En un momento singularmente delicado, un golpe especialmente fuerte. Con el PSOE andaluz en su mínimo electoral histórico, con sólo 30 escaños frente a los 58 de la mayoría absoluta del PP, y con Pedro Sánchez superado por Alberto Núñez Feijóo en cada vez más encuestas, el partido del puño y la rosa recibió este martes un mazazo que liga su nombre y su historia a la corrupción en Andalucía, su feudo tradicional perdido, y ratifica la culpabilidad de dos de sus iconos. Se trata de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que suman 23 años de presidencia en Andalucía (1990-2013) y han sido además ministros y presidentes del partido. El palo es judicial, pero las implicaciones políticas saltaron a la vista desde que se conoció el fallo.
Tanto el PSOE andaluz, en una rueda de prensa extraordinaria de Juan Espadas, como el partido a nivel federal, en un complicado estreno de Pilar Alegría como portavoz, defendieron a Chaves y Griñán, pese a su condena firme en un caso de corrupción. Los mensajes fueron calcados en lo esencial. El PSOE rechazó la comparación con la corrupción del PP. El partido Feijóo –con el currículo marcado por casos como Gürtel, Púnica, Lezo o Kitchen– se abalanzó sobre la confirmación de 16 de las 19 condenas del caso de los ERE por parte del Tribunal Supremo para señalar al PSOE como el partido más corrupto de la democracia, protagonista del caso "más grave" de todos.
"Honorabilidad", "honestidad", "integridad"
El Supremo anunció por la mañana la ratificación –con división interna– de 16 de las 19 condenas de la sentencia de la Audiencia de Sevilla del caso de los ERE, entre ellas las de los dos expresidentes: Chaves (1990-2009), por prevaricación, que no tendrá que entrar en prisión porque su condena es sólo de inhabilitación; y Griñán (2009-2013), por prevaricación y malversación, que confirma su pena de 6 años y se ve abocado a ingresar en la cárcel, a no ser que su defensa sea capaz de evitarlo con una difícil maniobra de última hora, sea con un recurso de amparo ante el Constitucional o con una solicitud de indulto. El Gobierno rechazó comentar esa mera hipótesis.
Además de Griñán, hasta otros ocho ex altos cargos más –entre ellos, cuatro exconsejeros– podrían entrar en prisión, al seguir condenados por malversación. Ello supondría una imagen de una dureza inusitada para el partido que gobernó Andalucía durante cerca de 37 años, logrando una identificación casi plena entre sus siglas y la propia autonomía del sur.
Da idea de la gravedad del caso la celebración de una rueda de prensa extraordinaria por parte de Espadas. Serio y triste, con "profundo dolor", salió a las 12.00 horas para, en nombre de la dirección del PSOE andaluz, defender la "honorabilidad" de Chaves, Griñán y el resto de personas que "han dedicado toda su vida al servicio público". "Se habrán producido errores, sin duda, pero nadie puede afirmar que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro", afirmó, mostrando "toda nuestra solidaridad" con quienes "se han dejado la piel" por Andalucía. Espadas recalcó que el PSOE no se ha financiado de forma ilegal.
El secretario general del PSOE-A afirmó que "acata" el fallo, pero mostró su disconformidad con el mismo y con la "indefensión" que genera conocerlo antes de la argumentación jurídica de la sentencia. El líder socialista recalcó que dos magistradas de los cinco preparan votos particulares en los que se oponen a la condena a Griñán por malversación, luego hay "controversia jurídica".
De modo que esos son los dos elementos a los que se aferra Espadas: 1) Que Chaves y Griñán no robaron. 2) Que no hay unanimidad en la condena de prisión a Griñán. Además, afirmó que el procedimiento para solucionar crisis industriales que dio lugar al caso era "mejorable", pero que quienes se beneficiaron indebidamente de ello fueron "individuos" con "conductas reprobables", no el PSOE, ni el Gobierno andaluz, ni Chaves, ni Griñán.
Espadas recordó que el sistema "permitió salvar una buena parte del tejido productivo" afectado por crisis industriales y proteger a "6.000 personas" con un sistema de prejubilaciones. Recalcó que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno sigue pagando esas prejubilaciones con presupuestos aprobados por el Parlamento. Y afirmó incluso que la Junta usó el "mismo marco normativo" que otras comunidades, donde, "si se hubiera mirado con la misma lupa, se hubieran apreciado errores o deficiencias parecidas".
