El presidente de Murcia, Fernando López Miras, defendió este lunes que, tal como ha desvelado infoLibre, el Gobierno regional diese vía libre en 2012 al dragado en el Mar Menor de 30.000 toneladas de arena contaminadas por metales pesados sin someter el proyecto a evaluación ambiental previa. Y ello pese a que seis meses antes la Demarcación de Costas había comunicado al Ejecutivo regional que los niveles de cadmio, plomo y zinc detectados en los análisis de las arenas del puerto deportivo vinculado al proyecto estaban "muy por encima de valores límites aceptables" e informase de que denegaba su volcado en la playa adyacente. En breves declaraciones a la emisora pública ORM y al tiempo que recordaba que el origen del proyecto se remonta a 2010, el también líder del PP murciano aseguró que "todo el proceso es legal".
La oposición, en cambio, cree que la ley obligaba a una declaración de impacto ambiental. Las dudas sobre la tramitación del proyecto –sostienen el PSOE y Más Región, ahora sin representación parlamentaria– se incrementan por un hecho adicional: que el actual consejero de Fomento y uno de sus antecesores habían participado como ingenieros durante su etapa de actividad privada en la redacción de los proyectos de acondicionamiento de aquel puerto deportivo, el cartagenero de Los Nietos.
Primer folio del oficio de Costas que en enero de 2012 deniega el volcado en la playa de arenas del dragado del puerto de Los Nietos por la presencia de cadmio, zinc y plomo. En el segundo folio, anunciaba que enviaba el oficio al Gobierno regional.
El proyecto "se hizo cumpliendo estrictamente la legalidad", añadió López Miras. Y remató así su mensaje: "Cualquier otra información detallada que necesiten de este procedimiento de 2010 la consejería estará a su disposición". La oposición ya le ha tomado la palabra: el PSOE ya ha presentado en la Asamblea Regional de Murcia una petición de comparecencia urgente del actual consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga y pedirá su personación en el expediente para examinar cada uno de los documentos almacenados desde 2010, año en que expiraba la concesión al club náutico Los Nietos, que 11 años después la sigue conservando sin que haya fecha cerrada para un nuevo concurso. Los socialistas consideran "muy preocupante" que el nombre del consejero Díez de Revenga y el de uno de sus antecesores, Antonio Sevilla, aparezcan ligados al proyecto que implicaba el dragado.
"Esto –señaló el diputado autonómico socialista Pedro López– refuerza la sensación de que el PP gestiona anteponiendo el interés de sus amigos aunque sea a costa del Mar Menor y del interés general". Los socialistas creen que, "además de incumplir la legaldiad vigente", la decisión del Gobierno regional "pudo provocar daños ambientales en el Mar Menor". En agosto, el PP murciano presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por "inacción" para frenar el deterioro de la laguna salada.
López se hizo una pregunta: la de por qué Díaz de Revenga "no ha hecho nada" para recuperar la concesión del puerto al club náutico, concesión que expiró en 2010. “Era conocedor de que las arenas a dragar del fondo del puerto para recuperar el calado estaban contaminadas por metales pesados, sabía que se autorizaron obras sin declaración de impacto ambiental, como a todas luces parecía obligatorio, y pese a ello no ha hecho nada para recuperar la concesión y volver a sacarla a concurso público”, denuncia el parlamentario socialista. Y lanza una pregunta: "¿A quién ha beneficiado esta inacción?"
Desde las filas de Ciudadanos, la diputada Ana Martínez Vidal –una de los dos parlamentarios que apoyaron la fallida moción de censura frente a los cuatro tránsfugas ahora aupados por el PP a cargos de poder– abundó en las sospechas de ilegalidad: “Cualquier obra de ingeniería en el ámbito de actuación del Mar Menor debería estar sometida a Evaluación de Impacto Ambiental al tratarse de un entorno natural que cuenta con todas las figuras de protección existentes. Y teniendo en cuenta el deplorable estado de contaminación en el que se encuentra nuestro Mar Menor, es importante saber dónde se depositaron las arenas extraídas". Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Martínez Vidal entiende que "la protección medioambiental del Mar Menor ha sido la última de las preocupaciones del PP, y de aquellos polvos vienen estos lodos. La situación actual del Mar Menor es fruto del cortoplacismo y de la dejación durante décadas de la administración regional”.
La diputada de Unidas Podemos María Marín cargó también contra las características del poder que desde hace 25 años ejerce el PP en Murcia. "El Gobierno de la Región de Murcia lleva años maltratando el Mar Menor", afirmó Marín. "No es la primera vez –subrayó– que no cumplen las normas a la hora del cuidado ambiental, y ya son varios los casos que tienen en los tribunales, el más grave el caso Topillo por permitir a las grandes empresas del lobby del agronegocio utilizar el Mar Menor como una cloaca".
