Las iniciativas parlamentarias encaminadas a poner coto a los principales atropellos cometidos sobre los consumidores por parte de entidades financieras o a limitar los privilegios de sus directivos –especialmente cuando han recibido ayudas públicas– tienen su principal dique de contención en el grupo parlamentario popular. Según datos recabados por infoLibre, de las nueve propuestas presentadas en este sentido por grupos de la oposición que se han llevado a votación en esta legislatura sólo dos han salido adelante. Y con modificaciones parciales. Eso significa que el PP ha tumbado más del 77% de las mociones encaminadas a cambiar la política de retribuciones de los directivos de entidades financieras, condicionar el reparto de dividendos en los bancos a los que se ha inyectado dinero público, limitar las comisiones abusivas o llevar a cabo iniciativas encaminadas a mejorar el acceso a la vivienda.
De hecho, los citados previamente son los grandes bloques de textos presentados en esta línea que han llegado a examinarse. Pero por el registro de la Cámara Baja han pasado una veintena más en sentido similar que todavía están pendientes de su inclusión en el orden del día –tanto del Pleno como de la Comisión de Economía– para su debate. La decisión de incluirlas o no depende de las mesas, donde el PP tiene mayoría en virtud de su predominio en número de diputados. Además, cada grupo tiene un cupo de presentación de iniciativas en función de su representación, lo que provoca que grupos menos mayoritarios como la Izquierda Plural, UPyD o el Mixto (que cuentan con más propuestas en esta línea) tengan atascadas algunas de ellas. Además, hay que tener en cuenta que en ocasiones son los propios grupos los que dan prioridad a otras propuestas por motivos de actualidad. Eso explica que haya iniciativas que llevan esperando a ser examinadas incluso desde enero de 2012.
infoLibre resume a continuación las principales iniciativas encaminadas a limitar privilegios de la banca que han sido rechazadas por los conservadores:
01. restringir las retribuciones de los directivos
La última petición en este sentido se debatió este pasado miércoles 19 de noviembre en la Comisión de Economía del Congreso. El diputado de IU Alberto Garzón registró en agosto de 2012 una iniciativa por la que instaba al Gobierno a ejecutar un cambio en la política de retribuciones de los directivos y consejeros de entidades financieras. Aunque han pasado más de dos años desde su elaboración, el grupo sigue sosteniendo en la actualidad los mismos argumentos y por eso la rescató en la sesión de este miércoles. La Izquierda Plural pedía extender a los bancos que han sido avalados por la Administración –como el Sabadell con la CAM o BBVA con Caixa Terrasa– las limitaciones de las retribuciones que ya se aplican en las entidades nacionalizadas, así como prohibirles el reparto de dividendos.
Pero el PP rechazó la iniciativa con el argumento de que hacerlo restaría atractivo a estas entidades de cara a futuras ventas. "Así que, si queremos recuperar el capital que el Estado ha puesto en las entidades participadas, ¿las hacemos más atractivas impidiendo el reparto de dividendos? ¿Les parece coherente?", ironizó el diputado del PP José López Garrido, quien criticó que "los eslóganes" de La Izquierda Plural no "desmenuzan" los efectos que sus propuestas tendrían en caso de ser aplicadas. Así, el parlamentario conservador señaló que no tendría sentido impedir el reparto de dividendos o limitar las retribuciones de sus directivos porque estas entidades han jugado un papel importante en el saneamiento financiero. Además, López Garrido aseguró que de los más de 100.000 millones de euros que el Estado ha concedido en avales a las entidades financieras desde el inicio de la crisis, ya se ha devuelto más del 69% (unos 71.000 millones de euros).
Tiempo antes, en mayo de 2013, los conservadores ya habían votado en contra de otra iniciativa, en este caso presentada por el diputado del PSOE Jesús Caldera, que pedía que se obligara a los ejecutivos de las entidades financieras intervenidas a devolver las retribuciones extraordinarias cobradas durante los últimos cinco años, así como una regulación más estricta de los bonus –en concreto eliminar los pluses garantizados independientemente de los resultados que consigan– y otros complementos extraordinarios que cobran los directivos de las grandes compañías.
