El Gobierno central presume, y con razón, de que actualmente hay más de 69.000 personas más que reciben una prestación o servicio en virtud de la Ley Dependencia que en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Los beneficiarios de algún tipo de ayuda ascendían en abril a 808.489 (de cuando son los últimos datos publicados), respecto a las 738.587 de diciembre de 2011. En el Ejecutivo aseguran que las "medidas de sostenibilidad" adoptadas –en realidad, severos recortes– han dado sus frutos.
El documento con las previsiones oficiales incluidas en el programa de estabilidad 2016-2019 [ver DPF, aquí] recoge un "ahorro" logrado con estas medidas en todas las administraciones de 2.278 millones entre 2012 y 2014, de los que 1.183 correspondieron a la Administración General del Estado y 1.095 a las comunidades autónomas. Además, los Presupuestos Generales del Estado recogen que, desde 2012, el Gobierno ha invertido, de media, 320 millones de euros menos cada año si se toma como referencia lo consignado en 2011.
La pregunta, entonces, parece obvia: ¿cómo se consigue dar atención a más personas con menos dinero? infoLibre lo analiza a continuación:
01. Los grandes recortes de 2012 y 2013
"La Dependencia no es viable. Hay que ir haciendo lo que se pueda". Mariano Rajoy lo dejó claro en una entrevista publicada en el diario El País cuatro días antes de ganar las elecciones que le abrieron las puertas del palacio de la Moncloa. En esa charla cuestionó su viabilidad bajo el pretexto de la crisis económica. Meses después, en 2012, llegó el gran tijeretazo a través de un real decreto por el que se modificaron hasta 14 artículos de la ley. Uno de esos cambios fue la reducción de un 15% como mínimo de las pagas que reciben los familiares por cuidar a dependientes, lo que se tradujo en un "ahorro" de unos 289 millones anuales.
El Gobierno también aplazó el calendario de entrada al sistema de los dependientes moderados –que solo pudieron hacerlo en julio de 2015– aunque muchos siguen todavía esperando sus prestaciones. También se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado –285 millones– y se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo, que es el importe que destinan las Administraciones por cada dependiente en función de su grado de discapacidad. También se suspendió la retroactividad en el cobro de las ayudas, el pago de la cotización a las personas que atienden a familiares dependientes y se endurecieron los criterios de acceso al sistema.
Un año después, en 2013, el Ejecutivo aprobó, también vía real decreto, la disminución de las intensidades de las prestaciones de servicios de centro de día/noche y del servicio de ayuda a domicilio y dejó la regulación de los servicios residenciales a las comunidades autónomas. ¿Qué consecuencias tuvo este recorte? Por ejemplo, la atención domiciliaria para las personas con dependencia muy grave se redujo 25 horas de promedio al mes; en las personas con dependencia severa, la reducción fue de 10 horas al mes; y en las personas con dependencia leve, la reducción fue de otras 10 horas al mes.
02. aumento del copago
La otra explicación a que haya más atenciones con menos dinero público es el copago. Los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos, según documentan sucesivos informes de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. No obstante, la gran carga del sostenimiento del sistema sigue recayendo sobre las autonomías, que financian el 62% de lo que cuesta atender a estas personas. Los datos muestran que, desde 2009, el porcentaje de dinero que aporta el Estado se ha reducido más de 21 puntos, pasando del 39,2% al 18,1%. Al tiempo que el copago de los usuarios ha crecido de forma considerable, pasando de aportar el 14,7% del coste total al 19,9%.
Este aumento del copago en dependencia se ha producido, además, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias y ha ido acompañado de la inclusión de copagos por otros conceptos como los medicamentos. Un informe elaborado por el Observatorio del sector de atención a la dependencia en España –elaborado por CCOO, UGT, y las asociaciones empresariales Fed, Lares y Aeste, a partir de los registros publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)– reveló que la media de la aportación de los usuarios había pasado de 960,88 euros en 2009 a 1.613,59, en 2013.
03. menos dependientes graves
Por otro lado, el sistema público de atención a las personas dependientes registra una tendencia a la baja en el número de personas calificadas como grandes dependientes –las que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria– que acceden a las ayudas. En abril de 2016 el número de personas valoradas con este grado III eran 364.770, el 24,11% del total. En junio de 2011, cuando se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían 438.682, el 30,69% del total. Es decir, en junio de 2011 había 88.888 personas más reconocidas como grandes dependientes que en abril de 2016.
