Una puesta en escena sobria, que recordaba vagamente una sala del prensa del Gobierno. Dos banderas, una de España y otra de Europa, igual que en las comparecencias oficiales de un presidente. Un atril sin logo de partido ni lema de campaña. Y una enorme fotografía de La Moncloa como telón de fondo. El mismo planteamiento, salvando las distancias que van de 2009 a 2023, utilizado para la presentación de los compromisos de Feijóo con Galicia en su primera campaña autonómica. Aunque entonces la bandera española era la gallega y en vez de una foto de La Moncloa se podía ver Montepío en el horizonte, la residencia oficial del presidente de la Xunta en la que el líder del PP acabó viviendo durante trece años.
Ese escenario fue el que el equipo de campaña del PP, muy aficionado a los talismanes políticos, eligió para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, presentase oficialmente el que hasta ahora era uno de los secretos mejor guardados en Génova: el programa electoral que los conservadores se proponen desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años si el 23J los ciudadanos les dan escaños suficientes para gobernar.
Claro que para cumplir las 365 propuestas que han incluido a los largo de 108 páginas, el PP va a necesitar de verdad una mayoría absoluta. De otro modo, una parte muy significativa de sus promesas quedará a expensas de lo que negocie con Vox, porque contradicen algunas de las líneas rojas de la extrema derecha.
La mayoría de esos compromisos están en las antípodas, además, de los acuerdos que el PP ha firmado con Vox en cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears). Como los que hacen referencia a la violencia machista, al cambio climático, a la Agenda 2030, a las política europea en materia de migraciones, a la reforma de la ley trans o a la utilización de las lenguas cooficiales en la enseñanza.
Para “erradicar la violencia machista”, una realidad que según el PP no se puede “negar”, el PP propone dar cumplimiento íntegro al pacto firmado en 2017, ampliar los recursos para luchar contra ella, aprobar una ley contra la explotación sexual de las mujeres y castigar a los proxenetas, reforzar los medios de auxilio a las mujeres o mejorar los controles telemáticos de los maltratadores. En los pactos autonómicos con Vox, en cambio, no hay una sola referencia a la violencia machista, todo lo más a los “discurso machistas”. En ellos el PP ha asumido el discurso de la extrema derecha, que pasa por invisibilizar la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo diluyéndola en el concepto mucho más amplio de la “violencia intrafamiliar”. La justificación de Feijóo fue, en ese caso, que era un tema “obvio”, lo que no ha impedido, en cambio, su inclusión en el programa para las elecciones generales.
La Agenda 2030
El PP asume en su programa la existencia del cambio climático (“un desafío que debemos afrontar”, dice textualmente) y propone medidas para luchar contra él. Y mantiene como propia la Agenda 2030 (un proyecto internacional que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo en el horizonte de los próximos siete años).
Son dos asuntos contra los que Vox mantiene una batalla frontal desde su fundación. La mayoría de los dirigentes de la extrema derecha niegan la existencia de una crisis climática y, por tanto, rechazan tomar medidas contra ella. En paralelo, consideran que la Agenda 2030 es en realidad una conspiración secreta para imponer un nuevo orden mundial en el que los “grandes poderes” que la han promovido determinarán cómo hay que vivir. ”Es una imposición de forma de vida que busca acabar con la actual”, reza uno de sus documentos ideológicos. No sólo lo creen, sino que han conseguido trasladar esa filosofía a sus acuerdos con el PP, sobre todo, en Extremadura, donde plantean revisar y cancelar medidas y políticas de protección ambiental con el argumento de que perjudican el desarrollo económico.
El programa de Feijóo para la próxima legislatura incluye mantener algunas leyes clave de la etapa de Pedro Sánchez (contra las que la extrema derecha mantiene una batalla frontal) y sólo se compromete a reformarlas. Es el caso de la Ley de Eutanasia, de la Ley del Aborto o de la ley trans, que los pactos autonómicos plantean borrar del Boletín Oficial del Estado y que son una línea roja declarada de la extrema derechas en caso de un acuerdo de investidura de Feijóo.
Y plantea aprobar otras, como una Ley de Pandemias, de la que Vox desconfía desde que en 2021 Feijóo la planteó desde Galicia incluyendo en ella la posibilidad de llevar a cabo vacunaciones obligatorias (destacados dirigentes de la extrema derecha militaron activamente en contra de la campaña de vacunación de la covid 19).
El PP tampoco ha incluido en su programas electoral para el 23J medida alguna que permita a los padres decidir los contenidos de la educación que reciben sus hijos en función de sus creencias o de su ideología, lo que Vox ha bautizado como el pin parental. Pero sí ha hecho suya esta idea en los pactos autonómicos con la excusa de sacar la ideología y el adoctrinamiento de los colegios proponiendo incluso que la inspección educativa someta a vigilancia a los profesores.
Lenguas vehiculares
En contra de lo pactado con Vox en Illes Balears y la Comunitat Valenciana, donde el PP ha aceptado facilitar itinerarios educativos exclusivamente en español para alumnos cuyos padres así lo soliciten, en su programa electoral Feijóo opta por la solución que aplicó en Galicia y promete poner al mismo nivel las lenguas cooficiales de cada comunidad. “En las comunidades con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares en la enseñanza”, establece el documento presentado este martes. El pacto valenciano, por ejemplo dice exactamente lo contrario, que es lo que defienden Vox y la derecha mediática: “Garantizaremos la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”.
En su discurso de presentación del programa, Feijóo mencionó otro compromiso que choca frontalmente con los objetivos de Vox: garantizar la universalidad de la educación y de la atención sanitaria, dos derechos que los que la extrema derecha quiere expulsar a los migrantes irregulares que viven en España.
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No es la única contradicción en la que incurre el PP en materia de migraciones. Mientras sus pactos autonómicos defienden políticas claramente xenófobas, alientan la delación y promueven la persecución y expulsión de las personas que han llegado a España de manera irregular, en muchos casos huyendo de la pobreza pero también de países en los que su vida corre peligro, el programa de Feijóo para las generales defiende que la Unión Europea tenga una política común en esta materia.
Ese es un objetivo al que se opone firmemente Vox, alineado con los partidos ultras que gobiernan Polonia y Hungría, los dos países que están bloqueando precisamente el pacto migratorio que la presidencia española tiene que sacar adelante en los próximos meses.
No es casualidad que la extrema derecha española defienda una reforma de la UE que devuelva soberanía a España y haga retroceder el proceso de construcción de la unidad europea que, al menos formalmente, sigue defendiendo el PP español. Feijóo, en su discurso, hizo una alusión muy clara a esta circunstancia que parecía señalar a Vox y a un hipotético gobierno de coalición con el PP: “Que nadie cuente conmigo para nombrar en ningún sitio a españoles contrarios a la Unión Europea”.