Todos los grupos votaron a favor menos el PP, que acusó al PSOE de "oportunismo político" y de querer "sacar rédito político" con esta propuesta. El parlamentario Ricardo Tarno apuntó que la Ley de reforma del Gobierno corporativo, incluida en el Plan Nacional de Reformas, ya incluía medidas a este respecto. Sin embargo, esa norma no recogió la citada obligación de devolver los pluses ni otros aspectos demandados por la oposición, como incrementar los instrumentos de control de los accionistas minoritarios o limitar las retribuciones variables respecto de las fijas. El PP consideró todas estas modificaciones "excesivamente intervencionistas".
El 12 de junio de 2012 la Cámara Baja sí aprobó una iniciativa de CiU para instar al Gobierno a revisar los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del FROB aunque dichas indemnizaciones ya hubieran sido devengadas. La propuesta inicial de los convergentes pedía la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, pero el PP puso como condición para su aprobación que se incluyera la frase "impedir la materialización" de dichos pagos en lugar de anularlos o declarlos no válidos. Por otro lado, el decreto de reforma financiera aprobado en el verano de 2012 sí fijaba en 500.000 euros anuales el tope de las retribuciones de los directivos de las entidades financieras nacionalizadas.
02. fomento del derecho a la vivienda
El segundo gran bloque es el de las iniciativas encaminadas a garantizar la protección de los deudores hipotecarios o a favorecer el acceso a la vivienda para los sectores más desfavorecidos de la población. Pero en este punto también la oposición se ha encontrado con el rechazo frontal del grupo mayoritario. En marzo de 2012, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sometió a debate y votación en el Pleno de la Cámara baja una moción derivada de una interpelación al ministro de Economía, Luis de Guindos, relativa a la aprobación de la dación en pago obligatoria como fórmula para que los ciudadanos puedan saldar sus deudas hipotecarias en lugar de confiar en las buenas intenciones de los bancos.
Además, la iniciativa incluía la propuesta de que el Gobierno presentara un Proyecto de Reforma de la Legislación Hipotecaria y Mercantil. Asimismo, los ecosocialistas pedían que el proceso de desahucio se haga de forma que estas familias puedan "en la medida de lo posible y en un periodo transitorio" seguir utilizando su vivienda, así como aumentar el límite de los ingresos inembargables y limitar los intereses de demora en caso de impago.
El PP la rechazó al considerar que la dación en pago podría derivar en "un mayor riesgo de recuperación". Y se comprometió a "abordar de forma urgente medidas justas para tratar esta situación" pero huyendo de "planteamientos demagógicos y extremos que podrían llevar a afrontar problemas aún mayores" en el futuro. Finalmente, los conservadores aprobaron una ley que no preveía la dación en pago –como reclamaba también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca–, aunque sí flexibilizó los criterios de pago con quitas de entre el 35% y 20% de la deuda que quede pendiente tras perder la vivienda, así como el plazo para pagarlas.
En septiembre de 2012 el PP también rechazó una iniciativa de La Izquierda Plural –suavizada para contar con los votos a favor del PSOE– que instaba al Gobierno a promover acuerdos entre los bancos que reciben ayudas del FROB y las autonomías con el objetivo de que se destinara “el mayor número posible” de las viviendas adjudicadas a dichas entidades al alquiler social, especialmente para familias que habían perdido su vivienda como consecuencia de un desahucio. Esta misma proposición pedía revisar el tratamiento fiscal de la vivienda para incentivar la oferta en alquiler de las viviendas desocupadas.
