Putas, drogas y políticos, la suma de la corrupción que todo el mundo entiende
Don Angelo, avenida de la Palmera en Sevilla, media mañana del 8 de octubre de 2018. El hoy presidente de la Junta de Andalucía arrancó la campaña electoral de las andaluzas de aquel año en la puerta del prostíbulo en el que la noche del 22 de marzo de 2010 Fernando Villén, por entonces director de la extinta Fundación para el Empleo Faffe, realizó, en apenas seis horas, 15 cargos con su tarjeta black. Cuando salió del club, el directivo del Gobierno andaluz había gastado 14.737 euros... de dinero público.
En total, se pagaron unos 32.000 euros en otros burdeles con aquella tarjeta de representación a cargo de la Consejería de Empleo, la misma que por esas fechas cavaba su crédito con el caso de los ERE fraudulentos que firmaba Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo. Su chófer relató a la Policía que parte de los 900.000 euros que cobró los destinó en “ir de fiestas y copas” y en comprar cocaína para su jefe.
La historia está escrita: tras aquella campaña y gracias al apoyo de los diputados de Vox, Juan Manuel Moreno Bonilla se convirtió en presidente en la comunidad que se le resistía al PP. El pasado junio, revalidó su cargo con mayoría absoluta.
Guerrero falleció en 2020, el caso de las tarjetas de la Faffe sigue pendiente de juicio y, apenas dos meses después de aquel comentadísimo arranque de campaña, una retroexcavadora derribó el Don Angelo. En su lugar, se levantó la primera autofarmacia de Sevilla: hoy se venden condones donde ayer eran cortesía de la casa. Ni en un guión de Sorrentino.
La sinécdoque en política
Década y media después, el gasto en putas, juergas y cocaína perpetrado por aquellos personajes es el escupitajo que a cada poco le lanza la derecha al PSOE andaluz. O al PSOE en general. En política, se estila la sinécdoque.
Por lo que se conoce hasta ahora, las similitudes de la trama del Caso Mediador, que involucran directamente al ex diputado Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, con el Caso ERE o la Faffe son remotas, pero la repetición de la suma prostitutas + cocaína + político ha devuelto a la palestra una de las caras más zafias y condenables de la corrupción política.
En ésta, según las pruebas gráficas que ya obran en poder de la magistrada que instruye el caso, figura la explotación sexual de mujeres. Las imágenes de Fuentes Curbelo sin camiseta y del mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte en una habitación con dos mujeres, supuestamente prostitutas, se han hecho virales.
“Soy una persona muy afectiva”, ha excusado el exdiputado canario que también ha indicado que estas fotografías “están dentro del ámbito personal" y no contiene ninguna “ilicitud”. Su trayectoria política, lo retrata, en este perfil de Antonio Ruiz Valdivia, como un diputado que no ha aportado nada en el Congreso.
Hasta ahora.
En plena campaña del 28M que Génova entiende como un plebiscito contra Pedro Sánchez, todo lo que sale (o se presume) sobre el Tito Berni representa munición de primer grado para la oposición. Como ha razonado Ángel Munarriz, “si funcionó una vez, ¿por qué no otra?”.
La ecuación que todo el mundo entiende: putas, drogas y dinero público
Presuntamente, la trama desmantelada por la Policía Nacional y la Guardia Civil el pasado 14 de febrero pagó facturas de fiestas y cenas a Fuentes Curbelo, algunas de esas reuniones habrían tenido lugar en plena pandemia y habrían servido para que el cargo electo del PSOE negociara el cobro de comisiones con empresarios interesados en hacerse con subvenciones y concursos públicos del Gobierno de Canarias. Según el sumario del caso, los pactos se sellaban después en fiestas con prostitutas.
Los investigadores y numerosos medios reconstruyen estos días al detalle quiénes –y aquí ya hay una lista de querellas anunciadas-, cómo y por qué se relacionaron en esta trama con el exdiputado, con el medidor y con el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama corrupta y, a día de hoy, el único entre rejas.
El asunto ha llegado a los grupos de whatsapp, a los corrillos y a las conversaciones de esos a quienes que, aparentemente, les importa un bledo la política “porque todos son iguales”.
El proceso a Berlusconi, el paradigma
Este nuevo caso que erosiona, una vez más la honorabilidad de las instituciones, podría resumirse en cuatro puntos: corrupción política, consumo de prostitución, control de la agenda de actividades de los servidores públicos y, por último, la libertad de información versus el derecho a la intimidad.
El caso paradigmático que reúne estos cuatro ejes es el proceso a Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro de Italia, dueño de Mediaset y amigo íntimo de Vladímir Putin.
En aquel juicio, uno de los más de 40 que atesora en su haber judicial por su hoja de servicios, Il Cavaliere debía responder a un proceso penal por proxenetismo. El lugar de operaciones fue su mansión en Cerdeña, Villa Certosa, hasta la que el Estado italiano fletaba vuelos para que magnates, oligarcas y depravados de alto standing se sirvieran en las famosas bunga bunga de los servicios sexuales de prostitutas y velinas (bailarinas, vedettes y presentadoras de su televisión italiana), muchas de ellas menores. El empresario de Bari Gianpaolo Tarantini era el encargado de organizar estas fiestas para Berlusconi, que buscaban, a la par, lograr favores políticos, enchufes y contratos. “La prostitución y la cocaína son la llave del éxito en la sociedad”, aseguró Tarantini al ser juzgado por corrupción, inducción a la prostitución y cesión de cocaína.