Espadas reconoció que el caso de los ERE ha sido un "calvario" para el PSOE durante "diez años" y se mostró convencido de que el PP querrá hablar del tema "por los siglos de los siglos". "También nosotros hablaremos de sus tres condenas por financiación ilegal", avisó Espadas, que no tuvo relación con el caso pero al que Moreno recuerda que fue consejero de Vivienda entre 2008 y 2010, con Chaves y Griñán como presidentes. Es la forma de Moreno de poner bajo sospecha a Espadas, que incluso con el PSOE ya en la oposición ve cómo el caso continúa castigando al socialismo andaluz.
Pilar Alegría, desde Ferraz, se alineó con Espadas. La portavoz del partido defendió la "honestidad", "honorabilidad" e "integridad" de Chaves y Griñán. "Pagan justos por pecadores", dijo, reconociendo que hubo irregularidades pero no de los expresidentes. Y recalcó que Chaves y Griñán "en ningún momento se beneficiaron personalmente" y ninguno "se quedó ni un céntimo de euro". Alegría también señaló que la "integridad" de ambos expresidentes los llevó a renunciar a cualquier responsabilidad pública cuando fueron imputados. Cargó contra el PP por utilizar el fallo para atacar al PSOE y le pidió "pudor" a Feijóo, que dirige "el único partido condenado por financiación ilegal". "Esta mañana mismo ha hecho usted una rueda de prensa en una sede que está pagada con financiación ilegal. Por respeto a la ciudadanía de este país, pudor", le dijo a Feijóo.
Hubo voces de apoyo a Griñán como la del presidente del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, que afirmó: "Es la misma buena persona" que antes del fallo.
El PP en tromba
El PP salió en tromba con el tema, que logró eclipsar incluso la toma de posesión del segundo Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía. Feijóo calificó el caso como "el más grave de los 40 años de democracia" e instó al PSOE a "tomar decisiones" y "depurar responsabilidades", aunque no aclaró cómo. Ninguno de los condenado tiene responsabilidades políticas. Chaves y Griñán se dieron de baja en el partido en 2016.
En paralelo, el fallo del Supremo provocó una cascada de reacciones de barones del PP. La más esperada era la del andaluz Juan Manuel Moreno, que manifestó "alivio" al hacerse justicia, pero también "tristeza", porque el nombre de Andalucía se vincula a la corrupción. Ironías del destino, este martes tomó posesión como consejero de Presidencia de la Junta y hombre fuerte del Gobierno andaluz Antonio Sanz, uno de los estrategas de la ofensiva política y judicial del PP en el caso de los ERE.
El presidente del PP en Castilla La Mancha, Francisco Núñez, afirmó que es "muy urgente" que los dirigentes socialistas "pidan disculpas" y proclamen que Chaves y Griñán son unos "corruptos" que utilizaron "el dinero de los parados andaluces en sus vicios y sus amigos". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó: "Ningún partido ha robado tanto a las arcas de los españoles como el PSOE". Los ERE, dijo, son "el mayor latrocinio que se ha producido nunca en España en democracia por parte de un partido político". El presidente de Murcia, Fernando López Miras, afirmó que casos como este provocan desafección.
Vox mostró su alegría por la condena y Cs criticó la defensa de Chaves y Griñán por parte del PSOE. Las críticas al PSOE también llegaron desde el flanco izquierdo. IU expresó su "condena absoluta" y pidió usar siempre "la misma vara de medir". Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) afirmó que el PSOE "no debe parar de pedir disculpas".
La malversación de Griñán
La posible salvación de Griñán del delito de malversación era la principal incógnita que pesaba sobre la sentencia del Supremo. Ha habido diversos enfoques de la cuestión. Griñán confiaba en que se impusiera la tesis de que no puede haber malversación sin enriquecimiento propio ni de allegados. El propio magistrado del Supremo Jorge Barreiro, que instruyó el caso durante una etapa en la que Griñán fue aforado, descartó la malversación en 2015. En cambio, el tribunal de la Sala II del Supremo –compuesto por los magistrados Juan Ramón Berdugo como Presidente, Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres como ponente– anunció este martes que mantiene esa condena. Otra vez, llegó una decisión judicial en un día políticamente grande para Andalucía, con la toma de posesión del nuevo Gobierno, en este caso del PP.
El tribunal hizo público este martes tórrido que ya ha deliberado sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de noviembre de 2019 de la conocida como pieza política del caso de los ERE. Como hace con los casos de gran "relevancia pública", anunció el contenido de su fallo antes de la sentencia, que queda pendiente de publicación y a la que se opondrá el voto discrepante de Ana Ferrer y Susana Polo, que consideran que deberían haber sido estimados parcialmente cinco recursos, entre ellos el de Griñán, y que todos ellos deberían haber sido absueltos de malversación.
