La propuesta pactada por el PSOE y Ciudadanos de acabar con las actuales diputaciones provinciales ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre estas entidades creadas hace casi dos siglos a las que ambas formaciones quieren sustituir por consejos provinciales de alcaldes. La medida fue una exigencia "irrenunciable" por parte del partido de Albert Rivera para llegar a cualquier acuerdo. El PSOE –en 2011 Rubalcaba propuso reconvertirlas, pero la propuesta no acabó de cuajar– recogió el guante a pesar de ciertas reticencias internas, especialmente en Andalucía.
El mantra repetido por los que defienden que la coexistencia de cuatro niveles en la Administración es excesiva es que las diputaciones son entes "opacos" y "poco democráticos", que han sido copiosas fuentes de poder e incluso focos de corrupción para los partidos tradicionales y que sus funciones han sido asumidas en su mayoría por las comunidades autónomas y otros entes locales de gestión.
Los partidarios de su mantenimiento, sin embargo, ponen en valor su papel vertebrador del territorio y el servicio que prestan especialmente en el mundo rural. Lo cierto es que a día de hoy el 84% de los municipios españoles –un total de 6.819– cuentan con menos de 5.000 habitantes. Además, sus defensores aseguran que su supresión no generaría ahorro económico porque las funciones que realizan tendrían que ser asumidas por otros entes de nueva creación.
España tiene 38 diputaciones de régimen común, que son a las que afectaría el acuerdo. El pacto deja fuera a las diputaciones forales vascas y navarra, a los consejos insulares de Baleares y a los cabildos canarios. Las diputaciones no existen en las autonomías uniprovinciales. Los entes afectados por la posible supresión manejaron en 2014 –el último ejercicio cerrado– un presupuesto de 6.066 millones de euros. De ellos, un 27% se dedicaron a gastos de personal. No es posible saber cuántos empleados tienen las diputaciones de régimen común porque el Ministerio de Hacienda no ofrece datos desglosados. infoLibre los reclamó, pero no obtuvo respuesta. Entre diputaciones, cabildos y consejos insulares el número de empleados públicos ascendía en enero de 2015 a 59.326 personas.
Las funciones de las diputaciones
Las funciones de las diputaciones son una especie de cajón de sastre. Asumen tareas tan diversas como la prestación de los servicios de tratamiento de residuos o el mantenimiento de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. También se encargan de la prevención y extinción de incendios, de la gestión de tributos, de ciertas carreteras o de las políticas de asistencia social. El asesoramiento legal también es una cuestión clave porque la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños –que no reciben remuneración alguna en función de su cargo– no cuentan con técnicos que les asesoren.
Las citadas son las competencias que se asignan a las diputaciones en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, cuando la crisis puso a estos entes en el disparadero también salieron a la luz ejemplos de infraestructuras promovidas por ellos que, al menos a priori, no encajarían estrictamente en los conceptos recogidos en la legislación. Es el caso, por ejemplo, de las escuelas de tauromaquia promovidas por las diputaciones de Toledo o Castellón, del hotel de lujo impulsado por la de Teruel o del hipódromo que creó la de Ourense, que tuvo pérdidas por valor de 800.000 euros.
Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia por el PP, es firme partidaria del mantenimiento de esta institución, aunque no cierra la puerta a la realización de las reformas que sean oportunas para avanzar en su modernización. "La superficie del País Vasco cabe en la provincia de Palencia. De nuestros 191 municipios sólo cuatro tienen más de 5.000 habitantes. Tenemos pueblos en los que vive menos gente que en una urbanización de Madrid. ¿Cómo van a poder hacer frente estos ciudadanos a los abastecimientos o a una infraestructura que va a costar 100.000 euros? Es lógico que esos pueblos cuenten con una institución intermedia que les apoye en esas cuestiones", explica.
La Diputación de Palencia –asegura Armisén– mantiene más de 1.000 kilómetros de carretera; tiene delegada la recaudación de 182 ayuntamientos, por lo que gestiona al año más de 300.000 recibos de impuestos (IBI, actividades económicas, vehículos, tasas y precios públicos...); emite alrededor de 340 informes urbanísticos o presta apoyo a decenas de secretarios de ayuntamientos en la elaboración del cierre y la apertura de las cuentas.
Aunque la prestación está externalizada, la Diputación de Palencia mantiene también un programa de ayuda a domicilio del que se benefician alrededor de 1.400 personas y que da empleo a 339. Las diputaciones de Zamora, Jaén, Valladolid, Huelva o Córdoba mantienen planes similares de atención a personas dependientes que son muy útiles especialmente en las provincias más dispersas y con población más envejecida. "Si las diputaciones dejan de existir, sería otro organismo el que tuviese que prestar estos servicios. Porque de lo contrario se dejaría a esa gente sin cubrir. Ese servicio no se puede ahorrar", señala un dirigente nacional del PP, partido que rechaza de manera clara la propuesta de suprimirlas.