Es cierto que los datos de 2011 aún no habían pasado por el tamiz del Tribunal de Cuentas, que evaluó la gestión de la ley y que en 2013 dictaminó que había en el sistema 13.418 expedientes que estaban duplicados o que pertenecían a personas ya fallecidas. Sin embargo, aunque se diera el caso poco probable de que todos esos expedientes pertenecieran a personas evaluadas como grandes dependientes, la diferencia seguiría siendo significativa. En ese caso, habría 60.494 personas menos valoradas con grado III en abril de 2014 respecto a junio de 2011. Entre tanto, el número de valorados con grado I ha pasado de 155.657 (10,89% del total) a 389.737 (25,76%).
La disminución de personas valoradas con el grado III es provechosa para el Estado en términos económicos porque se reduce la cantidad de dinero que tiene que desembolsar al ofrecer servicios de menor intensidad y coste. Un dependiente leve no tiene derecho a una plaza residencial, que es una de las prestaciones más costosas tanto en términos de personal como de material (1.600 euros de media). Para ellos están reservados servicios como la atención en su domicilio, en un centro de día o la teleasistencia –un dispositivo que llevan los ancianos que viven solos para avisar si tienen un percance– y que, en cinco años, han pasado de utilizar 107.848 personas (12,13% del total) a 145.488 (14,63%).
05. Más personas en lista de espera
La otra cuestión controvertida es la ya abultada lista de espera. Durante la pasada legislatura el Gobierno del PP presumió de la paulatina reducción del número de personas con derecho reconocido que permanecían a la espera de un servicio o prestación. Ahora, esa lista se ha vuelto a desbocar por la entrada –tras dos atrasos– de los dependientes moderados y ha alcanzado niveles superiores a los que heredó el PP. En abril de 2016 eran 395.661 las personas que estaban en esta situación de espera. El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, considera que con el presupuesto actual "se tardarían 25 años en atender a estas personas".
En 2014, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, alertó de que se estaba produciendo una "demora inaceptable" en los abonos de las prestaciones reconocidas como consecuencia de la "carencia de presupuesto". En este hecho también ha incidido la limitación de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas que el Gobierno aprobó en 2012. Desde entonces, un beneficiario –más del 53% tiene más de 80 años– puede estar hasta dos años en la lista de espera teniendo una ayuda reconocida y no recibir ni euro ni tampoco ningún servicio. Hasta la entrada en vigor de ese decreto, las ayudas se daban con efecto retroactivo desde el momento en que estas fueran otorgadas.
Durante la última legislatura, el Observatorio de la Dependencia de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales ha atribuido el descenso en la lista de espera –se redujo más de la mitad entre diciembre de 2011 y junio de 2015, antes de la entrada de los de grado I– a las personas que fallecían mientras esperaban recibir esa ayuda o prestación reconocida y a las que era excluidas de cualquier cobertura al considerar que su grado de dependencia era leve. Este colectivo basaba este análisis en el hecho de que la reducción de la lista de espera no fuera aparejado un aumento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de un grupo a otro.
06. cuidadoras sin cotización
El decreto aprobado en el verano de 2012 incluyó también la suspensión de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente. Cuando el Gobierno socialista aprobó en 2007 la Ley de Dependencia estas cotizaciones se presentaron como un complemento precisamente para aquellas mujeres que dejaron el trabajo para cuidar de sus mayores o de familiares discapacitados. Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener en el futuro una pensión.
Más de tres años después de la puesta en marcha de este recorte –aunque se aprobó en verano, entró en vigor en diciembre de 2012– las cifras evidencian cómo la mayoría de estas personas desaparecieron de los registros de la Seguridad Social. En julio de 2012, en el punto más álgido de la serie, eran 180.021 las personas acogidas a este convenio. En mayo de 2016 apenas eran 10.346 las que se pagaban de su bolsillo la cotización. De ellas, un 90% son mujeres y una de cada dos tiene más de 56 años.
El Gobierno central presume, y con razón, de que actualmente hay más de 69.000 personas más que reciben una prestación o servicio en virtud de la Ley Dependencia que en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Los beneficiarios de algún tipo de ayuda ascendían en abril a 808.489 (de cuando son los últimos datos publicados), respecto a las 738.587 de diciembre de 2011. En el Ejecutivo aseguran que las "medidas de sostenibilidad" adoptadas –en realidad, severos recortes– han dado sus frutos.