Unidas Podemos quiere se que se blinde en la ley que constituye violencia de género la violencia institucional, un concepto al que precisamente la semana pasada se opusieron los ministerios de Justicia e Interior en la votación de un informe del ministerio de Igualdad, informó Europa Press.
La formación "morada" ha registrado una enmienda a la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual con una nueva disposición adicional para modificar el objeto de la Ley Integral contra la Violencia de Género para, entre otros, añadir el concepto de violencia institucional.
Así, define este concepto como falta de diligencia debida en el abordaje de la violencia machista, conocida o promovida por las administraciones públicas, y que produce situaciones de revictimización o causa un patrón de discriminación reiterado. Igualmente, considera violencia institucional atribuir a un niño o a una niña el síndrome de alienación parental, o cualquier otra fórmula con el mismo prejuicio.
Precisamente, los ministerios de Interior y Justicia votaron la semana pasada en contra del informe preceptivo sobre el III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2022-2025, que denuncia la violencia machista institucional y se refiere específicamente a casos como el de Juana Rivas o Irume Costumero.
Fuentes del departamento de Pilar Llop, explicaron que desde el Ministerio consideran que este contenido podría ser contraproducente para las víctimas y que era arriesgado usar este término que está sin definir.
El texto en cuestión fue elaborado por el Instituto de las Mujeres, departamento dependiente del Ministerio de Igualdad. Se trata de un Plan que el Ministerio espera llevar al Consejo de Ministros durante el primer trimestre de 2022, según aseguró la directora del Instituto, Toni Morillas, pero antes debe pasar por el informe preceptivo del Consejo de Participación de las Mujeres, que aprobó el texto, pese a la negativa de ambos ministerios.
La enmienda de Podemos justifica esta inclusión en el acuerdo para la renovación del dictamen del Pacto de Estado firmado por la gran mayoría de los partidos políticos de ambas Cámaras que "mandata a los poderes del Estado a reformar la normativa vigente para que el Estado responda eficazmente a todas las formas de violencia que establece el Convenio de Estambul".
Por ello, en la misma enmienda se cambia todo el objeto de la ley, que ya no entiende la violencia de género como aquella que ejercen los hombres sobre sus parejas o exparejas sino como "todos los actos de violencia contra las mujeres que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, implican o pueden implicar para ellas daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, en la vida pública o privada, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, y la violencia en el ámbito digital".
Así, añade que "todos los actos de violencia contra las mujeres a los que se refiere esta ley se denominarán también violencia de género o violencia machista".
Además, se especifica que la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados de las víctimas, ya recogida en la norma, es "violencia vicaria", introduciendo este término por primera vez en la ley.
Unidas Podemos introduce otra enmienda para garantizar una financiación adecuada blindando una partida específica para estas políticas en la Administración General, las autonómicas y locales en los Presupuestos Generales del Estado que se actualizará independientemente del ciclo económico y cuyo reparto se fijará en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Psoe y Podemos acuerdan blindar el pacto de Estado
Por otro lado, la formación morada y el PSOE han presentado 28 enmiendas conjuntas para hacer efectivo el dictamen del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por los grupos políticos de Congreso y Senado el pasado 25N, de forma que las medidas acordadas queden blindadas en el ordenamiento jurídico, según han informado a Europa Press ambas formaciones.
Así, señalan que las enmiendas registradas relativas al Pacto de Estado contra la violencia de género van encaminadas a garantizar su financiación, mejorar la cooperación institucional o incluir la financiación de entidades feministas tal y como acordaron los grupos en la renovación del dictamen del Pacto.
Unidas Podemos quiere se que se blinde en la ley que constituye violencia de género la violencia institucional, un concepto al que precisamente la semana pasada se opusieron los ministerios de Justicia e Interior en la votación de un informe del ministerio de Igualdad, informó Europa Press.