Si el independentismo gana las elecciones del 21D, Europa tendrá que decidir: o respalda la creación de la República de Cataluña o sigue apoyando a Mariano Rajoy. Ese es el dilema al que enfrentó este martes el president de la Generalitat destituido Carles Puigdemont a las autoridades europeas en un acto político convocado por 200 alcaldes desplazados expresamente a Bruselas para mostrar personalmente su apoyo al “Govern legítimo” de Cataluña y denunciar en el corazón de la UE la represión a la que, de acuerdo con su relato, está siendo sometida la sociedad catalana.
La intervención de Puigdemont ante el municipalismo independentista, que comenzó con una sonora ovación y un coro de gritos de “¡President!, ¡President!”, tenía dos objetivos: emplazar a Europa a comprometerse en el conflicto catalán asumiendo el resultado del 21 de diciembre si el resultado señala que los ciudadanos de Cataluña están mayoritariamente a favor de la independencia y exigir la inmediata puesta el libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural y de los miembros cesados de su Govern, que están en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. El Estado español, aseguró, ha dado “un golpe” contra un gobierno y un parlamento legítimos y está violando los derechos humanos de los detenidos, sometidos a un maltrato del que sus captores tendrán que responder ante la Justicia.
Una actitud que Puigdemont no dudó en relacionar con el nazismo. “El fascismo español” que, “ayudado por el nazismo, fusiló y ejecutó a Lluís Companys”, argumentó, “es un fascismo que hoy, en 2017, de manera totalmente impune, participa en manifestaciones convocadas por el partido que gobierna España en estos momentos” y por la “coalición del 155”, en referencia al PP, el PSOE y Ciudadanos.
“Queremos un nuevo país”, reclamó el president destituido, “donde no seremos amenazados de ser cesados porque expresamos unas opiniones que no agradan al gobierno de Madrid” o por cumplir el programa electoral por el cual fueron elegidos.
“Señor Juncker, señor Tajani: ¿es esta la Europa que queréis? ”, preguntó en su discurso en francés ante los alcaldes congregados en el Palacio de Bellas Artes de la capital belga. “¿Es esta la Europa que nos invitáis a construir? Debemos saberlo: ¿Aceptaréis o no los resultados de los catalanes? Porque si la gente respalda la decisión del Parlament [de declarar la independencia de la República de Cataluña], ¿qué haréis? ¿Continuaréis ayudando al señor Rajoy en este golpe de Estado?”, preguntó a los presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo. “Yo creo que no”, aventuró. Y si las autoridades europeas tienen alguna duda, imploró, que vuelvan a ver las imágenes del 1 de octubre. “Europa está mejor protegida por todos aquellos que protegieron las urnas el 1 de octubre que por la Policía que les golpeó”.
“Nosotros”, insistió, “estamos dispuestos a respetar los resultados” del 21D y “nuestros ciudadanos tienen derecho a saber si su voto será respetado”.
Después de invitar “a todas las autoridades, sobre todo a las españolas, a garantizar y asumir la normalidad democrática del 21D”, algo que no puede existir mientras haya “presos políticos”, Puigdemont exigió la inmediata puesta en libertad de los encarcelados por orden de la Audiencia Nacional, así como la retirada de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, cuya presencia, argumentó, supone una presión inaceptable para los votantes.
“Nos gustan los retos”
“El Estado español impone su fuerza a través de la vía de la violencia y la represión pero no nos convencerán nunca. A nosotros, en cambio, nos gustan los retos democráticos, siempre los hemos ganado”, repitió, en alusión directa a la cita con las urnas del 21 de diciembre.
Junto a Puigdemont tomaron la palabra los consellers cesados y también huidos Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, así como los eurodiputados Ramón Tremosa (PDeCAT), Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras (ERC) y varios alcaldes, todos con el mismo hilo conductor: reclamar la libertad de los detenidos, la legitimidad del Govern y la atención de Europa y el mundo a las demandas democráticas del independentismo catalán, empeñado en describir el conflicto secesionista como una batalla entre un Estado autoritario y una sociedad democrática que quiere ejercer sus derechos.
“No nos metimos en esto para ser mártires, sino para ser libres. La marcha hacia la libertad sigue, el camino será más largo, con más inclemencias y con dolor más fuerte del que querríamos, pero el camino sigue”, proclamado Comín, que pidió a la UE actuar “para que el totalitarismo no vuelva” a Europa. Serret explicó que su presencia en Bruselas no tiene otro objetivo que “contar al mundo que nuestro proyecto es la democracia” y ejercer como gobierno catalán “legítimo”, siempre con la vista puesta en conseguir “que el 21 de diciembre sea también la victoria de la democracia y de los derechos de las personas”.
