Seis de los ocho candidatos a presidir la Audiencia Nacional fueron cargos del PP o los aupó ese partido

La derechización de la magistratura en España muestra estos días una prueba más en la elección del nuevo presidente o presidenta de la Audiencia Nacional. El tribunal del terrorismo, el del narcotráfico a gran escala y las macrocausas de corrupción, el de mayor proyección mediática, tendrá de nuevo, casi con total seguridad, un presidente conservador. Ningún magistrado progresista se ha presentado a la convocatoria y, de los ocho que lo han hecho, seis de ellos han tenido algún vínculo con el PP al haber ocupado altos cargos en instituciones dirigidas por ese partido o haber sido aupados por ese partido para puestos judiciales de responsabilidad.

El último presidente progresista que tuvo el tribunal fue Ángel Juanes, que dejó el cargo para convertirse en vicepresidente del Tribunal Supremo en 2014, tras ocuparlo desde 2009. Le sucedió el conservador José Ramón Navarro. Y el que le seguirá será también de esa sensibilidad al no haber candidatos progresistas. Cuatro de los ocho que se han presentado ahora han ocupado cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP y otros dos fueron propuestos por ese partido para convertirse en vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan a la "desmotivación" como causa de la ausencia de aspirantes de izquierdas. Tras las elecciones a su Sala de Gobierno de la semana pasada, en la que participan todos los magistrados, los tres puestos a elegir fueron para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Entre los candidatos más significados políticamente se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El ahora aspirante fue consejero de Justicia del PP, diputado en la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Justicia del partido a nivel nacional cuando lo dirigía Pablo Casado y se reincorporó a su puesto en la Sala de lo Penal hace poco más de un año. Antes había sido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de ese mismo partido –puesto del que tuvo que dimitir después de que la policía lo parara por conducir su moto sin casco y sobrepasando el límite de alcohol– y hombre fuerte del sector conservador del CGPJ durante el mandato 2001-2008.

Otra de las candidatas señaladas por su vinculación con el PP es María Tardón, que fue concejala en el grupo municipal de ese partido en el Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano, con el que ocupó el cargo de cuarta teniente de alcalde y responsable de la Policía Municipal. Tardón, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (moderada), ocupa actualmente el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Se trata de la única mujer en presentarse a la presidencia, lo que, según fuentes del Consejo, le da cierta ventaja para hacerse con el cargo gracias a los nuevos criterios que impone la ley de paridad.

Otros dos aspirantes también ocuparon puestos de responsabilidad en gobiernos del PP, aunque de menor importancia. Uno de ellos es el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003 durante las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Tras dejar el cargo, fue titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, donde investigó varios de los casos de corrupción más sonados de ese partido, como Púnica y Lezo. Miembro de la conservadora APM, Velasco está pendiente de que el Consejo decida si le abre expediente por unas declaraciones durante una conferencia en la que cargó contra la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), a la que acusó de darle lecciones sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El magistrado de la Audiencia de Madrid Francisco Manuel Oliver Egea, que también opta a presidir la Audiencia, formó parte de los ejecutivos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y de su sucesor, Ignacio González. Primero con un cargo menor, el de director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto, pero después, ya con González, dio el salto a otro mucho más relevante, el de director general de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, dependiente del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.

Junto a los cuatro candidatos que han ocupado cargos con el PP, se encuentran otros aupados a puestos de responsabilidad judicial por ese partido. El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, también de la conservadora APM, fue vocal a propuesta de ese partido en el mismo CGPJ del que formó parte Enrique López, en el que ocupó el puesto de presidente de la comisión de Relaciones Internacionales. González también fue magistrado de enlace en Francia, puesto para el que fue designado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. También fue magistrado de la Audiencia Nacional, donde fue apartado en 2018 de todas las causas del caso Gürtel por "amistad manifiesta" con una de las partes, el PP.

También fue consejero del Poder Judicial a propuesta del PP hasta la última renovación de este año el aspirante Juan Manuel Fernández Martínez, actual magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Antes de entrar en el órgano de gobierno de los jueces, este magistrado de la APM había sido presidente del tribunal al que ha vuelto tras acabar su mandato.

Solo dos de los ocho candidatos carecen de vínculos con el PP aunque, según fuentes del CGPJ, también pertenecen a la derecha judicial. Durante su comparecencia este martes ante la comisión de calificación de ese órgano –la que se encarga de preseleccionar a los aspirantes–, el magistrado de la Audiencia Nacional Jesús Ricardo Gutiérrez presentó como uno de sus méritos el haber cuestionado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la ley de amnistía. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz desde 2011, fue reelegido para el cargo en 2016 con el apoyo unánime del Consejo.

Fuentes del sector progresista muestran su preocupación por la ausencia de candidatos de esa sensibilidad, sobre todo tras las recientes elecciones a las salas de gobierno del Supremo, los 17 tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Las asociaciones de derechas (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se hicieron con 104 de los puestos en liza. La única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, solo obtuvo tres plazas. "Los presidentes de los tribunales y los de sus distintas salas son miembros natos de las salas de gobierno que, junto con el Consejo, forman la cúpula del Poder Judicial", advierte un juez progresista. "Si solo se presentan candidatos conservadores, la falta de pluralismo y el corporativismo seguirán ganando terreno en la carrera".