Casi nueve largos minutos. Ese fue el tiempo que el policía Derek Chauvin estuvo presionando con su rodilla el cuello del ciudadano afroamericano George Floyd. De nada sirvieron los continuos avisos de asfixia del hombre desde el suelo. El agente siguió, el hombre dejó de respirar y las calles se incendiaron contra un racismo que ha marcado buena parte de la historia del país desde su fundación. Un problema que, aunque con distinta intensidad y materialización, también tiene su reflejo en España y amenaza con poder agravarse de cara a los próximos años. Se dan todos los elementos para un caldo de cultivo perfecto. Por un lado, el delicadísimo contexto económico que está dejando la crisis del coronavirus. Y, por otro, la potencia que en suelo español han adquirido los discursos del odio desde hace un par de años. El reduccionismo del nosotros frente a ellos al que se lleva agarrando desde su creación Vox resuena ahora casi a diario en el Congreso de los Diputados y los medios de comunicación. Dos elementos que, combinados, pueden convertirse en una auténtica bomba de relojería.
España es, junto con Irlanda, el país de la Unión Europea donde hay un mayor porcentaje de población con sentimientos favorables a la inmigración de fuera del Viejo Continente. Sin embargo, el cáncer contra el diferente sigue estando bien presente. Según el estudio Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, en el año 2017 –último con datos disponibles hasta la fecha– un 54% de la sociedad tenía una opinión positiva sobre la inmigración, lo que suponía un ligero retroceso de tres décimas respecto al ejercicio anterior y más de cuatro puntos por debajo de la percepción registrada en el año 2007. Aquel año, el primero de la serie, el dato de aceptación se situaba en el 58,7%. Sin embargo, a medida que el país se adentraba en la Gran Recesión, las cifras fueron empeorando. En 2009, solo dos años después, la valoración positiva o muy positiva había retrocedido hasta el 40,8% de los encuestados. Y en 2011, cuando el país estaba ya sumido en la profunda crisis, la aceptación se quedaba en el 40%. Fue el nivel más bajo.
No son las únicas cifras del informe elaborado anualmente por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de las encuestas del CIS que evidencian los efectos que tiene un duro contexto económico en el repunte de este tipo de posiciones. Si en 2007 alrededor de un 65% consideraba que los inmigrantes recibían del Estado más de lo que aportaban, en 2011 ese dato se situaba en el 71%, más de siete de cada diez españoles –en 2017 volvieron a restablecerse los niveles previos a la crisis–. La misma tendencia se observa en relación con las cuestiones relativas a la regularización de estas personas. O cuando se pone el mercado laboral sobre la mesa en preguntas relacionadas con la inmigración. La primera vez que el CIS incluyó esta variante en su sondeo fue en 2008. Por aquel entonces, un 54,4% de los encuestados pensaba que los extranjeros les quitaban el trabajo. Dos años después, en 2010, esa percepción había escalado al 62,8% de la población. En 2017, último dato disponible, se había vuelto a reducir hasta el 53,2%.
Ahora, más de una década después de la anterior crisis económica, España se asoma con preocupación a un nuevo precipicio. Las colas en los bancos de alimentos se han convertido en una imagen habitual. Las previsiones de pobreza para los próximos años tampoco son nada esperanzadoras. Y eso, por supuesto, preocupa. “Sabemos que el racismo es una ideología de justificación de la supremacía y la fragmentación social. Es una ideología que sirve para establecer jerarquías socioeconómicas y para justificar que haya gente destinada a ser explotada. Y eso se activa todavía más en condiciones de crisis”, explica Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València. “Es una realidad. Hay una cuestión que es innegable: el racismo permanece en la sociedad y en determinados momentos, sobre todo en contextos económicos de crisis, es cuando se retoma la cuestión del chivo expiatorio”, coincide Youssef Ouled, investigador de Rights International Spain (RIS).
“Las posiciones del nosotros frente al ellos”
A esto hay que añadir un elemento nuevo que convierte el escenario actual en una bomba. Durante la Gran Recesión, los discursos abiertamente xenófobos apenas tenían un altavoz potente en nuestro país. Ahora esto ha cambiado. Desde hace un par de años, la extrema derecha cuenta con representación en las instituciones. Vox es el tercer partido con mayor representación en el Congreso de los Diputados. Y no se corta un pelo a la hora de señalar al diferente. Hace algo más de dos meses, cuando la pandemia todavía no nos había encerrado en casa, el líder ultra, Santiago Abascal, deslizaba durante su mitin en Vistalegre que “extranjeros con antecedentes” se estaban paseando “libremente” por las calles del país. Por supuesto, no ha sido la única intervención en esta línea. Buena parte del discurso de la formación de extrema derecha se centra precisamente en eso, en azuzar el miedo al diferente. Sólo hay que ver cómo recurren a la expresión “virus chino” para referirse al Sars-CoV-2. Al igual que Donald Trump al otro lado del Atlántico.