El agujero de la corrupción
Más allá de este papel vertebrador del territorio, lo cierto es que si por algo se han puesto en entredicho estas instituciones en los últimos años es por determinados comportamientos poco ejemplares o, directamente, delictivos. A estos escándalos ha contribuido especialmente la "opacidad" de su gestión, según destacan sus detractores, que también critican que a sus miembros no los elijan los ciudadanos de forma directa.
Muy destacable es el caso de la Diputación de Valencia, cuyo presidente entre 2007 y 2015, Alfonso Rus, está implicado en el caso Imelsa, en el que se investiga si la empresa Imelsa –propiedad de la institución– contrató supuestos trabajos ficticios con firmas de un hombre de su confianza, Marcos Benavent, que ahora colabora con la Justicia. La Cadena Ser publicó una grabación en la que se le oía contar billetes supuestamente procedentes del pago de comisiones.
En la de Ourense, el que fuera su presidente entre 1987 y 2012, José Luis Baltar, fue condenado por un delito de prevaricación por enchufismo por contratar a 104 afines en el entorno de la celebración del congreso provincial del PP que propició el traspaso del mando en favor de su hijo, Manuel Baltar. La de Ourense es actualmente la única diputación que mantiene el PP en Galicia después de que el hijo del exbarón conservador revalidara en las urnas el legado político que heredó en 2012.
Con la vista puesta en los tribunales también está el actual presidente de la Diputación de Salamaca, Javier Iglesias (PP), que está siendo investigado por el supuesto despido de varios empleados habituales de la feria agropecuaria (declarado ya nulo) para colocar en su lugar a trabajadores vinculados al PP. Se le acusa de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Iglesias fue alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015. Sin embargo, al barruntar en las últimas elecciones una derrota que le dejaría fuera de la Diputación se presentó por el pequeño municipio de Beleña, donde fue elegido por 69 votos.
La falta de transparencia también ha sido tónica habitual en el funcionamiento de estos entes supramunicipales. En 2013 un juez obligó a la Diputación de Sevilla –que siempre ha estado en manos del PSOE– a revelar los datos de su plantilla, que hasta entonces eran una incógnita para los grupos de la oposición y los sindicatos, así como el número de procesos judiciales en curso y la copia de los contratos de alta dirección de las sociedades y organismos de la entidad. El PP llevó a la institución a los tribunales por supuestamente haber incrementado su plantilla en 400 empleados en 2007 sin haber que convocado una Oferta de Empleo Público. La sentencia obligó al ente a ser más transparente.
La propuesta de eliminación
El Estado mantiene a las diputaciones provinciales al aportar el 68% de sus ingresos
En cualquier caso, la mayoría de expertos y políticos, de todos los colores, coinciden en que los ayuntamientos pequeños requerirán siempre de una institución que se encargue de mancomunar unos servicios que se tendrán que seguir prestando. Y esa es la función que, en principio, llevarían a cabo los consejos provinciales de alcaldes por los que el PSOE y Ciudadanos sustituirían a las diputaciones. Lo que parece claro es que las diputaciones ejercen dos tipos de funciones –la prestación de servicios propios y la cooperación municipal– que no pueden eliminarse sin que eso genere perjuicios especialmente en los pueblos más pequeños.
La propuesta –dice un dirigente del partido de Albert Rivera– pasa por reconvertir estos entes en órganos técnicos que sirvan a los Ayuntamientos y vaciarlos de sentido político. "Lo que proponemos es profundizar en la racionalización administrativa y en la eliminación de niveles burocráticos que son superfluos y costosos. Los servicios e infraestructuras para los municipios pueden gestionarse de manera más eficiente de forma mancomunada a través de la creación de esos consejos", sentencia.
Habrá que ver si este intento por adelgazar y democratizar acaba siendo algo más que un cambio de denominación.
La propuesta pactada por el PSOE y Ciudadanos de acabar con las actuales diputaciones provinciales ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre estas entidades creadas hace casi dos siglos a las que ambas formaciones quieren sustituir por consejos provinciales de alcaldes. La medida fue una exigencia "irrenunciable" por parte del partido de Albert Rivera para llegar a cualquier acuerdo. El PSOE –en 2011 Rubalcaba propuso reconvertirlas, pero la propuesta no acabó de cuajar– recogió el guante a pesar de ciertas reticencias internas, especialmente en Andalucía.