Rafael Blasco, la voracidad en la sombra

Diagnóstico: abuso continuado de poder. La vida del ex consejero valenciano Rafael Blasco (Alzira, 1945) está marcada por la ambición, el escándalo y la desmesura. Ha ocupado siete carteras distintas en el Gobierno valenciano y ha sido la mano derecha, en la sombra, de cuatro presidentes autonómicos. Solo el pestilente escándalo del saqueo a la cooperación al desarrollo ha conseguido hacerle rodar desde la cúspide y poner fin a su militancia en el PP. En junio de 2013 abandonó el grupo en Les Corts y pasó al único banco de los No Adscritos. Desde allí, hierático, se ha convertido en notario de un régimen que se resquebraja.

Su ocaso tiene que ver con el juicio que desde el pasado martes se sigue en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El fiscal anticorrupción le considera “el director” de una trama corrupta que entre 2008 y 2011 (tiempo en que Blasco fue consejero de Solidaridad) se enriqueció a costa de las ayudas públicas al Tercer Mundo. La compleja investigación está dividida en dos piezas. La que se juzga se refiere a los 1,8 millones de un proyecto agrícola en Nicaragua que se desviaron a una red de ONG dirigida por Augusto César Tauroni, en prisión desde hace dos años. Según la investigación, este empresario se valió de su amistad con Blasco para obtener información privilegiada. De la subvención, apenas llegaron 43.000 euros a su destino. Del resto, 969.875 se gastaron en pisos y garajes. Y 456.960 euros acabaron en las cuentas de Tauroni, quien solía referirse a los países en desarrollo como “Negrolandia” y denominaba “negratas” a sus habitantes. La segunda pieza, aún en instrucción, analiza el fraude de otros 3,5 millones.

“La convocatoria fue legal y nadie me planteó ningún problema”, responsabilizó Blasco este jueves a sus subalternos de Solidaridad, también en el banquillo. El fiscal acorraló al político y consiguió demostrar que su relación con Tauroni venía de lejos y que ambos, tras el estallido del caso en octubre de 2010, cerraron filas. Así lo demuestran las innumerables conversaciones telefónicas y mails interceptados por la policía mailsa pesar de que Blasco llegó a negar que supiera mandar correos electrónicos puesto que no es “una persona muy lúcida”. El fiscal le solicita 14 años de prisión, 36 de inhabilitación y 43.200 euros de multa por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos e inducción a la falsedad documental.

Mil pieles de camaleón

¿Desesperación o socarronería? La actitud desvalida y su oratoria victimista durante el juicio sacaron a relucir sus mil pieles de camaleón. Blasco ha sido de todo y lo ha sido todo. Un converso profesional al servicio únicamente de él mismo y que ha sabido situarse siempre bajo el palio del poder. A finales de los sesenta militó en el PCE (Marxista-Leninista) y después en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). Y cuando el socialismo barrió en la periferia española, se apuntó al PSPV-PSOE. Allí emparentó con Consuelo Ciscar (la controvertida directora del IVAM), hermana de Ciprià, mano derecha de Joan Lerma, de quien fue consejero de Presidencia y Obras Públicas. Tras unas irregularidades en la venta de una parcela pública en Paterna acabó expulsado del partido a finales de 1989. En 1991 fue juzgado y absuelto tras la anulación de las cintas que lo inculpaban. Fue su primer paso por el banquillo. El juez instructor, Juan Climent, forma parte del tribunal que ahora le juzga por el caso Cooperación.

Su salida del PSPV le hirió en el orgullo y juró venganza. En 1993 jugó al doctor Frankenstein con retazos de regionalismo y nacionalismo catalanista y fundó Convergència Valenciana. El monstruo se desmoronó a los primeros pasos. Pragmático y equilibrista, en 1995 se arrimó al Partido Popular. El triple salto ideológico le colocó de subsecretario e ideólogo de Zaplana. Suyo es el parto del conocido “Poder valenciano”, la marca de una derecha indígena ebria de ladrillo, ultra liberal y autoritaria. Mejor las subvenciones que las porras. Esta es una de las herencias de Blasco, quien en 1999 fundó Favcova (Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana), pantalla con la que anular a golpe de talonario las entidades críticas.

Llega Tauroni

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Como premio a fidelidades e intrigas, Zaplana dispuso para él un puesto que es casi una burla: consejero de Bienestar Social. Comenzó entonces a colocar a los suyos. Un de los más fieles, Augusto César Tauroni, recibió a dedo el control del teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. El asunto acabó en escándalo parlamentario: la empresa asignataria, Lonerson, era un firma “dormida” y comprada ocho meses antes de la asignación. No fue el único lucro de Tauroni. Durante la etapa de Blasco como consejero de Territorio también recibió ayudas menores. Aunque la joya de la corona le llegó con el político al mando de Sanidad. En 2006, la empresa Dinamiz-e, que también aparece en la trama de Cooperación, ingresó algo más de seis millones por la gestión del programa informático Abucasis, con cinco millones de expedientes médicos. Esta adjudicación, que se troceó en varios contratos para eludir el control público, está siendo investigada por la Fiscalía.

Pero fue en Solidaridad, a partir de 2009, donde Blasco desplegó su tentáculos sin rubor. Primero anuló a las ONG críticas con la creación de Fedacod (Federación de Asociaciones para el Desarrollo), plataforma de estómagos agradecidos y tupida cortina para cubrir el expolio que se investiga en el TSJ. La denuncia pública del escándalo en octubre de 2010 acabó con su cese al año siguiente. Parecía su fin, pero los problemas de Camps con la Gürtel le devolvieron su protagonismo de estratega. El president acosado lo convirtió en fiel consejero y, a cambio, lo sentó sin cartera en el Consell y lo situó al frente del grupo parlamentario.

¿Saldrá Blasco de nuevo a flote? Si sobrevive al juicio, nadie duda de su capacidad de resistencia y adaptación. Pero, ¿dónde? De momento, más allá del grupo de los No Adscritos, se extiende una profunda soledad abisal. Lo que sabe de los otros y sus inquinas al servicio de la administración pública son su mejor patrimonio.