El colectivo de registradores continúa acaparando funciones y beneficios bajo el paraguas del Gobierno de Mariano Rajoy. El líder del Ejecutivo integra precisamente este cuerpo de funcionarios del Estado y lleva muy a gala haberse convertido, con 24 años, en el registrador más joven de España. Primero fueron los beneficios que les concedió en la Ley de Emprendedores, que podrían ascender a 150 millones de euros. En esa misma norma, publicada en el BOE el pasado 28 de septiembre, el Gobierno aprovechó para atender una vieja reivindicación de los registradores: dejar de trabajar los sábados. Y, ahora, el Ejecutivo prepara el terreno para que asuman funciones reservadas a los jueces, asunto que también les permitirá incrementar la facturación.
Esta última iniciativa tiene fecha de este jueves. El Consejo de Ministros dio luz verde el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Un texto que, según el Ministerio de Justicia, pretende simplificar y actualizar "los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia pero en los que sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho Civil y Mercantil". El objetivo declarado es descargar de trabajo a los jueces y encomendárselo a notarios y a registradores de la propiedad y mercantiles.
Concretamente, en el caso de los registradores, el anteproyecto preparado por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, les atribuye tres competencias que no tenían: la convocatoria de junta general de las sociedades [una labor que a día de hoy realizan los jueces de los Mercantil], la constitución del sindicato de obligacionistas cuando no sean las entidades emisoras las que llevan a cabo su constitución y el nombramiento de auditor para el examen de las cuentas anuales.
Cada uno de estos conceptos tendrá su arancel correspondiente. Fuentes de Justicia consultadas por infoLibre mantuvieron ayer que para el tema de los registradores todavía no manejan cifras aproximadas y que estas serán fijadas por el Gobierno en el texto definitivo que acompañe a la ley. No ocurre lo mismo con el caso de los notarios. Entre otras funciones, este anteproyecto de ley permite que estos profesionales tramiten expedientes de matrimonio y divorcio, y el precio para ambos procesos ya está fijado: 95 euros. El propio Ruiz-Gallardón defendió en rueda de prensa que se trata de una cantidad inferior a la que se paga en algunos ayuntamientos en concepto de celebración de estas uniones.
el presidente no se inhibió
Que esta medida repercutirá de manera positiva sobre el bolsillo de los registradores no ofrece ningún tipo de duda. En este sentido, ¿debió el presidente del Gobierno inhibirse al tratarse de una decisión que beneficia a un colectivo del que forma parte?
La pregunta fue puesta sobre la mesa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ruiz-Gallardón no quiso precisar si Rajoy se había inhibido apelando al secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. No obstante, de su respuesta puede desprenderse que no ocurrió así. "Yo soy fiscal de carrera. Si yo tuviese que inhibirme en todas las leyes que viernes tras viernes vamos trayendo al Consejo de Ministros por mi condición de fiscal de carrera, es que probablemente no podría ejercer como ministro de Justicia. Los supuestos de inhibición que están regulados en nuestra legislación afectan única y exclusivamente a aquellos casos en que exista interés de carácter personal", manifestó.
Acto seguido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría respaldó la tesis de su compañero: “Pues imagínese yo [dijo al periodista] que soy funcionaria de la Administración General del Estado…"
El pasado octubre, el Gobierno respondió por escrito una pregunta parlamentaria de la diputada del Grupo de la Izquierda Plural Laia Ortiz en la que apuntaba que, desde la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, los miembros de su gabinete se han inhibido en 12 ocasiones. Ninguna de ellas corresponde al presidente del Gobierno.
Descansar los sábados
La de este jueves no ha sido la única medida adoptada por el Ejecutivo de Rajoy para beneficiar a los registradores de la propiedad. Hace poco más de un mes, era aprobada la Ley de Emprendedores. Según avanzó este diario, el texto de su articulado establece que los autónomos que pretendan proteger su vivienda habitual de posibles embargos por deudas profesionales deberán inscribirse como “emprendedores de responsabilidad limitada” en el registro mercantil y dejar constancia del blindaje del inmueble en el registro de la propiedad.
Traducida a cifras esta iniciativa, sólo con que dos de cada tres emprendedores decidan proteger su vivienda, los casi 1.200 registradores españoles se repartirán 152 millones de euros. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los trámites exigidos por la nueva norma legal implicarán un coste de 76 euros por persona.
No es esta la única ventaja que recoge el articulado de esta ley para los compañeros de Mariano Rajoy. En su artículo 19, bajo el epígrafe "organización de los Registros", modifica la jornada laboral de los registradores de la propiedad excluyendo a los sábados, cosa que no ocurría hasta ahora: "El Registro de la Propiedad y Mercantil estará abierto al público a todos los efectos, incluido el de presentación de documentos, de lunes a viernes desde las nueve a las diecisiete horas, salvo el mes de agosto y los días 24 y 31 de diciembre en que estará abierto desde las nueve a las catorce horas", reza el texto.
Los registradores de la propiedad cobran los aranceles que para su función establece el Gobierno. Son después los titulares del registro los encargados de efectuar los pagos al personal laboral que tengan a su cargo y de hacer frente a los gastos de la oficina.
A diferencia de los notarios, que también cobran mediante aranceles, en el caso de los registradores no existe competencia. Es decir, es un mercado cerrado. Los ciudadanos no pueden escoger el registro en el que efectuar los trámites, sino que deben ir siempre al que les corresponde. A partir de ahora, no podrán hacer los trámites en sábado.
Justicia pagará otros dos millones a los registradores para que desatasquen las solicitudes de nacionalidad
El Expediente de registrador del presidente Rajoy
Según adelantó infoLibre el pasado 11 de septiembre, el Gobierno de Aznar ocultó en un "archivo de seguridad" el expediente de registrador de Rajoy, una información que condujo a Izquierda Unida a presentar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados.
Estas cuestiones seguirán siendo un misterio. El Gobierno contestó la semana pasada a IU pero sin responder a las preguntas demandadas. La primera, la de por qué el Gobierno de Aznar ordenó ocultar en 2001 el expediente. El Gobierno, que respondió el pasado día 21, sostiene que "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no divulgarse.
El colectivo de registradores continúa acaparando funciones y beneficios bajo el paraguas del Gobierno de Mariano Rajoy. El líder del Ejecutivo integra precisamente este cuerpo de funcionarios del Estado y lleva muy a gala haberse convertido, con 24 años, en el registrador más joven de España. Primero fueron los beneficios que les concedió en la Ley de Emprendedores, que podrían ascender a 150 millones de euros. En esa misma norma, publicada en el BOE el pasado 28 de septiembre, el Gobierno aprovechó para atender una vieja reivindicación de los registradores: dejar de trabajar los sábados. Y, ahora, el Ejecutivo prepara el terreno para que asuman funciones reservadas a los jueces, asunto que también les permitirá incrementar la facturación.