El letrado del Tribunal de Cuentas Fernando Clemente de Antonio ha denunciado al presidente de ese órgano, Ramón Álvarez de Miranda, y los miembros de la Comisión de Gobierno, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, por responsabilidad contable, según informa Confilegal. Los tres implicados habrían hecho incurrir a la institución en el desembolso de 38.000 euros, en concepto de costas, que han causado un perjuicio a los fondos públicos del Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública en general.
Desde 2015, el Tribunal de Cuentas ha sido condenado por cuatro sentencias, pero se trata de la primera vez que recibe una denuncia por la vía contable. El Tribunal Supremo ha impuesto ya seis condenas por diversas ilegalidades, incluyendo la comisión de actos arbitrarios y la supuesta desviación de poder llevada a cabo en el nombramiento de Enrique Medina Guijarro como subdirector técnico nivel 30, en la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal.
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Fernando Clemente de Antonio culpa directamente a los titulares de la Comisión de Gobierno y de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de ser los responsables directos de los actos que dieron lugar a los recursos de alzada, y de impedir la correcta ejecución de los fallos de las sentencias. Pese a que correspondería a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas nombrar al instructor encargado de investigar los hechos, en este caso lo lógico sería turnar la denuncia a los consejeros de la Sección de Enjuiciamiento, ya que de lo contario los tres implicados al formar parte de dicho órgano, podrían acabar interviniendo en el proceso de toma de decisión.
El letrado del Tribunal de Cuentas Fernando Clemente de Antonio ha denunciado al presidente de ese órgano, Ramón Álvarez de Miranda, y los miembros de la Comisión de Gobierno, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, por responsabilidad contable, según informa Confilegal. Los tres implicados habrían hecho incurrir a la institución en el desembolso de 38.000 euros, en concepto de costas, que han causado un perjuicio a los fondos públicos del Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública en general.