El año que viene se cumplirán 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución. 40 años. Media vida humana, pero apenas la primera infancia de una democracia. España se incorporó tarde a la libertad, tras casi cuatro décadas de una dictadura fundada sobre la brutal interrupción de la experiencia republicana. Hoy es una democracia joven integrada en la Unión Europea, plenamente reconocida, cuyo funcionamiento se basa en un sistema equilibrado de poderes formalmente independientes sujetos a escrutinio público y crítica libre. Garantías, derechos, libertades, voto. Está todo. Las disfunciones del sistema son múltiples e inocultables: de la incapacidad constante para atender derechos recogidos en la Constitución –vivienda digna, trabajo– a la corrupción, pasando por las injerencias del poder político –y del económico– en el resto de poderes del Estado. Pero el propio sistema prevé los mecanismos para detectar y corregir estas averías. Una democracia.
Y, sin embargo, la sombra del franquismo es pegajosa. Los cronistas extranjeros incorporan el franquismo a sus crónicas casi como un elemento de contexto sin el que fuera imposible entender a fondo los hechos, sobre todo en relación a la crisis política en Cataluña. El independentismo catalán y Podemos, tercera fuerza política española, presentan con frecuencia los males de España como producto de un ADN franquista que condicionaría su naturaleza, desde la cabeza del Estado –el rey– hasta su política internacional –las bases estadounidenses en suelo español–, por mencionar dos grandes ámbitos políticos.
Este lunes, 20-N, se cumplen 42 años de la muerte del dictador. ¿Queda algo de aquel régimen suyo? infoLibre ha buscado respuestas desde los puntos de vista historiográfico, sociológico, politológico, jurídico, religioso, educativo... Sobresalen varias conclusiones. No hay nada, según los analistas, estructuralmente franquista en España, ni siquiera por herencia. Ni en la sociedad ni en la política. Pero sí resabios, tics, puertas cerradas, líneas rojas, tabúes. Leyes hasta ahora intocables, como la de amnistía. Superado el franquismo, sus proyecciones sí son observables en diversos ámbitos de la vida pública, fundamentalmente dos: las dificultades para el reconocimiento de las víctimas de la dictadura y los privilegios de la Iglesia católica, de raíz nítidamente predemocrática. Se multiplican además las alertas ante la emergencia de un nacionalismo español excluyente teñido de autoritarismo, que ha encontrado un catalizador en la crisis catalana.
Hay una coincidencia generalizada en el diagnóstico sobre el fracaso de España a la hora de dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo. Los asesinados llevan ya más años enterrados en fosas comunes en democracia que en dictadura. Pero hay más aspectos cuestionables: el rol privilegiado de la Iglesia, el uso beligerante de la simbología nacional, la resistencia a completar la modernización de instituciones básicas... La politóloga Paloma Aguilar advierte además, al hilo del conflicto catalán, de una "obsesión por el orden público" del Gobierno (PP). Otras manifestaciones de esas reminiscencias franquistas son más sutiles. Cita Aguilar, entre otras, "la falta de penalización electoral a los partidos por sus prácticas corruptas, la poca participación de los ciudadanos en la política y la consiguiente poca vigilancia de sus gobernantes, y una visión benévola, o al menos no suficientemente crítica, de lo que fue la dictadura franquista y de las consecuencias deletéreas que tuvo sobre España". "No se hizo pedagogía política sobre lo que había significado para nuestro país la guerra, el exilio y la dictadura, y eso explica el éxito de algunas publicaciones que exaltan al dictador y a su régimen, el poco consenso que existe en España respecto al pasado y la pervivencia de mitos en ambos lados del espectro ideológico, pero sobre todo en la derecha", añade.
