Manuel Moix, que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio como fiscal jefe de Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá, se enfrenta ahora a una querella criminal. La asociación Contratrama presentó este lunes un escrito en el Tribunal Supremo acusándolo de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Los querellantes consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según consta en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.
Tras su dimisión a causa del escándalo de la empresa panameña, Moix es ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que es precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.
“Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella, que firma la abogada Liliana Pineda.
Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”
Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. En aquel momento, Manuel Moix era el jefe de la Fiscalía de Madrid. Según afirman ahora los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”. Es una referencia al caso Lezo, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.
“El encubrimiento por parte de Manuel Moix de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ –así definida en el auto de la Audiencia Nacional– siguiese operando durante diez años”, se destaca en la querella de Contratrama, que tiene 36 páginas y que se presentó en el Supremo acompañada de una abundante documentación para probar las acusaciones.
Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación 2/2009, abiertas tras una de las denuncias contra González y que terminaron en un decreto de archivo firmado por el propio Moix, y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf.
La asociación querellante, Contratrama, tiene su germen en las asambleas del 15M. En 2012 se creó el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), que según se define en su web es una asamblea del 15M cuyo objetivo es “identificar y denunciar a los verdaderos responsables del colapso económico” y “mantener viva la causa procesal para llevar a las tramas delictivas financieras ante los tribunales”. En 2014, el TCJ15M decidió presentar una querella contra 26 directivos de Caja Madrid –entre ellos Miguel Blesa– por la sobretasación sistemática de los inmuebles. Y se constituyó entonces la asociación Contratrama para gestionar el crowdfunding que les permitiese afrontar la iniciativa judicial. La querella fue admitida inicialmente a trámite por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Sin embargo, seis de los querellados recurrieron y el Tribunal Supremo les dio la razón, de forma que la querella no prosperó.
Moix archiva la primera denuncia vecinal
La primera actuación de Moix que denuncian los querellantes de Contratrama se produjo en 2007.
La historia tiene su origen en una información que la revista Tiempo publicó el 27 de abril de 2007, en la que desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.
Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros y la sede social en su domicilio particular, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con un trabajador en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto a otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Ignacio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros que el dueño de Tecnoconcret era socio de su hermano y de su cuñado.
Cerca de 400 vecinos del barrio de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret. El martes 29 de mayo, entró la denuncia vecinal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Y el lunes 4 de junio, el fiscal Manuel Moix dictó un decreto de archivo, en el que se afirmaba lo siguiente: “Dado que las denuncias no se sustentan en documentación de ningún tipo que acredite la no abstención y sin perjuicio del valor que tal conducta pudiera merecer, de haberse producido, esto es, simple ilícito administrativo o infracción penal, se acuerda el archivo de las citadas denuncias al no estar acreditado ni siquiera indiciariamente el dato que se denuncia ni su relevancia penal”. [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].
En la querella presentada este lunes por Contratrama se destaca que el fiscal Moix archivó la denuncia sobre la trama societaria que se benefició de la adjudicación del campo de golf del Canal “sin haber realizado ni una sola diligencia de investigación y mediante un decreto de 11 líneas en el que se afirmaba que no estaba acreditada la no abstención del vicepresidente madrileño en la adjudicación, cuando era público y notorio que sí estaba acreditada, ya que así lo habían publicado los medios de comunicación después de que el propio Ignacio González compareciese para ofrecer su versión sobre lo ocurrido y hubiera admitido dicha circunstancia”.
Es más, los querellantes aseguran que ya en 2007 Moix “habría podido averiguar” cómo operaba la trama corrupta liderada presuntamente por González si hubiera investigado el asunto, porque para entonces Tecnoconcret ya había sido subcontratada para instalar el césped del campo de golf, a pesar de que carecía de “experiencia en el sector de las instalaciones deportivas”.
Segunda denuncia archivada por moix
La segunda actuación de Moix sobre la que ponen el foco los querellantes de Contratrama tuvo lugar en 2009.
En febrero de aquel año, el periódico Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. Por otra, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design.
Vecinos del barrio, que luchaban para que en los antiguos depósitos del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf, habían constituido la asociación Parque Sí en Chamberí. Y fue esta quien, a la vista de las informaciones, presentó una segunda denuncia contra González ante la Fiscalía de Madrid.
Como desveló infoLibre a finales del pasado mes de abril, la denuncia constaba de nueve páginas, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas y acusaba a González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias.
En la denuncia se solicitaba a la Fiscalía la práctica de varias diligencias de averiguación, entre ellas enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Y también que se solicitase a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo. El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros.
Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto de Eloy Velasco, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf. Pero en realidad Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató por 2,68 millones el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. La diferencia entre ambas cantidades es aproximadamente de 578.000 euros, que el juez Velasco considera una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.
Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado Velasco en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde noviembre de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.
Por segunda vez, el fiscal Moix archivó la denuncia contra González. En el decreto de archivo, fechado 6 de octubre de 2009, se concluye que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”. En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf. [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].
El pasado 29 de abril, infoLibre envió ocho preguntas a Manuel Moix sobre su actuación en relación con la denuncia planteada en 2009 por Parque Sí en Chamberí. El entonces aún fiscal jefe de Anticorrupción se negó a responder a las preguntas de este periódico.
La abogada de Contratrama, Liliana Pineda, plantea en esta parte de la querella lo que define como “una alternativa en todo caso demoledora” para Moix: que no hubiese solicitado en 2009 el modelo 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf, que “era la única forma de no obtener pruebas de la comisión de delitos, pero suponía un incumplimiento absoluto de sus obligaciones como fiscal”, o que sí hubiese pedido dicha información a la Agencia Tributaria, “pero una vez recibidos los datos, hubiese archivado en todo caso la denuncia. En este supuesto, además de los delitos que se mencionan en esta querella, Manuel Moix habría cometido otros delitos más graves".
La Fiscalía se opone a una querella contra González
Lejos de rendirse, y después de que se produjese una primera sentencia a su favor en la vía contencioso-administrativa, la asociación Parque Sí en Chamberí presentó en marzo de 2010 una querella contra Ignacio González y la trama del campo de golf. Los querellantes pedían al TSJ de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de Ignacio González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret (el hermano y el cuñado del vicepresidente y José Antonio Clemente). Además, volvían a reclamar que se solicitase a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo.
El tribunal ante el que estaba aforado Ignacio González solicitó a la Fiscalía de Madrid, como es preceptivo, un informe sobre la procedencia de admitir o no a trámite la querella contra el vicepresidente madrileño. Y, por tercera vez, la Fiscalía que dirigía Manuel Moix se pronunció en contra de que se investigase la adjudicación del campo de golf. “Por los mismos hechos se presentó denuncia ante esta Fiscalía por la actual entidad querellante, lo que determinó la incoación de las diligencias de investigación nº 2/09, las cuales concluyeron en archivo tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados”, sostenía la Fiscalía, en referencia al decreto de Moix de 2009. El TSJ de Madrid, siguiendo el criterio de la Fiscalía, decidió no admitir a trámite la querella contra Ignacio González. Así lo resolvió mediante un auto fechado el 15 de junio de 2010.
Los querellantes de Contratrama también ponen en cuestión la actuación de la Fiscalía que dirigía Moix en este caso: "Llama especialmente la atención que el fiscal sostenga que dicho decreto de 2009 se archivó 'tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados'. Nada se dice de cuáles fueron esas 'diligencias esenciales', al igual que tampoco se mencionaron en el decreto de archivo dictado por Manuel Moix en octubre de 2009. Pero nadie que tenga la más mínima pericia en una investigación criminal de una trama societaria podrá negar que la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 es una diligencia esencial y básica".
"Grave trascendencia social de los hechos"
La asociación Contratrama, en el escrito presentado este lunes ante el Supremo, considera “indudable la especial y grave trascendencia social que tienen los hechos descritos en esta querella, toda vez que existen sólidos indicios de la participación en ellos de personas con altas responsabilidades en la estructura del Estado, causando un grave perjuicio al Estado de derecho y a la percepción que tiene la ciudadanía del Ministerio Público".
La abogada Liliana Pineda considera en primer lugar que se produjo un delito de prevaricación, ya que Moix en su calidad de funcionario público y “a sabiendas” de su “injusticia” dictó resoluciones “arbitrarias” y evitó investigar los hechos que se habían denunciado ante la Fiscalía que dirigía.
El TCJ15M vuelve a pedir al Supremo que investigue si Moix solicitó los modelos 347 de las empresas vinculadas a González
En segundo lugar, entiende que Moix incurrió en una omisión de perseguir delitos, que castiga a la autoridad o funcionario que deja intencionadamente de perseguir aquellos delitos de los que tenga noticia.
Por último, sostiene que en la actuación del fiscal existió encubrimiento, ya que Moix “ha estado maniobrando para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus criminales cooperadores”.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite o no a trámite la querella presentada contra Manuel Moix, que tiene la categoría de fiscal de Sala del propio TS.
Manuel Moix, que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio como fiscal jefe de Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá, se enfrenta ahora a una querella criminal. La asociación Contratrama presentó este lunes un escrito en el Tribunal Supremo acusándolo de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Los querellantes consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según consta en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.