A favor de su aprobación, además de IU-ICV-CHA y PSOE, votaron CiU, PNV, UPyD y los miembros del Grupo Mixto NaBai y Amaiur. El diputado del PP Teodoro García Egea acusó a IU de “llegar tarde” en su propuesta de crear un parque de vivienda pública con los pisos vacíos que tienen los bancos. Y aseguró que esta cuestión ya estaba abordada en un decreto sobre saneamiento de los activos inmobiliarios del sector financiero que el Ejecutivo había aprobado tres meses antes de que se votara esta propuesta, en mayo de 2012. Sin embargo, ese texto lo que realmente hacía era instar a los bancos a que dos valoradoras independientes tasaran toda su cartera inmobiliaria y a que aportaran a una sociedad para la gestión de activos los inmuebles procedentes de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria. En ningún caso preveía, por tanto, la creación de un parque público de alquiler.
El diputado García Egea también justificó el voto en contra de su grupo a la petición de revisar el tratamiento fiscal de las viviendas bajo el argumento de que el PP “tiene inscrito en su ADN un profundo respeto por la libre empresa y la iniciativa privada”. “Creemos que la mejor política social (…) es crear empleo a través de una iniciativa privada fuerte, arropada por leyes que respeten y propicien esta libertad”, señaló. Y puso en valor la llamada ley de alquiler aprobada por el Gobierno en el verano de 2012, que, sin embargo, eliminó muchos de los derechos que garantizaban la protección de los inquilinos ante los caseros.
03. facilitar crédito a pymes y familias
Convergència i Unió (CiU) llevó de nuevo este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso la preocupación por el taponamiento del crédito. A través de una proposición no de ley los convergentes pretendían instar al Gobierno a que obligue a las entidades financieras que han recibido fondos públicos a conceder una cierta cantidad de créditos a pymes y familias, en función de las cantidades recibidas y de los depósitos que mantienen. La propuesta inicial fue registrada por los nacionalistas catalanes en septiembre de 2012, pocos meses después de materializarse el rescate financiero europeo. Entonces se reclamaba ya un coeficiente crédito-depósito para "garantizar nuevos flujos crediticios al sistema financiero". Más de dos años después, CiU dice lamentar que la situación del sector bancario no se haya traducido en una mejor financiación para la economía real, lo que a su juicio sería "la mejor vía para minimizar los costes para el contribuyente" del rescate financiero. Por eso recuperó la iniciativa.
Sin embargo, para lograr el apoyo del PP, los convergentes accedieron a matizar un texto que finalmente recoge únicamente la exigencia al Banco de España para que envíe a la Cámara un informe trimestral que desvele el flujo de crédito a familias y a pymes de los préstamos que recibe el sector procedentes del Banco Central Europeo (BCE). El diputado de CiU Josep Sànchez Llibre afirma que esta medida va a servir para conocer qué parte de los recursos para facilitar la liquidez se han concedido a las entidades bancarias y qué parte de ellos se aplican a las familias y pymes.
Pero antes que esta había habido otras iniciativas más incisivas en cuanto a la petición de crédito para hogares y empresas. En marzo de 2012 IU sólo logró contar con el apoyo de Amaiur en su propuesta de acometer una reforma "profunda" del sistema financiero que tuviera como eje central la creación de un polo de banca pública a través de la nacionalización de las cajas de ahorros, de sus bancos participados y de los Sistemas Institucionales de Protección (figura jurídica para las fusiones de cajas). La propuesta –firmada por el diputado de IU Alberto Garzón– también recogía que se vincularan las ayudas públicas al flujo de crédito hacia empresas y familias que consigan las entidades. La diputada conservadora Irene Garrido señaló que su grupo rechazaba la iniciativa alegando que la nacionalización de las cajas provocaría "un vuelco radical del actual modelo de intervención pública en los mercados financieros". Sobre el incentivo del crédito en la economía real dijo que este asunto ya estaba recogido en el decreto de saneamiento del sector financiero aprobado en febrero de 2012.