1. Una dictadura amnistiada
El historiador José Luis Gutiérrez Molina, especializado en el anarquismo y la historia social contemporánea de Andalucía, recuerda que, como militante de la CNT en la clandestinidad, recibió con alivio la ley de amnistía de 1977. Con el tiempo ha ido cambiando el punto de vista. "Nadie se dio cuenta, o si se dio cuenta yo no recuerdo que lo dijera, de que en lo que debía ser una ley de amnistía se estaba colando una ley de punto final", señala Gutiérrez Molina con la perspectiva que da el tiempo. La vigencia de esta ley ampara algunas de las manifestaciones de impunidad del franquismo más ofensivas para sus víctimas. Ahí está el tantas veces citado caso del policía Antonio Fernández Pacheco, alias Billy El Niño, acusado de torturas por infinidad de víctimas, que se pasea limpio de cargas penales. El fracaso del juez Baltasar Garzón en su intento de investigar los crímenes del franquismo desde la jurisdicción penal española o el recurso a la justicia argentina de familiares y víctimas del régimen aquilatan la idea de que la democracia española se asienta sobre el pilar del silencio sobre los horrores de Franco. Se pasó, no en vano, "de la ley a la ley", en expresión de Torcuato Fernández Miranda. No hubo ruptura, sino transición. De ahí que aún sigan vigentes las sentencias políticas de los tribunales franquistas, pese a dictarse sin garantías procesales de ningún tipo. De ahí que la bandera republicana –totalmente democrática– sea comparada por la derecha con la bandera franquista del Águila de San Juan por ser ambas "preconstitucionales". El partido político más poderoso de España, el PP, da pie a una especie de equidistancia entre la Segunda República y la dictadura, ambas igualadas a presentarlas como un pasado que es preferible no remover.
El principal problema, según denuncian las asociaciones de víctimas y familiares, no ha sido que la democracia no se haya empleado con suficiente esmero en desmontar el edificio jurídico del franquismo. El problema ha sido la desatención a las víctimas. Claro, su reconocimiento implicaba el señalamiento de unos victimarios que la democracia había decidido no perseguir. "Los asesinatos de los republicanos no han sido investigados en sede judicial (los de los franquistas sí lo fueron) ni por una comisión de investigación independiente (como sí lo han sido en otros países). Muchos de ellos siguen enterrados en cunetas y el Gobierno del PP una de las primeras cosas que hizo fue eliminar de las partidas presupuestarias las ayudas para las exhumaciones y traslado de restos", expone la politóloga Paloma Aguilar, teórica y estudiosa de las políticas de memoria histórica. En España los jueces no se personan jamás en las fosas comunes, a pesar de que los restos presentan signos inequívocos de violencia, recuerda Aguilar. No hubo, asegura, "ni verdad, ni justicia, ni reparación". La propia ONU apremia a España a afrontar de una vez por todas el genocidio escondido en las cunetas.
Por supuesto los motivos son políticos. La transición, señala Aguilar, "no llevó a cabo suficientes transformaciones en algunas instituciones heredadas de la dictadura y permitió que actores que procedían del régimen anterior tuvieran un papel protagonista en la democracia". La ley de amnistía vino a desplegar un enorme "poder simbólico" que aún persiste. "Contrariamente a lo que ha sucedido en muchos países en los que las leyes de amnistía han acabado derogadas, en España las probabilidades de que esto ocurra son casi nulas", afirma Aguilar, para quien dicha ley, nacida en teoría para liberar “a los pocos presos políticos existentes, para devolver a sus trabajos a quienes habían sido expulsados por motivos políticos o para permitirles, al menos, el cobro de las pensiones que les habrían correspondido, ha terminado por impedir la investigación judicial de las atrocidades" cometidas durante el franquismo.
La simbología y la exaltación franquistas perviven sobre esta base político-jurídica. "En España no hay un museo dedicado a la guerra civil ni a la dictadura, lo que extraña mucho a nuestros visitantes extranjeros. Es una prueba más de la poca voluntad política de abordar estos temas de una forma directa", añade Aguilar. Pese a la aprobación en 2007 de la ley de memoria histórica, es frecuente la resistencia a su aplicación. Un ejemplo entre muchos: el Ayuntamiento de Madrid está encontrando todo tipo de obstáculos, políticos pero también legales, para retirarle una calle a Millán Astray. Gonzalo Queipo de Llano, general golpista y líder de la feroz represión en el sur de España, sigue enterrado en la basílica de la Macarena mientras Blas Infante, notario considerado "Padre de la Patria Andaluza", continúa en una fosa común con su sentencia de muerte vigente. Fundaciones en honor a Franco, Queipo de Llano y Serrano Suñer homenajean el alzamiento militar del 36 y la dictadura. Cada poco tiempo se descubre que Franco, o alguno de sus generales, mantiene la distinción de hijo predilecto o adoptivo de alguna institución democrática. En cuatro décadas no se ha articulado un mínimo consenso para despojar al Valle de los Caídos de su condición de monumental homenaje a los ganadores y agravio a los vencidos.
