Primeras tensiones en el Gobierno de coalición: Unidas Podemos rechaza los planes de Marlaska sobre inmigración

Los planes en materia de política migratoria que tiene previsto impulsar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han generado las primeras tensiones en el seno del Gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos ha dejado ver su rechazo al considerar que no cumplen con el programa acordado, según explican a Europa Press fuentes del grupo confederal.

Se trata, por un lado, de la ley de asilo que está preparando el Ministerio del Interior y que, según ha avanzado El País, supondrá un endurecimiento de las condiciones para que los migrantes soliciten protección y, por otro, del acatamiento por parte del Ministerio del Interior de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avala las devoluciones sumarias –conocidas como devoluciones en caliente–.

En concreto, Unidas Podemos considera que "apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos" es "lo contrario" de lo que figura en el acuerdo de gobierno de coalición que firmaron con el PSOE.

Además, las fuentes consultadas del grupo confederal creen que estas políticas son también "lo contrario" de lo que desean "la inmensa mayoría" de los votantes, no sólo de Unidas Podemos sino también del PSOE.

Esperan que sea un "malentendido"

Por todo ello, Unidas Podemos espera que el Ministerio del Interior aclare cuanto antes lo que, de momento, califican de "malentendido". No obstante, al mismo tiempo los morados no esconden el malestar que les genera estas líneas de actuación que tiene previsto poner en marcha Marlaska.

El partido morado y sus socios asumieron a su llegada al Ejecutivo con el PSOE que su nueva función como partido de gobierno les acarrearía contradicciones y les obligaría a tragar algunos "sapos", pero el propio vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya avisó de que no van a aceptar cualquier cosa.

La política migratoria, tanto en lo que tiene que ver con la futura ley de asilo como con las devoluciones sumarias –las conocidas como devoluciones en caliente–, es una de esas cuestiones en las que Unidas Podemos no está dispuesto a rebajar sus demandas.

Este fue uno de los asuntos que estuvieron sobre la mesa en la reunión interministerial sobre inmigración que tuvo lugar el pasado viernes en Moncloa, que presidió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que asistieron, entre otros, Iglesias y Grande-Marlaska.

Este encuentro, que estaba fijado desde hace días, tuvo lugar un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hiciera pública su polémica sentencia, en la que avalaba las devoluciones en caliente, al considerar que son legales y no vulneran los derechos humanos.

La sentencia de las devoluciones en caliente

Si bien las voces críticas con la sentencia han sido numerosas desde las filas de Unidas Podemos, no ha ocurrido lo mismo en el PSOE. Por su parte, el Ministerio del Interior trasladó a Europa Press que el Ejecutivo respecta y acata la sentencia, "como no puede ser de otra manera".

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Por el contrario, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró el viernes que no comparte la resolución adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aseguró que España debía "estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales".

A su vez, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, reafirmó este martes el rechazo de su organización a las devoluciones en caliente, y aseguró que en el seno del Gobierno y de la coalición "se va a trabajar" para que España cumpla los Derechos Humanos.

Tanto el PSOE, estando en la oposición, como Podemos han defendido en numerosas ocasiones la prohibición de las devoluciones en caliente, si bien no incluyeron en el acuerdo del Gobierno de coalición esta cuestión de forma explícita, en el punto que habla de aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la conocida coloquialmente como Ley mordaza. El texto sí señala que la nueva ley de asilo deberá adaptarse "a los nuevos retos de la movilidad global" y deberá tener en cuenta "las nuevas realidades sociales".