“En una situación como esta, pueden tener mucho gancho los mensajes de ‘América primero’ o ‘España primero”, apunta De Lucas, que señala que con el maremoto que se avecina el “caldo de cultivo” para la proliferación de estos discursos racistas puede ser “perfecto”. También se muestra inquietado por esta cuestión Mikel Araguás, de la Federación SOS Racismo, que aprecia un repunte de “las posiciones del nosotros frente al ellos” en un contexto en el que la política se está haciendo menos con la cabeza y más con las entrañas. En la misma línea se pronuncia Ouled: “Como ciudadano español de origen marroquí y como asociación por supuesto que me preocupa. La extrema derecha azuza el racismo como parte de su programa político. Y este señalamiento, que se produce a través de bulos, se traduce en mayor violencia racista o hace que esta se normalice”. “Es verdad que en Estados Unidos hay una violencia explícita muy grande. Pero España, tal y como lo estamos viendo, se dirige hacia un escenario muy parecido”, desliza también el periodista a lo largo de la conversación.
Más de medio millar de ataques en 2018
En este sentido, no viene mal recordar, por ejemplo, la campaña de señalamiento contra los menores extranjeros no acompañados llevada a cabo por Vox con la vista puesta en las generales del pasado mes de noviembre. Y las agresiones producidas contra este colectivo en los últimos meses. Una violencia racista que, no obstante, ya existía antes de la llegada de los ultras a la Cámara Baja. En 2013, el primer año en el que el Ministerio del Interior pone negro sobre blanco en un informe el problema de los delitos del odio, se denunciaron 381 ataques racistas o xenófobos. Desde entonces, esta cifra se ha ido incrementando ligeramente. En 2014 fueron 475. Un año después, se superó la barrera del medio millar, una cifra que en 2016 se redujo hasta las 416 denuncias. Sin embargo, volvió a repuntar en los dos últimos años de los que se tiene estadísticas. En 2017, el dato se situó en las 524. Y en 2018 se alcanzó el máximo de la serie, con 531.
No obstante, todos ellos dejan claro que el racismo no es una novedad que haya llegado con los ultras. Ni mucho menos. Siempre ha estado ahí y se ha manifestado de diversas maneras, ya sea en las escuelas o a través de barreras que dificultan el acceso al mercado laboral o la vivienda de las personas procedentes de otros países –5,4 millones en nuestro país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de enero–. “El racismo no es una cuestión ajena al contexto español, es la cotidianidad del día a día”, apunta el investigador del RIS. Coincide con él Araguás, que explica que todavía a día de hoy se siguen produciendo recelos en las inmobiliarias a la hora de que estas personas puedan acceder a un piso. A modo de ejemplo, el estudio realizado por SOS Racismo en 2015 poniendo el foco sobre dos centenares de agencias: “En el testing presencial, de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 86,7% eran demandantes de origen extranjero”.
Y, por supuesto, hacen especial hincapié en el problema del racismo institucional. “Es una de las variables que más se incrementa”, apostilla Ouled. En este punto, no se olvidan de las actuaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Para su último informe, SOS Racismo recogió datos sobre las oficinas de información y denuncia (OID) de Aragón, Cataluña, Galicia, Gipuzkoa y Navarra. En total, detectó más de medio centenar de casos de abusos de este tipo, más del 90% de ellos a manos de la seguridad pública. Y dentro de este hostigamiento, tanto el investigador del RIS como el miembro de SOS Racismo ponen el foco en las identificaciones por perfil étnico. “Tienes más posibilidades de que te paren si eres negro que si eres blanco”, explican. En concreto, según un estudio elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la UV, las personas gitanas tienen 10 veces más papeletas de que les identifiquen en la calle que las que tienen apariencia caucásica europea. En los magrebíes la tasa de desproporción se sitúa en el 7,5. Y en los afro-latinoamericanos, en el 6,5.