El fallo, resuelto así por tres votos a favor contra dos, estima totalmente tres recursos y parcialmente uno, desestimando los demás, por lo que cambian sólo estos elementos: se absuelve a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo del delito de prevaricación, el único por el que habían sido condenados; se concede la atenuante por reparación de daño a un exdirector general de Trabajo, condenado por malversación y prevaricación, con lo que rebaja su pena de prisión a siete a tres años. Las demás condenas no se tocan. Quedan ratificadas 16 penas, justificadas por unos hechos descritos en una sentencia de la Audiencia de 1.821 páginas, con Juan Antonio Calle como ponente, que unen una década de poder socialista a la corrupción.
Una sentencia demoledora
El problema para el PSOE no es sólo la condena de Griñán y Chaves y el resto. Es el relato de hechos. La sentencia de la Audiencia que establecía las penas era demoledora para el PSOE. El fallo describía como verdad judicial un sistema de corrupción estable en el tiempo de reparto de ayudas sin control que llegó a la cúspide de la Junta. Se daba por probada la creación de un fraude conocido, mantenido, engordado y ocultado por la cúpula del poder socialista, con complicidades que abarcaban no sólo las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda, sino al propio Consejo de Gobierno. Era la peor hipótesis para el PSOE, porque el fraude, según el fallo, no fue cosa de unos pocos aprovechados que se colaron por las rendijas de un sistema defectuoso, como defendían los socialistas, sino una compleja orquestación delictiva. Quedaba así avalada la instrucción iniciada por la jueza Mercedes Alaya y concluida por Álvaro Martín, así como la posición de la Fiscalía Anticorrupción.
La sentencia vio probado que en 2000 la Junta creó un sistema ilegal de ayudas para el reparto de ayudas sociolaborales. El tribunal considera que se generaron las condiciones idóneas para el reparto opaco de fondos, al evitar la fiscalización de su entrega. Se buscaba, establecía el fallo, mantener la "paz social" mediante un sistema irregular, una afirmación de una enorme gravedad que daba cobertura a la acusación del PSOE de haberse mantenido en el poder gracias una red clientelar.
El sistema permitió ocultar el flujo de dinero a la Intervención, siempre según la sentencia. La operativa contable irregular, según el fallo, duró un hasta 2009 y permitió un reparto indebido de los fondos a empresas y trabajadores –los conocidos como "intrusos"– que no cumplían los requisitos. El tribunal cuantificaba en 680 millones los fondos entregados mediante el procedimiento irregular. Esto no significa que 680 millones sean dinero malversado. Lo que esta sentencia consideraba ilegal era el sistema de reparto, lo cual no obsta para se le diera dinero a quien tenía derecho al mismo.
El fallo señalaba a la Consejería de Economía y Hacienda como responsable de la indebida presupuestación de las transferencias de financiación. Ahí radica la importancia del papel atribuido a Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009. Su condena era más grave que la Chaves no por su etapa como presidente, sino por su etapa como consejero desde 2005 a 2009, por facilitar incrementos presupuestarios de las partidas irregulares siendo consciente –según la sentencia– de la ilegalidad. Ahí se apoyó la condena de seis años por malversación a Griñán.
Tres versiones sobre la supuesta malversación de Griñán
El fallo era más benévolo con Chaves, culpable en la medida en que fue parte –y cabeza principal– de gobiernos que aprobaron las ayudas. Su condena fue por prevaricación. A Chaves le tocaron nueve años de inhabilitación especial.
En total, hubo 19 condenados –diez por prevaricación y malversación y nueve sólo por prevaricación– y sólo dos absueltos. Entre los penados, había seis exconsejeros, dos por prevaricación –Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez– y cuatro por prevaricación y malversación –José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo–. Todos ellos siguen condenados. Los condenados por malversación podrían entrar en prisión, junto con Griñán y otros cuatro ex altos cargos.
La sentencia condenaba también a Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo (1999-2008), a siete años y 11 meses de cárcel por malversación y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación. Era la condena más dura. Guerrero murió en 2020.
En un momento singularmente delicado, un golpe especialmente fuerte. Con el PSOE andaluz en su mínimo electoral histórico, con sólo 30 escaños frente a los 58 de la mayoría absoluta del PP, y con Pedro Sánchez superado por Alberto Núñez Feijóo en cada vez más encuestas, el partido del puño y la rosa recibió este martes un mazazo que liga su nombre y su historia a la corrupción en Andalucía, su feudo tradicional perdido, y ratifica la culpabilidad de dos de sus iconos. Se trata de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que suman 23 años de presidencia en Andalucía (1990-2013) y han sido además ministros y presidentes del partido. El palo es judicial, pero las implicaciones políticas saltaron a la vista desde que se conoció el fallo.