Precisamente la diputada Garrido utilizó como argumento para rechazar la propuesta de La Izquierda Plural a favor de los estímulos al crédito para empresas y familias la existencia de un decreto que, a la luz de los datos oficiales, no ha dado los resultados esperados. Las estadísticas del Banco de España siguen reflejando cómo las entidades mantienen cerrado el grifo del crédito para sociedades y hogares. Según datos de este organismo, el dinero prestado desde la banca a las empresas bajó un 18% en septiembre con respecto al mismo mes de 2013, hasta los 25.600 millones.
El decreto de saneamiento del sector financiero –al que aludió Garrido– sólo recoge que las entidades que estén sometidas o participando en algún proceso de integración deben incluir un objetivo cuantificado de incremento de crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas durante tres ejercicios económicos. No le pareció suficiente esta norma al grupo de La Izquierda Plural, que en febrero de 2013 presentó una moción en la que pedía al Gobierno que se utilizara a los bancos rescatados para financiar el modelo productivo y permitir el acceso al crédito a sujetos "excluidos".
Para Alberto Garzón –así lo dijo durante la presentación de la moción– el sector de las pymes tiene en España dos problemas fundamentalmente: la falta de crédito y la falta de clientes. Cuestiones ante las que, dijo, el Gobierno "no ha hecho nada" más allá de aprobar una reforma laboral que supone apostar por un modelo basado en la "devaluación salarial interna para ganar competitividad" en lugar del I+D.
04. limitar las comisiones abusivas
Barclays, Santander, Unicaja y La Caixa, los bancos con las comisiones más elevadas
Uno de los aspectos que más irritan a los consumidores cuando se pone encima de la mesa el debate sobre la actividad bancaria son las comisiones que se cobran por las operaciones más comunes. Documentos oficiales ponen negro sobre blanco esta percepción. La última campaña de control de cláusulas abusivas en la contratación bancaria realizada por la Dirección General de Consumo –cuyos datos se presentaron a finales del pasado septiembre– sirvió para detectar la presencia de prácticas abusivas en siete de las ocho entidades bancarias (el 87,5%) con las que los consumidores contratan servicios financieros. Barclays, Santander, Unicaja y La Caixa, son los bancos con las comisiones más elevadas, según un informe de Facua.
Pues bien, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó en enero de 2012 una proposición no de ley en el Congreso con la que pretendía instar al Gobierno a impedir que mientras se mantenga la situación de crisis económica se produzcan aumentos de las comisiones que aplican las entidades financieras. En este sentido, planteaba que se regulara legalmente la disposición de una cuenta bancaria como servicio básico y con ello la exoneración del cobro de comisiones por mantenimiento o administración de cuentas corrientes o de ahorro. Si bancos y cajas persistían en esa práctica, la iniciativa proponía que se les obligara a devolver las cantidades ingresadas.
El diputado del PP Antonio Erias Rey justificó el 'no' del grupo parlamentario popular aduciendo que "como representante de un partido que defiende y cree en la libertad", no veían necesaria "más intervención en este ámbito". Y aunque admitió que "han subido las comisiones", que "hay una discriminación para los diferentes clientes" y que "determinada posición dentro de la entidad financiera hace que, a veces, se tenga un trato especial", también dijo que "resulta evidente que el sistema financiero para desarrollar su actividad requiere cobrar un precio por los servicios que presta".
Las iniciativas parlamentarias encaminadas a poner coto a los principales atropellos cometidos sobre los consumidores por parte de entidades financieras o a limitar los privilegios de sus directivos –especialmente cuando han recibido ayudas públicas– tienen su principal dique de contención en el grupo parlamentario popular. Según datos recabados por infoLibre, de las nueve propuestas presentadas en este sentido por grupos de la oposición que se han llevado a votación en esta legislatura sólo dos han salido adelante. Y con modificaciones parciales. Eso significa que el PP ha tumbado más del 77% de las mociones encaminadas a cambiar la política de retribuciones de los directivos de entidades financieras, condicionar el reparto de dividendos en los bancos a los que se ha inyectado dinero público, limitar las comisiones abusivas o llevar a cabo iniciativas encaminadas a mejorar el acceso a la vivienda.