El mismo día en el que el Patio de la Armería del Palacio Real ha acogido el segundo homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia, la Asamblea de Madrid ha decidido que no continuará analizando la hecatombe en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. Con sus votos, PP y Vox han metido definitivamente en un cajón la comisión de investigación que se derrumbó con el adelanto electoral, justo cuando se estaban empezando a llegar a conclusiones relevantes. Una decisión que ha irritado a los familiares de las víctimas, esas mismas a las que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rendía homenaje a primera hora de la mañana en el centro de la capital. Lo califican de "puñalada trapera" a los fallecidos y a sus seres queridos, y tildan de "vergüenza" el hecho de que durante el debate ni siquiera estuviesen presentes en sus escaños Díaz Ayuso o el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero. "Esto es como Chernóbil, cuando hubo un desastre y se ocultó. Se quiere tapar todo. ¿Es esto la libertad que han utilizado como eslogan?", remarcan.
Durante la pandemia han fallecido en los geriátricos de la Comunidad de Madrid más de seis millares de residentes. La inmensa mayoría, durante los meses más duros de la primera ola. Murieron en los centros, sin recibir atención hospitalaria en base a unos protocolos de exclusión elaborados por el Ejecutivo regional. Uno de ellos fue Manuel Gómez. Perdió la vida el 11 de abril, después de varios días agonizando, en la Residencia Getafe Alzheimer. "No tuvo atención hospitalaria", explica su hijo Emilio Gómez Ceto. Recuerda a su padre en el patio de entrada de la Asamblea de Madrid. Lo hace tras ver in situ el debate sobre el escrito de oposición a la comisión de investigación presentado por el PP. Algo menos de una hora de intercambio parlamentario del que ha salido profundamente dolido por el discurso conservador. "Es una forma de no respetar nuestro dolor, nuestro duelo. Mi padre tenía derecho a vivir", critica Gómez.
Comparte sensaciones José Antonio Galán. Su suegro falleció el 1 de abril de 2020 en la Residencia Adolfo Suárez, cuya gestión pública está adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid. Relata su caso mientras intenta tranquilizarse con un pitillo en la mano después de haber estado presente en la sesión plenaria. Mientras él veía cómo la derecha y los ultras confirmaban que los trabajos de investigación no se retomarían, los asientos que ocupan presidenta regional y consejero de Sanidad en la Asamblea estaban vacíos. "Si ni siquiera dan la cara en algo en lo que fueron responsables, ¿qué nos cabe esperar? ¿Es esto la libertad de la que tanto hacen gala?", señala visiblemente molesto. "Es el reflejo de que todo lo que ha pasado les da exactamente igual", coincide Gómez.
Ambos coinciden en que la hecatombe sucedida en los geriátricos madrileños debe estudiarse a fondo en la sede de la soberanía regional. Y debe hacerse, apunta Miguel Vázquez, presidente de la plataforma Pladigmare, porque es necesario determinar claramente cuáles han sido los errores para poder llevar a cabo un cambio de modelo residencial. "Esto es como Chernóbil, un desastre que se quiere tapar", asevera Galán, quien apostilla que no interesa que se sepa, entre otras cosas, el estado en el que se encontraban estos centros antes de la pandemia. Vázquez, por su parte, califica de "falta de respeto enorme" que se entierre definitivamente la comisión de investigación: "Es una puñalada trapera a las víctimas y a sus familiares". "Hoy han escupido sobre las tumbas de las 6.209 víctimas de la covid en las residencias de la Comunidad de Madrid", sentencia al otro lado del teléfono Paulino Campos, portavoz de la recién creada Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.
