La última jornada de las declaraciones de los procesados en las tarjetas black ha supuesto un importante golpe para la estrategia de los exconsejeros a propuesta de los partidos políticos y sindicatos, que se enfrentan junto a los directivos a una acusación de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y para los que la Fiscalía Anticorrupción reclama entre uno y seis años de cárcel.
Uno de los imputados clave, en concreto el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, ha asegurado en su testimonio ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que los consejeros sabían que la tarjeta que se les entregaba era para gastos de representación y no eran parte de su sueldo.
"Por su cualificación, los miembros del consejo sabían mejor que yo lo que era una tarjeta de gastos de representación. Creo que algún consejero, la señora Rojo y don Rodolfo Benito, cuando les di la tarjeta y les dije que era para gastos de representación me dijeron que qué se entendía por eso. Se lo expliqué de manera descriptiva: almuerzos, libros..., pero siempre relacionado con la actividad de la empresa y la actividad de consejero", declaró De la Torre, a preguntas del fiscal Alejandro Luzón. Sin embargo, según esta versión del caso, los directivos como el propio De la Torre sí disponían de una tarjeta retributiva, cuyas cantidades se incluían en el certificado de haberes y retenciones que le enviaba Caja Madrid para hacer la declaración de la renta.
"Éramos empleados"
Este testimonio de De la Torre, una de las personas de la máxima confianza del entonces presidente Miguel Blesa hasta su salida de la caja en 2009, rompe la estrategia de la mayor parte de los consejeros que habían sido nombrados por los partidos y los sindicatos y que en sus declaraciones han asegurado que el dinero que gastaron con la Visa era una parte de su sueldo. "La diferencia es que los directivos éramos empleadosdirectivos . Había un control para esos gastos más riguroso, más cercano, que con los consejeros", se justificó De la Torre.
Esta versión de los hechos coincide con la primera interpretación que hizo el propio fiscal del caso, que en un principio sólo dirigió la acusación contra los consejeros. Pero la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de procesar también a los integrantes del comité ejecutivo obligó a Luzón a incluir también a estos directivos, que han acabado sentados en el banquillo de los acusados.
Alejandro Luzón también preguntó a De la Torre por el correo que envió a Jesús Rodrigo, su sustituto en la caja en 2009, poniendo en copia a Miguel Blesa bajo el epígrafe de "Confidencial" y en el que se hacía mención a las tarjetas black a efectos fiscales.
"Neutrales a efectos fiscales"
Al respecto, De la Torre dijo que esa expresión hacía referencia a que las Visa no tenían repercusión alguna en el IRPF de los consejeros porque no eran entendidas como retribución, sino como gastos de representación. "Yo ya no era secretario del consejo, por lo que el correo no está escrito con el formalismo que habríamos utilizado en un informe como secretario general. Black a efectos fiscales significa a que eran neutrales a efectos fiscales. Que eran gastos de empresa asumidos por la caja y no tenían repercusión en el IRPF de los consejeros. Eran gastos de representación asumidos por la caja como gastos de empresa y deducidos en el Impuesto sobre Sociedades", completó el ex secretario general de Caja Madrid.
El nombre de Enrique de la Torre aparece también en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Madrid contra Blesa y otros directivos por los sobresueldos presuntamente irregulares de 13,5 millones a varios cargos de Caja Madrid. De esa cifra, Anticorrupión resaltó los 2.730.000 euros cobrados por Blesa y los 2.890.000 percibidos por De la Torre.
Tras finalizar las declaraciones de los procesados, esta martes comienza el turno de una treintena de testigos, entre los que se encuentra el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que se negó a utilizar la Visa por considerarla una mala práctica bancaria, o el director de auditoría interna de la entidad Iñaki Azaola.
"Mala praxis bancaria"
La novena sesión del juicio comienza este martes con la declaración de Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia y una de las cuatro personas, junto con Esteban Tejera, Íñigo María Aldaz –ambos citados también como testigos– y Félix Manuel Sánchez Acal, que rechazó emplear el plástico por considerarlo, según él mismo dijo, "una mala praxis bancaria".
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El interrogatorio de Verdú tiene especial interés puesto que su nombre ha salido a relucir durante las declaraciones de algunos encausados como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el entonces director de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, que declararon que en realidad Verdú no rechazó la tarjeta cuando se la entregaron ni insinuó que podía no ser adecuada. Sin embargo, el representante del Ministerio Público utilizará el testimonio del exconsejero delegado para demostrar que las tarjetas eran opacas.
A propuesta del Ministerio Público y de Bankia –que ejerce la acusación particular– está llamado a declarar el predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, a quien muchos de los procesados han señalado como creador de las Visa. En su intervención ante el tribunal que preside Ángela Murillo, algunos encausados, como el propio Blesa, se remitieron a la puesta en marcha de esta práctica aprobada en un consejo de 1988, bajo el mandato de Terceiro.
Sin embargo, Terceiro prestará declaración ante el tribunal en noviembre, según ha anunciado la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Será entonces cuando el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, vuelva a interrogar al que fuera presidente de la caja entre 1988 y 1996 si las tarjetas se otorgaron en calidad de gastos de representación o como un complemento retributivo.
La última jornada de las declaraciones de los procesados en las tarjetas black ha supuesto un importante golpe para la estrategia de los exconsejeros a propuesta de los partidos políticos y sindicatos, que se enfrentan junto a los directivos a una acusación de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y para los que la Fiscalía Anticorrupción reclama entre uno y seis años de cárcel.