Prohibidas las "pancartas" o la "falta de decoro": Ayuso quiere criminalizar por ley el movimiento estudiantil

Hace ya tiempo que Isabel Díaz Ayuso ha convertido a la universidad pública en un enemigo a batir. Lo ha hecho con años de infrafinanciación y quiere hacerlo, también, haciéndola callar. La estrategia pasa ahora por evitar, con sanciones de hasta 100.000 euros, que esa "asfixia económica" que denuncian los rectores sea contestada en los campus. Más bien, que estos sean escenario de protestas de algún tipo. "Toda la izquierda tiene colonizada la Universidad Complutense de Madrid", dijo la presidenta durante el pasado mes de noviembre. La institución, añadió después durante un acto, debe ser un lugar "de ciencia y no de ideología". Conseguirlo parece ahora uno de los objetivos de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que pretende aprobar su Gobierno.
El último borrador del texto —al que ha tenido acceso infoLibre y que fue adelantado este miércoles por El País— establece una amplia gama de infracciones y un régimen sancionador de las mismas. Ahora bien, la ambigüedad con la que juega el documento abre la puerta a que todo tipo de protesta estudiantil pueda ser considerada una falta. Puede serlo "colocar pancartas o símbolos sin autorización", la "falta de decoro institucional" o el "vandalismo". Y considerar algo como tal dependerá, concreta la norma, de la "consejería competente en materia de universidades". Es decir, de Emilio Viciana, que este mismo miércoles publicó un vídeo defendiendo que la ley garantiza "la autonomía universitaria y la libertad de cátedra".
"Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente", argumentó el departamento de Educación, Ciencia y Universidades en un comunicado remitido en respuesta a preguntas de este diario.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene tan claro siquiera que la normativa que plantea el Ejecutivo madrileño pueda aprobarse. Más que nada porque, señala el Ministerio de Diana Morant, podría "invadir competencias del Estado". Según han señalado sus fuentes a infoLibre, Universidades no ha podido acceder al documento de manera oficial, pero sí que considera "preocupantes" los detalles que han trascendido a través de la prensa. Tanto es así, que aseguran que sus servicios jurídicos "lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española". "Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las universidades que de cómo financiarlas mejor", sentencian las mismas fuentes.
La oposición madrileña tampoco ha tardado en reaccionar. Horacio Díez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, habla claramente de una norma "alarmante". A su juicio, el objetivo es, ni más ni menos, controlar las universidades. Y hacer un "uso político" de ellas. "La propuesta, además, le da al Gobierno regional y a la Consejería de Educación un poder ilimitado para aplicar sanciones de forma discrecional, sin contrapesos, sin órganos independientes que limiten o que revisen las decisiones que tome. Un paso más hacia el sueño autoritario de la administración de la presidenta Ayuso", sentencia.
Antonio Sánchez, responsable de Universidades de Más Madrid y Profesor Asociado en la Universidad Complutense, recoge el guante de esta valoración y tampoco duda: Ayuso está, en resumen, siguiendo "el ejemplo de Trump". "Quiere doblegar a las universidades públicas, reunirse con sus consejeros y decidir qué es grave y qué no, qué multa y con qué sanción. Si no paramos esto será el primer paso para acabar con la autonomía universitaria y la división de poderes", valora.
"Este otoño vamos a parar esta ley"
Por ahora, el borrador tan sólo es eso. Un documento que ha sido remitido a diferentes comisiones universitarias que deberán ahora emitir informes, pero nada más. A finales de mayo, el propio consejero Viciana estimó que que la norma se aprobará en la Asamblea de Madrid "a finales de este año", lo que implicaría, dijo, "una tramitación acelerada" del texto. "Los plazos que manejamos implican aprobar la nueva ley a finales de este año, en el último periodo de sesiones, en el mes de diciembre. Lógicamente, esto implica una tramitación acelerada que se inicia precisamente en estos momentos", concretó entonces.
En cualquier caso, la comunidad universitaria tratará de que no llegue a ver la luz. ¿Cómo? Precisamente con lo que el texto quiere limitar: con la protesta en las calles.
La representación que CGT tiene en la Universidad Autónoma, por ejemplo, llama a movilizar todos los recursos "políticos, jurídicos, sociales y sindicales para enfrentar una batalla" en la está en juego "el futuro educativo de miles de estudiantes, el futuro laboral de miles de trabajadoras, el derecho a la protesta y el derecho a la universidad pública". UCM por la Pública, que también integra a profesorado y alumnado de la universidad, han hecho por su parte un llamamiento a toda la sociedad "a prepararse para escalar las movilizaciones" contra una norma que convierte la educación en un negocio y que, además, "criminaliza" y "ataca las libertades básicas". "Este otoño vamos a parar esta ley", han señalado a través de un comunicado.
"Estamos absolutamente asombrados. Vamos a hacer jornadas de información, pasacampus y movilizaciones frente a este ataque brutal", señala la profesora de la Complutense Eva Aladro. "Esto ya es un ataque abierto y directo. Primero han utilizado la infrafinanciación y cuando eso ha generado protestas lo que quieren hacer es censurarlas", completa Sabela Martínez, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales en la misma institución.
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No se quedan cortos a la hora de exponer los calificativos porque el borrador de la ley contempla como infracción prácticamente cualquier forma de protesta que puede darse en el mundo universitario. En concreto, el texto distingue entre tres tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. Las primeras, por ejemplo, hacen alusión a las "faltas de respeto leve al personal", a la "falta de decoro institucional" o a "colocar pancartas o símbolos sin autorización, o arrancar los autorizados". Hacerlo, concreta el borrador, puede costar entre 300 y 15.000 euros.
Entre las segundas, por su parte, se contempla "permitir el hostigamiento a miembros de la universidad o visitantes/invitados", una expresión genérica bajo la que podrían quedar prohibidos de facto los escraches. Y según la cual las protestas que se organizaron y llevaron a cabo cuando Isabel Díaz Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la UCM habrían sido castigadas con hasta 100.000 euros, que es la sanción prevista para este tipo de infracciones. En esta categoría, además, también se contempla "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de lugar del campus". Es decir, tampoco podría haber acampadas en defensa de Palestina.
Las consideradas "muy graves", por último, son las que según la Consejería están reservadas "para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, contra que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, contra la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales". Esto podría llegar a costar hasta un millón.