"Llevamos meses –agregó Marín– denunciando en la Asamblea Regional los vínculos del consejero de Fomento José Ramón Diez de Revenga, con el sector de los puertos deportivos. Durante años trabajó para una consultora en ingeniería de puertos, de la que seguía siendo accionista cuando llegó a la dirección general de Transportes, Costas y Puertos [en mayo de 2017]". "Durante su mandato como consejero –prosigue la diputada murciana– ha modificado dos veces la ley de puertos para favorecer los intereses de este sector. Ahora encontramos también su firma detrás de este proyecto que ha tenido un grave impacto ambiental en la zona, como denuncian los vecinos de los Nietos. Además de los metales pesados contaminantes las obras del club náutico han modificado las corrientes y favorecido que se acumulen toneladas de fangos
Informaciones como la publicada este lunes por infoLibre "evidencian, una vez más, cómo la puerta giratoria entre intereses privados y públicos ha funcionado y funciona durante décadas en esta región". En esos términos se pronunció eesde las filas de Más Región Óscar Urralburu, su coordinador regional y portavoz nacional de la formación que encabeza Íñigo Errejón. Urralburu centró su ataque en el solapamiento que, según sus palabras, existe entre los interes privados y públicos en Murcia. En este caso –añadió–, la información evidencia que el actual consejero de Fomento, que ya ha sido denunciado e investigado con antelación por sus estrechos vínculos con empresas de gestión y transformación de puertos deportivos, ha trabajado directamente en proyectos que no sólo no respetaban los preceptivos informes de impacto ambiental, sino que le ha dado igual contaminar las playas de metales pesados derivados desde la Sierra Minera, a cambio de poder ejecutar sus intereses". En su opinión, "la salud pública y el medio ambiente son las víctimas de este abuso permanente y sostenido por parte de la élite dirigente del PP".
Durante el ejercicio privado de su profesión, Díaz de Revenga elaboró para el puerto deportivo de Los Nietos un proyecto que implicaba la renovación de los pantalanes y la recuperación del calado. Según su Consejería, "se desvinculó de este proyecto varios años antes de ser consejero (en 2017)". En mayo de 2017, el ahora titular de Fomento fue nombrado director general de Puertos del Gobierno murciano. El 1 de agosto de 2019 saltó al puesto de consejero.
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Según la versión oficial, el dragado se llevó a cabo en 2016. Y finalmente no se extrajeron los 20.000 metros cúbicos de arena previstos (30.000 toneladas) sino que se redujo a un tercio: 6.800 metros cúbicos. El abogado del puerto, Carlos Bernabé, aseguró a este periódico que el dragado se limitó a esa cifra porque el club náutico gestor del puerto no tenía capacidad económica para más. El letrado es hermano de otro exconsejero de Obras Públicas que también antes de entrar en política había trabajado como consejero legal para el puerto deportivo Los Nietos: el ahora senador del PP por Murcia Francisco Bernabé.
La consejería que dirige José Ramón Díez de Revenga introdujo el viernes en la lista de proyectos el nombre de otro ingeniero –Joaquín Catalá– a quien el Gobierno regional encargó elaborar un proyecto para ese puerto pese a que el club náutico ya tenía uno en marcha. No obstante, y además de distintos documentos oficiales y de otros internos del puerto deportivo, dos anuncios publicados el 24 de febrero de 2012 por la prensa murciana indica que el club náutico continuaba siendo el interlocutor del Ejecutivo regional. En sendos anuncios, la junta directiva del puerto deportivo informaba a los socios de un cambio de fecha en la asamblea prevista. El porqué se resume así: la reunión que el día antes habían mantenido con distintos altos cargos del Gabinete que entonces presidía Ramón Luis Valcárcel. "En esta reunión –decía el texto– se nos ha informado de la necesidad de terminar la obra lo antes posible, con la recuperación del calado del puerto en toda la dársena, y de solucionar con la Dirección General de Costas el problema de las arenas del Puerto".
El porqué de la negativa de Costas a que las arenas de los fondos marinos del puerto deportivo acabasen extendidas en la playa lo explica el químico Ramón Pagán, de la plataforma Pacto por el Mar Menor. "Están muy contaminadas por metales pesados –explica– procedentes de la antigua actividad minera de la sierra de Cartagena–La Unión y que vierten los residuos a través de la rambla de Ponce, que desemboca en el Mar Menor en Lo Poyo, a apenas dos kilómetros y medio de Los Nietos". Esos metales pesados –avanza– "se encuentran en forma de sulfuros que son insolubles en agua: es decir mientras permanezcan enterrados a cierta profundidad a PH neutro y ausencia de oxígeno, permanecen inalterables". Y es aquí cuando entra el acción el factor que crea un enorme riesgo. Porque si esos metales pesados –principalmente zinc, cadmio y plomo– "se extraen y se exponen a un medio oxidativo, aire y humedad, se pueden hidrolizar, transformarse en sulfatos y se harían solubles en agua". La contaminación, concluye Pagán– podría entonces "ser muy peligrosa".
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, defendió este lunes que, tal como ha desvelado infoLibre, el Gobierno regional diese vía libre en 2012 al dragado en el Mar Menor de 30.000 toneladas de arena contaminadas por metales pesados sin someter el proyecto a evaluación ambiental previa. Y ello pese a que seis meses antes la Demarcación de Costas había comunicado al Ejecutivo regional que los niveles de cadmio, plomo y zinc detectados en los análisis de las arenas del puerto deportivo vinculado al proyecto estaban "muy por encima de valores límites aceptables" e informase de que denegaba su volcado en la playa adyacente. En breves declaraciones a la emisora pública ORM y al tiempo que recordaba que el origen del proyecto se remonta a 2010, el también líder del PP murciano aseguró que "todo el proceso es legal".