"España no ha hecho los deberes. Los fusilados en las cunetas son el primer problema de este país", enfatiza Ian Gibson. "Estamos en la UE, esto es una democracia. Es una vergüenza no haber solucionado este problema", añade el hispanista y biógrafo de Federico García Lorca. A su juicio, este déficit contamina todo lo demás, desprestigia a España ante el mundo. Es una losa. Gibson cree que el partido que tiene que dar el gran paso es el PP. "El problema", concluye, "es que algunos piensan, como dijo Mayor Oreja, que fue una época de extraordinaria placidez". El historiador Gutiérrez Molina pone sobre la mesa un desafío político para ir derribando muros: que una alta autoridad del Estado acuda a una exhumación de cuerpos en una fosa común. "Ni Zapatero, que impulsó la ley, estuvo. No hablemos ya de Rajoy. Pero es que en Andalucía, donde hay bastantes exhumaciones, tampoco va Susana Díaz", señala.
2. Catequistas en el aula con salario público
Con un punto de mala leche, Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social y Cultural, afirma que España "ha pasado del nacional-catolicismo al municipal-cofradierismo". Se refiere a la afición de cargos públicos de todo pelaje a situarse junto al palio, o bajo la cruz, o tras el obispo, en las más variopintas ceremonias religiosas. Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, está lejos de considerar anecdótica esa forma del poder civil de entreverarse con el religioso. Cuando un ministro jura un cargo sobre una biblia, cuando un concejal sale en procesión tras un cristo, cuando un alcalde le impone una medalla a una virgen, Gómez observa resabios franquistas. "Carmena, que había despertado expectativas en sectores progresistas, al final ha caído en lo mismo de siempre. O Kichi, en Cádiz", señala Gómez, que destaca como "excepción" la resistencia del alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, a las "presiones de todo tipo" para acudir a las ofrendas al apóstol. "No es fácil", valora Gómez. En el PP, Ciudadanos y buena parte del PSOE el tema ni siquiera genera dudas.
Al igual que, en la cuestión de la memoria histórica, la ley de amnistía sustenta la falta de reconocimiento de las víctimas, en el asunto religioso también hay textos legitimadores de las políticas que privilegian a la Iglesia. Está el artículo 16 de la Constitución, que nombra a la Iglesia católica. Pero la Constitución es lo contrario de un texto franquista; es el primer texto democrático. Sí es franquista el Concordato del Estado español con la Santa Sede de 1953, reformado en 1976 y 1979. "Uno de los restos más importantes del franquismo son los privilegios de la Iglesia católica. Que nadie haya querido denunciar el Concordato es todo un ejemplo. Que el Gobierno del PP propusiera en 2014 para eliminar puentes mantener festivo el día de la Inmaculada 8 de diciembre y convertir en laborable el día de la Constitución, 6 de diciembre, pone en evidencia las prioridades políticas del PP y hacia dónde se inclina el fiel de la balanza", señala el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida.
Antonio Gómez, de Europa Laica, insiste en el carácter predemocrático del estatus de la Iglesia católica en España. Y lo explica mirando hacia el pasado. "El Vaticano fue el primer Estado que reconoció al franquismo. La Iglesia católica no sólo apoyó al franquismo. Fue una fuerza beligerante decisiva para su victoria. Esto que no se olvide. Y hoy día tenemos una estructura de relaciones Iglesia-Estado que es una prolongación de la franquista", expone Gómez. Las masivas inmatriculaciones de bienes de la Iglesia se realizaron al amparo de una legislación franquista que fue bendecida por la democracia. Tanto el Congreso como los tribunales han mantenido unos privilegios fiscales de las instituciones eclesiásticas fundados en la época dictatorial.
A juicio de Gómez, el área en la que más claramente se manifiesta la continuidad franquista de las relaciones Iglesia-Estado es la educación. "Hay 18.000 catequistas católicos en las escuelas españolas, que algunos llaman profesores de religión. Esta escuela concertada religiosa, esta red educativa financiada con fondos públicos pero al margen de la red pública, constituye hoy el principal factor de segregación social en España", denuncia Gómez.
3. Patriotismo a banderazos
El constitucionalista Francisco Bastida, investigador especializado en derechos fundamentales, apunta a un problema endémico de la democracia española: "la apropiación partidista de símbolos constitucionales para darles un contenido preconstitucional propio del nacional-catolicismo". No es ningún secreto que la izquierda española tiene prevenciones serias con la bandera y el himno de España. ¿Son franquistas la bandera y el himno, acaso? Desde luego que no. ¿Es franquista el nacionalismo español, en auge con la crisis catalana? No tiene por qué serlo. El problema, según Francisco Ramírez, presidente del Observatorio contra la LGTBIfobia, es que cuando el nacionalismo español se explaya y se exacerba, es frecuente que apareje manifestaciones claras de intolerancia. Por ejemplo, contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales... "La homofobia forma parte de la ideología natural de ese nacionalismo excluyente", señala.
