, cómo eso se llevó a la práctica y se gestionó en cada sitio habrá que analizarlo. Son temas muy serios y muy duros.