El pleno del Tribunal de Cuentas acordó en octubre de 2014 a iniciativa propia la fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a ese año, así como del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por la ley que dio origen al conocido como "superregulador". En una de sus conclusiones, el órgano fiscalizador desvela que, al menos durante un año, el presidente de la CNMC, Jose María Marín Quemada, fue el encargado de autorizar y controlar sus propios gastos.
La CNMC se define en su propia página web como un organismo "que garantiza la libre competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores". Es público, con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario. Entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013 cuando se decide unificar todos los organismos reguladores y de defensa de la competencia. A partir de ese momento, agrupó las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).
Es en el punto 6.16 de las conclusiones del informe de fiscalización donde el Tribunal de Cuentas señala que "la CNMC disponía desde abril de 2014 de instrucciones y procedimientos escritos para la liquidación de dietas, gastos de viaje y comisiones de servicio de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio". Añade que "el procedimiento no determinaba el órgano o la persona que realiza la liquidación de las dietas del presidente siendo él mismo quien autorizaba, declaraba y certificaba sus gastos de dietas y locomoción".
Esto ocurrió así hasta octubre de 2015. Según puede leerse en el citado informe, "por resolución del presidente de 26 de octubre de 2015 corresponde al secretario general cumplimentar el conforme de las comisiones de servicio del presidente que preceptúa el artículo cinco del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija".
Según contempla ese artículo, "los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija, deberán seguir la tramitación establecida en cada caso, y de la que quedará constancia documental". Esto implica que "el 'páguese' del órgano de gestión correspondiente, dirigido al cajero, deberá figurar, como mínimo, en las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o derecho del acreedor".
infoLibre intentó este viernes, sin éxito, que desde la CNMC aclarasen los motivos por los que durante un tiempo fue su presidente el encargado de controlar sus propios gastos.
En las alegaciones al informe del tribunal, el "superregulador" reconoce en el apartado 4.3 que "efectivamente desde el 26 de octubre de 2015 corresponde al secretario general cumplimentar el 'páguese' respecto de las comisiones de servicio del presidente en atención a la normativa que cita el órgano de fiscalización".
Contratos de alta dirección
Otra de las conclusiones que extrae el Tribunal de Cuentas del funcionamiento del superregulador es que al finalizar el ejercicio fiscalizado [2014], la CMNC superaba el límite máximo de diez directivos contratos de alta dirección alcanzando un total de 22 puestos de esta naturaleza. Es la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 4 de noviembre de 2013 la que fija el límite.
El órgano fiscalizador añade, no obstante, que "nueve de esos contratos se encontraban autorizados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) con carácter excepcional, otros cuatro pendientes de la consulta con la Abogacía del Estado y tres fueron modificados en 2015 perdiendo su condición de alta dirección".
El documento también critica el retraso, de 8 meses, en la renovación de consejeros en la CNMC. Todos los miembros de los consejos de la CNE, la CNC, la CMT y la CNSP fueron cesados en 2013 y nombrados el presidente, la vicepresidenta y los ocho consejeros de la CNMC. "En septiembre de 2015 debería haberse producido la renovación parcial de los miembros del consejo que, sin embargo, aún se encuentra pendiente", puede leerse en el informe. Estos trámites pasarán a engrosar la lista de tareas pendientes del nuevo Ejecutivo. Una vez propuestos por el Ministerio de Economía, deberán ser ratificados por el Congreso.
Contratos menores
En materia de contratación, el informe apunta a que el cumplimiento de la normativa es "elevado", si bien cita algunas "excepciones". Una de ellas es "el posible fraccionamiento de contratos de seguridad por meses tramitándolos como menores de forma separada" y otras "deficiencias en la tramitación de un contrato de obras". En este sentido, una de las recomendaciones que desde el Tribunal de Cuentas se hace a la CNMC es que "en la contratación de pequeñas obras promueva la concurrencia y la competencia entre licitadores, así como adoptar, en lo posible, las prescripciones recogidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),(TRLCSP) incluso en aquellos supuestos en que no sean obligatorias dada la cuantía o naturaleza del contrato".
Toque de atención al Gobierno
Según informa el Tribunal de Cuentas, la ley de creación de la CNMC determinó que seguiría desempeñando transitoriamente las funciones que debían traspasarse a los departamentos ministeriales hasta que estos dispusieran de los medios necesarios para ejercerlas, sin determinar plazos para su ejecución. "En la práctica esto supuso que la CNMC siguiera ejerciendo, después de más de dos años de su creación hasta la actualidad, la mayoría de las atribuciones de los organismos extinguidos, asumiendo los medios materiales y plantillas de personal de dichos organismos", denuncia el fiscalizador.
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Al respecto, en las recomendaciones se pide al Ejecutivo que "inicie los cambios normativos o dicte las resoluciones necesarias para ofrecer una solución definitiva a la transitoriedad que determinaba la ley de creación de la CNMC, en cuanto a continuar desempeñando las funciones que debían traspasarse a los departamentos ministeriales".
Asimismo, reclama al Gobierno, ahora en funciones, que revise las dotaciones de personal del superregulador para las funciones que se le han encomendado con posterioridad a su creación.
Según el Tribunal de Cuentas, los gastos de personal disminuyeron en relación con la suma de los gastos de los organismos extinguidos a 31 de diciembre de 2013 en 3.267.000 euros, lo que supuso un ahorro del 10,60%.
El pleno del Tribunal de Cuentas acordó en octubre de 2014 a iniciativa propia la fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a ese año, así como del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por la ley que dio origen al conocido como "superregulador". En una de sus conclusiones, el órgano fiscalizador desvela que, al menos durante un año, el presidente de la CNMC, Jose María Marín Quemada, fue el encargado de autorizar y controlar sus propios gastos.