Ahí es donde podría estar la herencia del franquismo, que persiguió con saña cualquier desviación de la moral sexual impuesta por el catolicismo. En realidad, la cultura de la exclusión de cualquier identidad diferente es muy anterior al franquismo, aunque el régimen la convirtió en seña de distinción. "La identidad nacional española, a diferencia de la francesa, nace de una religión excluyente, con el catolicismo como gran cuestión nacional y la expulsión de los judíos por parte de los Reyes Católicos en su origen. Nunca ha habido en España una masa burguesa suficiente que optase por otra ideología nacional dominante", señala Antonio Gómez, de Europa Laica. A su juicio, este sesgo histórico deja a los nacionalistas vía libre para "un uso beligerante" de símbolos que deberían ser de todos. Un vicio franquista, en su opinión. Lo ilustra con el ejemplo de Santiago Apóstol, Patrón de España. "No deja de ser Santiago Matamoros, representado a caballo matando moros. Mientras tanto, en Francia el gran símbolo es Marianne, con el gorro frigio, enarbolando una bandera republicana", afirma Gómez.
Estos condicionantes hacen difícil que la celebración de la Toma, que cada 2 de enero conmemora la conquista católica de Granada, no venga cargada de connotaciones franquistas. Año tras año la fiesta se convierte en una excusa para que la extrema derecha salga a la calle. Numerosos observadores están alertando de que la crisis catalana está dando a estos sectores más oportunidades para hacerse ver y oír. Francisco Ramírez, del Observatorio contra la LGTBIfobia, comparte esta impresión: "Es cierto que con la crisis catalana se están visibilizando más elementos de extrema derecha". Pero no cree que Cataluña sea el único desencadenante. Es más, aprecia una creciente relajación de la reacción social ante manifestaciones ultramontanas. Un fenómeno que viene de atrás y que va a más. "Creo que el autobús de Hazte Oír hace algunos años hubiera tenido menos aceptación y menos repercusión", apunta. La pregunta es si el clima político y social de máxima polarización propiciado por la crisis en Cataluña permitirá seguir avanzando a las prácticas y los discursos reaccionarios.
4. Orden, injerencias y anquilosamiento
¿Está o no está el franquismo presente en la sociedad española? "Desde luego, no tanto como se dice", responde la politóloga Paloma Aguilar. Es más, cree que algunos medios internacionales han seguido alimentando, "por desconocimiento o por pereza, una leyenda negra sobre España" que no se corresponde con la realidad. Pero Aguilar no es en absoluto complaciente en el examen de la cuestión, sobre todo en relación con la respuesta del Gobierno a la crisis en Cataluña. Observa por ejemplo "una tendencia excesiva a tratar como problemas de orden público cuestiones que realmente no lo son y a utilizar la fuerza de forma desmedida ante actuaciones que, aunque ilegales, tenían un carácter pacífico". "Por otra parte, las imputaciones por delitos de rebelión contra algunos de los responsables del procés, por mucho que se trate de figuras delictivas vigentes en el Código Penal, han hecho saltar algunas alarmas por el abuso que se hizo de ellas en el franquismo. Las situaciones son completamente diferentes, pero muchos juristas consideran injustificadas y desmedidas estas imputaciones", agrega. Aguilar ve "desacertados" los "paralelismos" entre los presos por el procés y los de la dictadura.
La politóloga cree fundamental poner las instituciones democráticas a salvo de injerencias. La gran herramienta para mantener lejos el aliento del régimen superado con la Constitución es garantizar la separación de poderes. Menciona la necesidad de alejar la Fiscalía y el Tribunal Constitucional del poder político. Y añade: "Hay instituciones que se han reformado insuficientemente desde la dictadura, lo que no quiere decir que sean autoritarias, pero sí que no se han adaptado completamente a las nuevas circunstancias: parte del sistema judicial, algunas Reales Academias... También habría que transformar más profundamente la formación que reciben las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lograr que las instituciones que ya existían en la dictadura, aunque profundamente reformadas en la actualidad, hagan alguna autocrítica y democratizar el acceso a los archivos y a la información de carácter oficial". La ley de secretos oficiales vigente fue aprobada en 1968 y modificada levemente en 1978.
