El PSOE ya advirtió ayer miércoles de que no iba a dejar pasar "como si nada" el turbio asunto de espionaje protagonizado por el PP balear y destapado por infoLibre. Exigió la comparecencia inmediata del presidente del Govern y de los conservadores del archipiélago, José Ramón Bauzá, para que diera todo tipo de explicaciones, al igual que reclamó aclaraciones a la cúpula nacional, puesto que Miquel Ramis, secretario general del PP de las islas en 2010 y hoy diputado en el Congreso, admitió haber pagado a detectives para saber si "dos o tres diputados socialistas" habían sufragado con fondos públicos un viaje privado a Andalucía, según la primera versión que el propio Ramis facilitó a este periódico. Este jueves llegaron más iniciativas de los socialistas. Reclamaron la dimisión inmediata de Ramis y registraron una batería de preguntas en la Cámara baja para el Gobierno de Mariano Rajoy.
La portavoz del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Pilar Costa, afirmó en rueda de prensa desde Palma que su formación tiene "serias sospechas" de que el PP orquestó una "estrategia de espionaje y acoso contra el Estado de derecho", contratando a investigadores privados para espiar a "aquellos que le molestan", sean "partidos de la oposición, cargos públicos, jueces o fiscales". Costa se refirió a las declaraciones de Ramis de la noche del martes, cuando admitió a infoLibre que si su partido hubiera requerido indagar a jueces y fiscales, lo habría encargado: "Si hubiéramos tenido que hacerlo pues a lo mejor lo hubiésemos hecho".
La agencia palmesana Cabanach Detectives fue contratada en 2010 y recibió 4.176 euros en tres facturas, la primera de ellas tres semanas después de que el juez José Castro –instructor del Palma Arena y del caso Urdangarin– impusiera una fianza de tres millones de euros al expresident balear Jaume Matas. La Policía, como informaba hoy este periódico, ofreció a Castro y al fiscal Pedro Horrach servicios de contravigilancia tras detectar que se les estaba espiando. Los dos rehusaron la protección. "Lo que intenta hacer el PP se llama coacción, pura y dura", glosó, como recoge el comunicado posterior.
El PSIB sostiene que el episodio que ha salido ahora a la luz "no es un caso aislado", sino que se enmarca en una estrategia que comenzó cuando Bauzá alcanzó el liderazgo del PP en las islas, en 2009. "El señor Ramis puede ser el cabeza de turco, pero el señor Ramis no actuó solo". Costa se remitió a abril de 2010, cuando el PP balear contrató al exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo para defender a los miembros de su partido incursos en procedimientos judiciales. Y en aquellos días no eran pocos. Entonces, el president conservador advirtió de que no permitiría "excesos gratuitos" contra los militantes del PP. "El PP de Bauzá es el PP de [Gabriel] Cañellas [expresident balear, considerado "criminalmente responsable" de cohecho pero absuelto por haberse superado el plazo de prescripción], el de Matas, el de siempre, el de la corrupción, el que ha saqueado las arcas públicas y el de las prácticas mafiosas", dijo Costa.
La portavoz del PSIB volvió a demandar a Bauzá que dé la cara en el Parlament –los conservadores ya han dicho que no lo hará– y exigió la dimisión de Ramis "por haber dicho que está dispuesto a investigar a jueces y fiscales". "Estamos ante un ataque monumental al Estado de derecho", resumió.
¿La Fiscalía y la Policía están investigando?
Costa, como ayer había adelantado la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, confirmó que su partido ha iniciado varias líneas de acción para exigir explicaciones, entre las que no se descarta llevar el caso a los tribunales. Parte de esa iniciativa se ha llevado al Congreso, donde Ramis es diputado y presidente de la Comisión de Educación. Ramis ya no es secretario general de su formación en las islas, pero sí su portavoz. Quien también requirió la comparecencia de Bauzá y la dimisión del parlamentario fue el portavoz del grupo MÉS per Mallorca –suma del Partido Socialista de Mallorca y de Iniciativa Verds–, Biel Barceló.
Así, los diputados socialistas baleares Sofía Hernanz, Guillem García y Pablo Martín Peré dirigieron seis preguntas al Gobierno central de Mariano Rajoy, al hilo de la información proporcionada por este periódico. En su escrito, inquieren por la opinión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre este escándalo, si el Ejecutivo va a pedir a Ramis que dimite y si tenía conocimiento de los hechos.
El Gobierno tendrá que explicar si conocía el espionaje en Baleares
Hernanz, García y Martín Peré preguntan al Ministerio del Interior si ha abierto un "procedimiento sancionador en relación con su competencia en materia de seguridad privada y el espionaje a diputados socialistas" y si el Gabinete de Rajoy conoce si la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo actuaciones para ver si este caso de espionaje tiene "relevancia penal".
La última de sus cuestiones se liga a la "disposición" del PP balear a espiar a jueces y fiscales: demandan al Gobierno si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando ya "la existencia o no de escuchas a jueces y fiscales".
El PSOE ya advirtió ayer miércoles de que no iba a dejar pasar "como si nada" el turbio asunto de espionaje protagonizado por el PP balear y destapado por infoLibre. Exigió la comparecencia inmediata del presidente del Govern y de los conservadores del archipiélago, José Ramón Bauzá, para que diera todo tipo de explicaciones, al igual que reclamó aclaraciones a la cúpula nacional, puesto que Miquel Ramis, secretario general del PP de las islas en 2010 y hoy diputado en el Congreso, admitió haber pagado a detectives para saber si "dos o tres diputados socialistas" habían sufragado con fondos públicos un viaje privado a Andalucía, según la primera versión que el propio Ramis facilitó a este periódico. Este jueves llegaron más iniciativas de los socialistas. Reclamaron la dimisión inmediata de Ramis y registraron una batería de preguntas en la Cámara baja para el Gobierno de Mariano Rajoy.