El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estudiará la denuncia presentada por la Coordinadora 25S contra Cristina Cifuentes, Ignacio Cosidó –quienes en 2014 ostentaban los cargos de delegada del Gobierno en Madrid y director general de la Policía, respectivamente– y Alfonso Fernández Díez, jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos durante los actos que siguieron a la proclamación de Felipe VI y por hacer un despliegue policial de 7.000 agentes, que consideran “amplio e intimidatorio” y propio de un "estado de sitio".
En un primer momento, se presentó una querella en la Audiencia Provincial. Se produjo una investigación judicial, pero finalmente fue archivada. “Se recurrió al Supremo y posteriormente al Constitucional, pero no fue admitida. Preveíamos que iba ocurrir eso”, señala a infoLibre Luis Ocampo quien, en nombre de la Coordinadora 25S, continuó con el proceso después del fallecimiento de Doris Benegas, la letrada que puso en marcha la querella.
Sostienen que durante el 19 de junio de 2014 y los días previos a la coronación, se vulneró la Convención Europea de Derechos Humanos al impedir el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de opinión y de manifestación de ideas antimonárquicas.
En la demanda presentada ante el TEDH, señalan que el 11 de junio, día de la votación en el Parlamento de la Ley Orgánica de Abdicación de Juan Carlos I, la Coordinadora 25S había convocado una concentración en la Plaza de Neptuno, pero que un despliegue de cerca de 2.000 antidisturbios, una unidad de caballería y una treintena de furgones impidió a los ciudadanos llegar al lugar de la protesta.
Días antes de la coronación, la Policía comenzó con los registros de mochilas, carritos de bebé, bolsos, etc., e incluso recorrió las viviendas cercanas al itinerario que haría el Cortejo Real para “recabar datos sobre quiénes eran sus ocupantes”, recoge la demanda.
Ya el día 19 de junio, se trataron de impedir tres manifestaciones. Una de la Coordinadora Republicana de Madrid, otra de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo –acto que realizan todos los jueves– y una concentración de la Coordinadora 25S. Sin embargo, en la Puerta del Sol, a pesar del fuerte dispositivo policial, “centenares de personas sacaron banderas republicanas” y fueron por ello rodeadas por la Policía, produciéndose “cargas y agresiones policiales”, junto con algunas detenciones.
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Recogen más ejemplos de lo que supuso la presencia policial de ese día: una mujer fue interceptada por llevar una chapa en el vestido, otra mujer fue inmovilizada contra el suelo por intentar sacar una bandera, al igual que le ocurrió al hombre que trató de mostrar una pañoleta. Además, se llegó a retener a personas “no por llevar símbolos republicanos, sino por estar en las listas de activistas”.
Por último, denuncian la inadecuada investigación de los hechos por no haber “practicado las diligencias necesarias” para señalar a los responsables, “admitiendo como válido un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad sin firma y, a todas luces, incompleto, del que nadie se responsabiliza”, y por no haber tomado declaración ni a Cifuentes, ni a Cosidó ni a Fernández Díaz.
La demanda se presentó en Estrasburgo a principios de 2017 y, aunque haya sido aceptada, Ocampo reconoce que no quiere decir que les vayan a dar la razón, “pero al menos se va a estudiar, algo que es importante y significativo”, destaca.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estudiará la denuncia presentada por la Coordinadora 25S contra Cristina Cifuentes, Ignacio Cosidó –quienes en 2014 ostentaban los cargos de delegada del Gobierno en Madrid y director general de la Policía, respectivamente– y Alfonso Fernández Díez, jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos durante los actos que siguieron a la proclamación de Felipe VI y por hacer un despliegue policial de 7.000 agentes, que consideran “amplio e intimidatorio” y propio de un "estado de sitio".