El PSOE, el PP y Vox han vuelto a unir sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de la última iniciativa impulsada por partidos aliados del Gobierno para investigar asuntos relacionados con la Familia Real y que, en esta ocasión, reclamaban esclarecer el montante total de dinero público que destina a sufragar actividades tanto públicas como privadas de sus miembros.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la iniciativa ha recibido sólo el apoyo de Unidas Podemos, mientras que los otros tres partidos con presencia en el órgano de gobierno de la Cámara, siguiendo el criterio fijado por los servicios jurídicos, han votado contra su tramitación.
En concreto, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Compromís y Más País solicitaban crear una comisión para investigar todos los gastos imputables a las arcas públicas derivados de todas la actividades tanto públicas como privadas de los miembros de la Familia Real.
Los grupos eximían expresamente de esta investigación la partida presupuestaria que anualmente se asigna al Jefe del Estado y de la que Felipe VI dispone como juzga oportuno. Lo hacían en previsión de que los letrados esgrimieran el artículo 65 de la Constitución, que faculta al jefe del Estado para disponer libremente de ese dinero para el mantenimiento de su familia y casa.
Aún así, en su nota, a la que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos vuelven a ampararse en ese artículo para sugerir la conveniencia de no tramitar la iniciativa. También aluden al artículo 56.3, que establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, para rechazar la pretensión de estos grupos.
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Los impulsores de la comisión querían investigar "todas las partidas presupuestarias que desde cualquier ministerio o estamento público, directa, indirecta, total o parcialmente, beneficien a la Casa y la Familia Real o a la familia el Rey" y que se determinase la oportunidad, necesidad y legalidad o no de que cada uno de esos gastos.
Entre los objetivos de la comisión de investigación incluían también conocer el número exacto de personas que prestan servicio en dependencias de la Casa Real o pera el cuidado y servicios destinados a los miembros de la Familia Real y la familia del Rey, qué tipo de contratos tienen y cuánto cobran.
En especial, los grupos proponentes solicitaban que el Congreso aclarase los gastos de este tipo que se cargan a los Ministerios de Presidencia –incluido Patrimonio Nacional– Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.
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En la misma línea, y para poder conocer cuánto dinero público se destina, por ejemplo, a la seguridad de Rey Emérito en Arabia Saudí, donde reside desde hace más de un año, reclamaban investigar lo que se ha invertido en comisiones de servicio del personal que participe en misiones oficiales públicas o de índole privada al servicio de la Casa Real o para el cuidado de familiares del Rey. También buscaban que el Congreso detallara los gastos que ha supuesto la presencia de la Familia Real o la familia del Rey en todos los actos en los que han participado.
La comisión también debería, según sus impulsores, hacer una lista de los bienes muebles o inmuebles y de todos los servicios de titularidad pública que están a disposición, utilizan o han utilizado el Rey, sus familiares así como amigos o amantes de todos ellos. Las cuantías y gastos concretos en mantenimiento, reformas, compras y liquidaciones de todos los bienes afectado a la Casa Real de titularidad pública y de los que puede hacer uso cualquier miembro de la familia del Rey también debían ser analizadas por esa comisión.
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Los aliados del Gobierno de coalición sugerían, asimismo, que el Congreso investigase la relación de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Familia Real que están cedidos a la Administración Pública, así como el uso y los gastos vinculados a éstos.
También aspiraban a que la Cámara realizase un análisis de los gastos de Patrimonio Nacional que tienen como beneficiarios a los miembros de la Familia Real o de la familia del Rey, o a sus amigos o amantes, así como las funciones actuales del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y las cuentas asociadas al mismo.
Por último, quieren detallar el reparto y destino concreto de las partidas asignadas al programa presupuestario de apoyo y gestión administrativa de la Jefatura del Estado, y que se evaluase la necesidad de cada uno de ellos.
El PSOE, el PP y Vox han vuelto a unir sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de la última iniciativa impulsada por partidos aliados del Gobierno para investigar asuntos relacionados con la Familia Real y que, en esta ocasión, reclamaban esclarecer el montante total de dinero público que destina a sufragar actividades tanto públicas como privadas de sus miembros.