El Gobierno remitirá un requerimiento a Carles Puigdemont para que regrese a la legalidad. Supone el primer paso que establece la Constitución para aplicar el artículo 155, el que implica la suspensión de la autonomía. Así lo confirmó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una breve comparecencia en la Moncloa tras reunir de forma extraordinaria al Consejo de Ministros.
El presidente exigió a Puigdemont que aclare si declaró la independencia "al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor".
"Este requerimiento previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. La pelota, pues, está ahora en el tejado del Govern.
Según el jefe del Ejecutivo, "con la decisión adoptada hoy [por este miércoles] el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes. Y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa".
¿Un ultimátum para el diálogo?
Rajoy mantuvo que, en la respuesta que Puigdemont dé a este requerimiento "se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días". Una especie de ultimátum para lo que podría estar por llegar.
"Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia. Eso es lo que todos quieren y esperan. Lo que se le ha venido reclamando con insistencia. Es urgente poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña", advirtió.
El Ejecutivo informará en breve de los plazos dados al president y del momento en el que el requerimiento se publicará en el BOE. Fuentes del Ejecutivo aseguran que los abogados del Estado se encuentran en estos momentos redactando el documento. Hace poco más de un mes que fuentes del Gobierno aseguraron que bastaban cinco días para poner en marcha este artículo de la Carta Magna que hasta la fecha no se ha aplicado.
Rajoy insistió una vez más en que, por su parte, seguirá actuando "con prudencia y responsabilidad y teniendo siempre presente el bienestar y el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles".
Mayoría absoluta del Senado
El artículo 155 de la Constitución implica, como primer paso tras la decisión del Gobierno, un requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma en cuestión. "En el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, [el Gobierno] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones.
Para elevar la petición a la Cámara baja sería necesaria la convocatoria de otro Consejo de Ministros. El viernes, 13 de octubre, está convocado un consejo ordinario.
La Cámara alta, según el artículo 189 de su reglamento, también formulará un requerimiento de "antecedentes, datos y alegaciones" al presidente autonómico. Se encargará de ello la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y, a partir de ahí, se estudiará si procede llevar al Pleno las demandas del Gobierno. A diferencia del Congreso, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.
La de esta mañana tras el Consejo de Ministros será la primera comparecencia de Rajoy del día. A las 16.00 horas acudirá al Congreso de los Diputados para comparecer, a petición propia, para explicar la actuación del Gobierno el 1-O. El Pleno fue anunciado por el propio presidente la noche del 1-O cuando hizo una declaración institucional para valorar la jornada.
Antes de esta reunión extraordinaria, el jefe del Ejecutivo había conversado telefónicamente con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El martes por la noche, mientras comparecía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy se reunía en la Moncloa con el líder del PSOE.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había convocado un Consejo de Ministros extraordinario para dar respuesta a la intervención del día anterior en el Parlament de Carles Puigdemont.
Pese a que la declaración del president no tuvo efecto jurídico alguno, en la Moncloa no tuvieron ninguna duda de que había llegado el momento de actuar.
Nada más terminar Puigdemont su intervención, fuentes del Ejecutivo veían "inadmisible" que hubiese hecho "una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".
Presiones para que aplique el 155
En las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha intentado mantener a flote el bloque PP-PSOE-C's en lo que a la respuesta al llamado "desafío soberanista" se refiere y, al mismo tiempo, lanzar el mensaje de que sabía lo que se tenía entre manos a aquellos sectores de su partido y su electorado que estaban molestos por no haber aplicado ya el artículo 155, unas presiones a las que también se sumó, con más insistencia la última semana, la formación de Albert Rivera.
Pero el malestar no sólo tenía relación con la no suspensión de autonomía de cataluña por parte del Gobierno. También se ha puesto el foco en lo ocurrido el 1-O. El Gobierno y el PP vieron cómo su discurso de los últimos meses se caía después de que ese domingo hubiese urnas y se votase, algo que se dijo que jamás ocurriría. También dieron la vuelta al mundo las imágenes de las cargas policiales, cuando se había asegurado que no iban a producirse enfrentamientos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los ciudadanos.
El Gobierno remitirá un requerimiento a Carles Puigdemont para que regrese a la legalidad. Supone el primer paso que establece la Constitución para aplicar el artículo 155, el que implica la suspensión de la autonomía. Así lo confirmó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una breve comparecencia en la Moncloa tras reunir de forma extraordinaria al Consejo de Ministros.