"Aquí se ve que tienen mucho que ocultar"
El debate que ha terminado tumbando el intento de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos de reanudar las pesquisas que quedaron a medias con el adelanto electoral arrancó a media mañana, justo tras la sesión de control al Gobierno. Los primeros en tomar la palabra en la tribuna de oradores fueron los ultras. "Durante la pasada legislatura, en la comisión, no vi interés en la izquierda en ver qué soluciones se podía dar al problema. No hicieron más que arremeter contra el Gobierno de PP y Ciudadanos", apuntó el diputado Mariano Calabuig. La abstención de Vox ha permitido que saliera adelante el escrito de oposición que plantearon los conservadores. Y eso que hasta la investidura de Ayuso la formación de extrema derecha siempre se mostró a favor de investigar lo sucedido en los geriátricos. "Queremos saber la verdad, y una comisión de la verdad es lo que haría falta", señalaba su portavoz parlamentaria, Rocío Monasterio, tras la primera ola de la pandemia.
Tras los ultras, tomó la palabra el PP. El encargado de defender que la iniciativa del bloque progresista acabe guardada en un cajón fue Alfonso Serrano, el líder de la bancada. Durante unos diez minutos, el portavoz de los conservadores acusó a la izquierda de "usar las desgracias o cabalgar sobre el dolor para hacer política". Si desde su grupo rechazan que se ponga en marcha este órgano parlamentario, apuntó, es porque Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos "ya tienen hechas sus conclusiones": "Nos piden esta comisión quienes llamaban a este Gobierno asesino, quienes buscaban retorcer lo de las residencias o los que decían que había que aprovecharse de este drama". "No vamos a aceptar lecciones de dignidad de quienes vetan sistemáticamente comisiones similares allí donde gobiernan", afirmó con contundencia Serrano.
Desde las formaciones de izquierdas criticaron con dureza el bloqueo de derecha y ultraderecha después de conocerse que existieron protocolos oficiales que prohibían la derivación de residentes si tenían un alto grado de dependencia. Unos documentos que, en atención a las cifras desveladas por infoLibre, se aplicaron. "Hoy vamos a presenciar una de las mayores vergüenzas históricas de la Comunidad de Madrid. Aquí se ve que tienen mucho que ocultar", señaló la diputada morada Paloma García. "Esto no es una comisión de la izquierda. Todas estas personas no fallecieron por su ideología, sino porque se les atendió mal en las residencias", apuntó la parlamentaria socialista Irene Lozano, quien calificó de "apartheid sanitario" el hecho de que no se derivase a los hospitales a los usuarios de la sanidad pública pero sí a los residentes con un seguro privado. Y, por supuesto, se puso el foco sobre Vox, la "derechita valiente". "Se han convertido en la mascota que Ayuso pasea por la Asamblea de Madrid", afirmó el diputado de Más Madrid Emilio Delgado.
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Comisiones de la verdad
Ha pasado ya más de un año desde que las residencias se convirtieron en el principal agujero negro de la pandemia. Y las víctimas siguen esperando que se haga justicia. No solo en Madrid, sino también en todo el territorio nacional. Porque en Cataluña, por ejemplo, casi un 72% de todos los residentes fallecidos en las residencias de esta comunidad con el virus o con síntomas compatibles con el mismo también perdieron la vida sin ser tratados en un centro hospitalario, como desveló este diario. En algunos centros catalanes, incluso, esa realidad afectó a nueve de cada diez residentes fallecidos. Las investigaciones judiciales avanzan lento. Al igual que las reformas normativas. A mediados de junio, solo Cantabria, Navarra y Castilla y León habían aprobado textos que modificaban algunos aspectos del esquema tradicional de geriátricos.
"Exigimos que en la agenda de todos los Gobiernos se produzca un cambio de rumbo en la política de servicios sociales que evite el actual maltrato institucional que se asesta reiteradamente a los derechos fundamentales de las personas mayores y dependientes", sostiene Campos. Y reclaman que todos los parlamentos –autonómicos y estatales– pongan en marcha "comisiones de la verdad", ya sea en el ámbito puro de la investigación, de los derechos humanos o desde el enfoque de los servicios sociales. "Se requiere en los parlamentos un relato exhaustivo de lo que ha sucedido en las cloacas inmundas en las que se han convertido las residencias durante la pandemia (y antes de ella). Por higiene ética y transparencia, por calidad democrática, por la verdad", sentencia el portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que aglutina a 19 organizaciones de once comunidades autónomas.