El mundo entero conoció parte de lo que ocurría en esas fiestas en junio de 2009 gracias a un reportaje en exclusiva en El País. El abogado de Berlusconi, fundador del partido conservador Forza Italia, demandó al periódico con el argumento de que se trataba de una invasión en su privacidad. En algunas de las imágenes —vetadas en Italia— se veía a mujeres tomando el sol en topless y a hombres completamente desnudos a su lado.
Para El País, la publicación de fotografías sobre las actividades del primer ministro italiano en su casa de Cerdeña no vulnera el derecho a la intimidad sino que ilustra una forma de ejercer el poder.
El caso es uno de los más utilizados en las facultades de Periodismo “como un ejemplo de la prevalencia de la libertad de información sobre la intimidad”, apunta Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.
Y quizás el espejo más icónico en que alguna vez se han mirado corruptos de todo el mundo. Quizás sólo cambie el acento, la moneda y el nivel de decrepitud.
“En su día el resto de países lo tomamos un poco a guasa, que estas cosas sólo pasan en Italia. Pensábamos que esta enfermedad era propia de Italia, pero ya vemos que no”, apunta Víctor Lapuente, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford y catedrático en la Universidad de Gotemburgo y ESADE y uno de los grandes investigadores sobre las distintas caras de la corrupción con títulos como Organizando el Leviatán (Deusto, 2018) o La corrupción en España. Un paseo por el lado oscuro de la democracia y el gobierno (Alianza editorial, 2016).
El coste político de la corrupción
Los estudios reflejan la prevalencia de ese debate acerca de la reacción de los votantes a la corrupción. “Se puede convertir en una ventaja para la movilización cuando los simpatizantes del partido político salpicado por el caso concreto de corrupción sienten que están siendo agraviados injustamente o bien pueden reaccionar con la desmovilización del electorado, quedándose en casa”, opina Lapuente.
En Brasil, hay un dicho extendido: Rouba mas fa. El origen está en Ademar Pereira, que, a principios del siglo pasado se convirtió en alcalde de São Paulo utilizando este eslogan. 60 años más tarde otro político brasileño, Paulo Maluf, utilizó el mismo reclamo… Y también ganó.
Lapuente trae al recuerdo esta anécdota para ilustrar que se detecta en los estudios una “tolerancia a la corrupción cuando implica la colocación de familiares o personas cercanas”. Esa red clientelar que se expande a medida que se asientan las estructuras en el poder y que sirve, pareciera, para mantener engrasada la maquinaria cuando en realidad es el gusano que todo lo pudre.
En su estudio, El doble rasero en la tolerancia a la corrupción, Eva Anduiza, profesora de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona, abre una puerta a la esperanza: “El doble rasero desaparece cuando los ciudadanos tienen niveles altos de conocimiento político”.
En Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre políticos y burócratas mejora los gobiernos (Deusto, 2018, con Carl Dahlstrom), uno de los trabajos de Lapuente, el investigador defiende que es en los países donde los funcionarios de las burocracias públicas son reclutados por sus méritos funcionan mejor que aquellos donde los empleados públicos deben sus puestos a conexiones políticas. Son gobiernos de alta calidad, que actúan con imparcialidad, no incurren en prácticas corruptas y usan los recursos públicos disponibles de manera eficaz.
Con la prudencia de quien no conocer a fondo la investigación, bajo secreto de sumario, estas prácticas de buen gobierno no casan con lo que se sabe hasta ahora de Fuentes Curbelo. Además, hay un elemento diferenciador este caso: la prostitución, que a ojos de la opinión pública lo haría más censurable.
“Culturalmente está muy mal visto en otros países, pero en España hay todavía una tolerancia hacia la prostitución demasiado elevada, hay un grado de tolerancia que dista mucho, por ejemplo, a la vanguardia que hemos impulsado en protección de minorías. En otros países del entorno europeo, lo más puede ser comprar voluntades con la invitación a un partido de hockey pero nunca a un prostíbulo… Aún menos lo haría un político, un cargo electo”, opina Lapuente.
Estos días se habla, en los corrillos de periodistas, sobre todo los andaluces, que han relatado la crónica política de los casos de corrupción, sobre la pervivencia (o no) de estas prácticas en las nuevas generaciones de políticos, como si hubiera una barrera imaginaria en la entrada de un prostíbulo a los nacidos desde la Transición.
“Quiero pensar que es así pero no sé hasta qué punto esta percepción se sostiene en datos”, sostiene Lapuente.
Aquí los datos: la encuesta más reciente a nivel nacional la realizó el INJUVE para el Informe Juventud en España 2020. El 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoció haber consumido prostitución (el 4,8% más de una vez en su vida), el 3,9% de los chicos de 25 y 29 respondió que lo había hecho más de una vez.
La última vez que el CIS preguntó por el consumo de prostitución fue en 2008. Hace ¡15 años!
Entonces, un tercio de los hombres (el 32,1%) reconoció haber pagado por mantener relaciones sexuales, el 10,2% señaló que solo había pagado una vez en su vida y otro 21,9% reconoció que habían sido más veces.
Estamos entre los tres países del mundo que más prostitución consume y según datos de la Fiscalía, la industria de la trata y la prostitución, mueve más de cinco millones de euros al día.
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En el sesgo de los puteros políticos con dinero público, Lapuente no ve una cuestión de ideologías y sí subraya que, “por el contrario, los estudios nos dicen que son los votantes de izquierdas los menos tolerantes con los comportamientos corruptos que los votantes de derecha”.
La periodista Paula Corrotto también dejaba una reflexión que redondea este caso: “Los negocios se hacen en sitios en los que normalmente no estamos las mujeres haciendo negocios. Y eso dice mucho también de la igualdad y etc y etc”.
Ajá. Eso da para otro artículo.