"Del franquismo quedan aún muchos restos, físicos e ideológicos, porque 40 años de dictadura no desaparecen por ensalmo, máxime cuando la transición política fue fruto de un pacto con personalidades del régimen", resume Francisco Bastida. Lo preocupante, a su juicio, es que "hay una masa importante de votantes y militantes del PP que, sin ser necesariamente nostálgicos del franquismo, sí comulgan con su ideario ultraconservador, que por otra parte es el mismo que anida actualmente en los populismos de extrema derecha" de no pocos países europeos. "Si en España ese populismo no está organizado en un partido específico y diferenciado es porque está absorbido en el PP", opina. El ejemplo más clamoroso sería que la Fundación Francisco Franco llegara a obtener financiación pública con José María Aznar en el Gobierno. Con respecto a la dificultad de determinadas instituciones para dejar atrás definitivamente el régimen anterior, Bastida se muestra optimista: "En el aparato del Estado la biología y las jubilaciones anticipadas han permitido una renovación casi completa del funcionariado y en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en beneficio de su profesionalización. Lo mismo en el poder judicial".
5. Juventud y calidad democrática
En Marea plantea publicar los nombres de condenados políticos del franquismo y anular sus juicios por ley
Javier González, secretario del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, realiza una precisión como punto de partida: una cosa es un déficit de calidad democrática y otra un una expresión del franquismo. "El franquismo se refiere a un régimen con características totalitarias que bajo ningún concepto responde a la sociedad de hoy. Eso es patente. Vivimos en una sociedad plural, ideológica y políticamente", subraya. Ahora bien, son perfectamente observables en España lo que González llama problemas de "falta de calidad democrática". Y ahí señala expresamente a las carencias de las políticas de memoria: los muertos en las cunetas, la resistencia a aplicar la ley de memoria... Pero también, por ejemplo, la "ley mordaza". "Hay que diferenciar. Es una ley de un partido que ganó democráticamente. Aquí no se puede decir que es una ley franquista. No lo es en absoluto", insiste. González es de los que cree que, cuando se manejan grandes palabras –y "franquismo" lo es– hay que andarse con sumo cuidado.
Sí ve, en cambio, una "reminiscencia patente" del franquismo en los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Y, en un análisis más profundo, también en el "intento permanente" del Gobierno de "acaparar todos los poderes": económico, judicial, mediático... Un momento, ¿no se da ese intento en todas las democracias? Sí, responde González. El problema de la española es que es una democracia aún joven, más expuesta a nostalgias y, por lo tanto, a regresiones. "No olvidemos que Fraga, ministro con Franco [y fundador de Alianza Popular, el antiguo PP] , presidió Galicia ganando democráticamente", subraya.
La vía para superar estas limitaciones es –además del tiempo– la promoción de los valores democráticos. Pero aquí precisamente nos topamos con lo que, a juicio de González, es "el principal problema de calidad democrática en España": la educación. "Es imprescindible reclamar esa asignatura pendiente, me da igual cómo se llame, que nos explique, ¡igual que se explicaba el catecismo!, qué es la Constitución, de dónde viene, cómo se fraguó... Eso no se consigue en un día, hace falta un periodo cultural", señala. Por eso, dice, hay que empezar ya. En la misma dirección se mueve Jesús Alcolea, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. "El Estado español, después de cuatro décadas de democracia, no acaba de tener muy claro qué es la democracia", afirma. Es un problema determinado por la "juventud" de dicha democracia, en la que ha faltado –Alcolea sí le pone nombre a la materia– "educación para la ciudadanía".
El año que viene se cumplirán 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución. 40 años. Media vida humana, pero apenas la primera infancia de una democracia. España se incorporó tarde a la libertad, tras casi cuatro décadas de una dictadura fundada sobre la brutal interrupción de la experiencia republicana. Hoy es una democracia joven integrada en la Unión Europea, plenamente reconocida, cuyo funcionamiento se basa en un sistema equilibrado de poderes formalmente independientes sujetos a escrutinio público y crítica libre. Garantías, derechos, libertades, voto. Está todo. Las disfunciones del sistema son múltiples e inocultables: de la incapacidad constante para atender derechos recogidos en la Constitución –vivienda digna, trabajo– a la corrupción, pasando por las injerencias del poder político –y del económico– en el resto de poderes del Estado. Pero el propio sistema prevé los mecanismos para detectar y corregir estas averías. Una democracia.