Mariano Rajoy no sólo no sabe nada sobre la Operación Kitcken sino que, a juzgar por su declaración este lunes en el Congreso, cree que nadie es responsable de que un grupo de agentes de seguridad dependientes del Ministerio del Interior montasen un operativo para tratar de impedir que la justicia tuviese acceso a documentos y materiales que pudiesen ser utilizados para probar la financiación ilegal del PP.
El expresidente Rajoy llegó este lunes a la comisión del Congreso que investiga las responsabilidades políticas que puedan derivarse de esa operación con su libro debajo del brazo. Vino a hablar de él —Política para adultos, se titula, y lo mencionó hasta en cuatro ocasiones— y a repetir un cuidadoso guion —a veces lo leía— del que no se salió en ningún momento para decir: “No conozco al señor Villarejo, ni me consta haberle visto en sitio alguno, ni hablé con él nunca”. Tampoco supo nunca nada sobre Kitchen.
El que fuera hasta hace tres años presidente del PP y del Gobierno precisamente cuando tuvieron lugar los hechos que la justicia está investigando levantó todos los cortafuegos posibles para cegar las preguntas de los portavoces de los grupos. Pero no se limitó a rechazar cualquier relación o conocimiento en relación con la Kitchen sino que también negó en varias ocasiones que la justicia haya declarado nunca que su partido manejaba una caja B.
Ni siquiera cuando los portavoces le recordaron las palmarias afirmaciones de las sentencias de la primera época de la Gürtel, ya ratificada por el Supremo, y de las obras en negro de la sede de Génova, un asunto que avergüenza tanto al PP que incluso la actual dirección de Pablo Casado ha puesto en venta en edificio.
Rajoy pasó por alto que el primero de esos dos fallos consideró acreditado que entre 1999 y 2005 Francisco Correa y el Partido Popular tejieron en varios municipios españoles “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.
Y negó, contra toda evidencia, que la sentencia sobre el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero negro consideró un hecho probado la “llevanza y gestión de una contabilidad o caja B en el Partido Popular” en “el periodo en el que el acusado Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero”, ya con el propio Rajoy como presidente de la formación y, por tanto, máximo responsable político de lo que sucedía en la calle Génova.
En uno de los momentos más tensos, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le preguntó por qué mentía al negar la caja b. Rajoy replicó: “Usted no puede venir aquí a preguntarme por qué miento. Yo no miento, quien miente es usted”. Rufián se levantó para darle una copia de la sentencia de la Gürtel que afirma la existencia de la contabilidad paralela del PP. Rajoy, impertérrito, le respondió mostrándole un ejemplar de su Política para adultos: “Yo le voy a dar este libro a la salida”.
Interrogatorio
Durante casi tres horas Rajoy trató de navegar, no sin dificultades, en medio del interrogatorio al que le sometieron los portavoces de los grupos, con la única excepción del PP. Algunos más correosos, como el de Felipe Sicilia (PSOE) o el de Rufián. Otros formalmente más amables, como los de Macarena Olona (Vox) y Sofía Castañón (Unidas Podemos).
Todos intentaron, sin éxito, que Rajoy confesase haber ordenado o al menos haber tenido conocimiento de la trama organizada utilizando recursos humanos, materiales y económicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para privar a la justicia de las pruebas que pudiese tener Bárcenas contra el PP.
Algunos, como Edmundo Bal (Ciudadanos) o Jon Iñarritu (EH Bildu), a la vista de la resistencia del expresidente a admitir un papel concreto en los hechos, buscaron el ángulo de las responsabilidades políticas. Rajoy o no entendió lo que le preguntaban o no quiso enterarse: optó por reprochar a uno y al otro que no respetasen la presunción de inocencia. Según él, lo que le estaban pidiendo era “invertir la carga de la prueba”. “No obliguen a la gente a demostrar su inocencia”, reclamó a los presentes.
Rufián lo intentó todo para arrancar a Rajoy una frase diciendo que la “Policía miente” cuando realiza informes que le sitúan al frente de la trama Kitchen al afirmar que cuando los implicados hablan de El Barbas o El Asturiano se refieren a él. Pero el expresidente no entró al trapo: “Desconozco ese informe. La Policía puede decir lo que quiera, yo no lo conocía. ¿Qué busca, un titular? No se lo voy a dar”.
Rajoy atribuyó las afirmaciones de Villarejo, de Bárcenas y de su exministro del Interior a sus estrategias de defensa. “Se defienden como estiman oportuno. Tienen derecho mentir y dicen lo que quieren”, insistió una y otra vez cuando se le citaban sus declaraciones. Reconoció que Villarejo tenía su teléfono, pero aseguró que ese número estaba en poder de “más de 500 personas” porque en su día lo publicó un periódico y que en todo caso jamás lo utilizó para hablar con el excomisario ni intercambiar mensajes.
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En un momento dado, interrogado por el audio que supuestamente le implicaría en hechos delictivos y con cuya existencia se ha especulado, proclamó sin negar que sea real: “Ese audio no lo conozco, no tiene nada que ver conmigo”.
El expresidente echó en cara a los portavoces que diesen más credibilidad a Villarejo y a Bárcenas que a él mismo pero los distinguió de Jorge Fernández Díaz y del que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ambos imputados, de los que dijo tener la mejor de las opiniones y de quienes está convencido que no tienen nada que ver con los hechos por los que están siendo investigados.
Rajoy se fue de la comisión igual que llegó: arropado por los suyos, con la portavoz Cuca Gamarra a la cabeza. La suya era la última comparecencia prevista en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen. Ahora ya solo faltan las conclusiones.
Mariano Rajoy no sólo no sabe nada sobre la Operación Kitcken sino que, a juzgar por su declaración este lunes en el Congreso, cree que nadie es responsable de que un grupo de agentes de seguridad dependientes del Ministerio del Interior montasen un operativo para tratar de impedir que la justicia tuviese acceso a documentos y materiales que pudiesen ser utilizados para probar la financiación ilegal del PP.