Terricabras fue el primero en intervenir y lo hizo para reprochar a Juncker su declarada oposición a una UE formada por más de 90 pequeños Estados, a pesar de ser él mismo ciudadano de un país, Luxemburgo, “más pequeño” que “muchas ciudades” de Cataluña.
La alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, defendió que los ciudadanos en Cataluña apuestan por la república catalana y viven la situación actual con una mezcla de “ilusión”, “miedo por la represión” y “decepción” porque el proyecto europeo “les ha fallado”.
Las intervenciones se sucedieron en inglés, francés y alemán para expresar el respaldo de los ediles al proyecto independentista, reclamar el apoyo y reconocimiento por parte de la UE y censurar la “represión” por parte de las autoridades españolas.
Entre el público había varios eurodiputados europeos, como Matt Carthy (Sinn Fein), Mark Demesmeker y Helga Stevens (NVA), Mario Borghezio (Lega Norte), además de a Izaskun Bilbao (PNV), Josu Juaresti (Bildu) y Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), informa Europa Press.
Hacienda apunta a la ANC y Òmnium
El contrapunto a la estrategia de la internacionalización del conflicto, en la que los independentistas dieron un paso más con la movilización de sus alcaldes, lo puso el Gobierno de de Mariano Rajoy jugando una carta que hasta ahora se había resistido a poner sobre la mesa y que amenaza directamente el patrimonio personal no sólo de los miembros del Govern destituido sino también de los líderes de las dos organizaciones independentistas más destacadas, ANC y Òmnium Cultural, todos ellos huidos de España o en prisión provisional.
El Ministerio de Hacienda ha pedido al Tribunal de Cuentas que “proceda a la definición de las responsabilidades que corresponda exigir” a todos ellos “por su actuación de dotación de medios humanos y materiales, organización y promoción” del referéndum del 1-O, algo que el departamento que dirige Cristóbal Montero considera “evidente” a la vista de “los hechos”, “así como de la voluntad directa y conscientemente decidida al empleo de los medios y recursos públicos para un fin manifiestamente ilegal”.
Hacienda reconoce que no puede establecer la cuantía del daño económico ocasionado al erario público por el Govern, ANC y Òmnium, porque la administración catalana no satisfizo sus reiteradas demandas de información. Por esa razón, pide al Tribunal de Cuentas que tome medidas para esclarecer lo ocurrido, cuantifique el dinero público utilizado en el procés y se lo reclame tanto a los consellers que autorizaron su utilización como a las asociaciones que puedan haberlo usado para “actividades ilegales”.
¿A qué gastos se refiere Montoro? A las urnas, a la apertura de colegios, a la impresión de papeletas, a la campaña de movilización del voto y al desarrollo de aplicaciones informáticas, entre otros.
La petición del Gobierno es muy parecida a la que en estos momento amenaza el patrimonio personal del expresidente Artur MasArtur Mas. Precisamente este martes él y sus antiguos colaboradores depositaron otros 200.000 euros a la fianza de 5,25 millones que le impuso el pasado 25 de septiembre el Tribunal de Cuentas por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Mas, sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces, tienen hasta el día 16 de noviembre para afianzar los 2,8 millones de euros que les quedan para completar.
El examen y la persecución del dinero público puesto al servicio de la estrategia independentista se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. El propio Montoro sugirió en los pasillos del Congreso que los alcaldes desplazados a Bruselas estarían haciendo un uso indebido del dinero si hubiesen viajado al acto en apoyo de Puigdemont a cuenta del Presupuesto de sus respectivos municipios.
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Uno de los argumentos de la defensa de los imputados en la Audiencia Nacional es, precisamente, que no existen gastos imputables a la celebración del referéndum. Una alegación que apoyan con un certificado de la intervención general de la Generalitat fechado el pasado 31 de octubre.
En una línea similar a la de Hacienda, el titular del Juzgado número 13 de Barcelona pidió también este martes a la Generalitat que le informe del coste económico del referéndum del 1-O, según consta en el sumario que instruye, al que ha tenido acceso Europa Press.
El juez atiende así la petición de la Guardia Civil, que le había solicitado el pasado 24 de octubre que emitiera un mandato judicial para que la Generalitat informase al Juzgado de los gastos que originó el referéndum al erario público, detallando las partidas y los departamentos en las que se imputaban y especificando el pago de informes, publicidad, material electoral, webs y gastos informáticos, observadores y actos.
Si el independentismo gana las elecciones del 21D, Europa tendrá que decidir: o respalda la creación de la República de Cataluña o sigue apoyando a Mariano Rajoy. Ese es el dilema al que enfrentó este martes el president de la Generalitat destituido Carles Puigdemont a las autoridades europeas en un acto político convocado por 200 alcaldes desplazados expresamente a Bruselas para mostrar personalmente su apoyo al “Govern legítimo” de Cataluña y denunciar en el corazón de la UE la represión a la que, de acuerdo con su relato, está siendo sometida la sociedad catalana.