El plan puesto en práctica por el independentismo catalán para forzar la celebración de un referéndum de autodeterminación ha acabado por poner patas arriba la agenda política de la XII Legislatura de la democracia española. El segundo mandato de Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, que comenzó hace ahora casi un año marcado por los problemas sociales derivados de la política de recortes impulsada desde 2011, ha acabado desembocando en la mayor crisis territorial desde la restauración democrática hasta el punto de forzar al PP a pone fin a años de bloqueo a las demandas de reforma constitucional del resto de formaciones políticas.
La decisión de Rajoy, anunciada este miércoles por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es resultado del pulso planteado por el Govern de la Generalitat al llevar hasta sus últimas consecuencias la estrategia de sortear la imposibilidad de ejercer de forma pactada el derecho a decidir, una estrategia que está a punto de limitar el autogobierno catalán con la aplicación del polémico artículo 155 de la Constitución. Cualquiera que sea el alcance de las medidas que acabe aplicando el Gobierno para tomar el control, total o parcial de las competencias de la Generalitat, la práctica totalidad de las fuerzas políticas catalanas y españolas coinciden en que la aplicación del artículo 155 provocará inevitablemente daños en la arquitectura del Estado autonómico. Y la reforma de la Constituciuón se convierte en una oportunidad
Obligados a forzar las costuras del Estado constitucional para situar el problema de Cataluña en el centro del debate nacional, el anuncio de que PP y PSOE van a abrir el melón de la reforma de la Carta Magna representa la primera victoria de los independentistas catalanes desde que iniciaron el largo camino hacia la celebración del referéndum del 1 de octubre. En la práctica sitúa al PP en el grupo de los partidos que, en distintos grados, admiten que la Constitución de 1978 ha envejecido y debe ser sometida a revisión.
El acuerdo entre PP y PSOE, cocinado por Rajoy y Sánchez al calor del conflicto catalán, consolida además la apertura de puentes políticos entre ambos partidos que hace apenas un año eran inimaginables, especialmente en relación con el rediseño y la actualización de la ley fundamental del Estado. Y, sobre todo, aleja la posibilidad de que Podemos acabe convenciendo al PSOE de la viabilidad de presentar la moción de censura que la formación de Pablo Iglesias trata de impulsar desde que Pedro Sánchez recuperó el liderazgo de los socialistas españoles. El paradigma social y la lucha contra la corrupción, que hace un año eran los dos ejes sobre los que descansaba la discusión política en España, han quedado definitivamente arrinconados por el debate territorial.
Un buen síntoma de este alejamiento entre las dos principales fuerzas de la izquierda fue la reacción de la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, al respaldo otorgado por los socialistas a la activación del artículo 155 por parte del Gobierno. “Supone la vuelta de algo que creíamos que las primarias del PSOE y la victoria de Pedro Sánchez habían logrado desterrar, que era la triple alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos”, lamentó. Según Montero, Sánchez y los suyos han dejado claro este miércoles, con su apoyo al Gobierno y su acuerdo para reformar la Constitución, “que ha terminado el PSOE de la plurinacionalidad y de las primarias” y que “ha regresado, para desgracia del conjunto de los españoles, el PSOE de Susana Díaz que está apoyando la estrategia del porrazo y la mano dura”, informa Europa Press.
“Consensos sociales rotos”
El pacto que ha alcanzado el PSOE con Rajoy para reformar la Constitución, acusó Montero, es otra prueba más de que los socialistas creen que van a poder refundar los consensos sociales que se han roto pactando “con el partido más corrupto de Europa”. No se puede explicar, añadió, “cómo al PSOE le puede parecer que el PP, que vive fuera de la ley y que se ha financiado ilegalmente, es un buen aliado para impulsar una reforma de la Constitución”.
Está por ver si ese distanciamiento acabará también por afectar a la colaboración parlamentaria en la que estaban trabajando los diputados de Podemos y del PSOE y que en las próximas semanas debería empezar a plasmarse en iniciativas conjuntas, entre ellas un plan de rescate para los jóvenes.
La falta de acuerdo sobre Cataluña y el fin del consenso de la Transición bloquean la reforma constitucional
Ciudadanos tampoco parece del todo satisfecho con el acercamiento de PP y PSOE para reformar la Constitución. Su presidente, Albert Rivera, defendió la necesidad de cambiar la Carta Magna, pero advirtió que se opondrá a ponerla en marcha para conceder “privilegios” a los partidos independentistas y “liquidar la soberanía nacional”. “La reforma es absolutamente necesaria”, pero hay que saber “con quién y para qué”, declaró Rivera este miércoles en los pasillos del Congreso.
El escenario de la reforma constitucional tiene para el PSOE varias ventajas de orden orgánico. En primer lugar, da satisfacción a la estrategia que desde hace años ha defendido en Cataluña, prácticamente en solitario, el PSC. Su primer secretario, Miquel Iceta, celebró el anuncio del acuerdo con el PP porque “Cataluña no se encuentra en la Constitución y debe encontrarse”. Los padres de la Constitución, defendió Iceta en una reunión extraordinaria del Consell Nacional de su partido, “eran conscientes de que España es un Estado plurinacional”. Y, en segundo lugar, deja sin espacio a los dirigentes del partido que, como la presidenta andaluza, Susana Díaz, defienden la necesidad de resolver el conflicto territorial de común acuerdo con el PP.
La apertura de la reforma de la Constitución otorga, además, auxilio a Mariano Rajoy. En un contexto internacional cada vez más comprensivo con las demandas del independentismo catalán, sobre todo después de la controvertida operación policial puesta en marcha para impedir a la gente que pudiera votar, le permite ofrecer a sus socios europeos un escenario político de negociación entre partidos en el que, independientemente de su voluntad real de cambiar el diseño del Estado autonómico, cabe resolver el problema del encaje de Cataluña en España. En la batalla de la comunicación, en el que tanto el Gobierno central como el Govern catalán tratan de imponer el relato de que es la otra parte la que se niega a resolver el problema de forma pacífica y dialogada, Rajoy intenta ahora recuperar la iniciativa dejando la pelota en el tejado de los independentistas: lo que ocurra en los próximos días, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno intervenga total o parcialmente las competencias que la Constitución y el Estatuto de Autonomía reservan a la Generalitat, depende exclusivamente —según el planteamiento del presidente español— de la respuesta que Puigdemont dé al requerimiento que le ha hecho llegar este miércoles.
El plan puesto en práctica por el independentismo catalán para forzar la celebración de un referéndum de autodeterminación ha acabado por poner patas arriba la agenda política de la XII Legislatura de la democracia española. El segundo mandato de Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, que comenzó hace ahora casi un año marcado por los problemas sociales derivados de la política de recortes impulsada desde 2011, ha acabado desembocando en la mayor crisis territorial desde la restauración democrática hasta el punto de forzar al PP a pone fin a años de bloqueo a las demandas de reforma constitucional del resto de formaciones políticas.