Sin acuerdo previo con el sector y sin que le saliesen las cuentas, el Gobierno llevó este jueves al Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Una iniciativa para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Y si las cuentas no salían al comienzo de la jornada, los conservadores no lograron arañar un solo escaño tras el debate. El apoyo del PNV y la abstención de Ciudadanos, su socio de investidura, no fueron suficientes para un Partido Popular que este jueves comprobó las dificultades de gobernar en minoría.
Al filo de las 13.00 horas, la Cámara emitía, entre los aplausos del grueso de los diputados, el veredicto: 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones. Entre las abstenciones, se incluye la del diputado de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, que se equivocó al votar, según admitió él mismo en su cuenta de Twitter.
Así, Mariano Rajoy se anotó su primer gran fracaso parlamentario y no en un una iniciativa cualquiera, sino en una que parte del propio Ejecutivo. Para buscar un precedente de lo ocurrido este jueves en el Congreso hay que viajar 38 años en el tiempo, hasta 1979. Gobernaba Adolfo Suárez. El 6 de febrero era rechazado el Real Decreto ley 1/1979 por el que se prorrogaba "la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento". Al estar disueltas las Cámaras, el órgano encargado de dar carpetazo a la iniciativa fue la Diputación Permanente, que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones.
Más cerca en el tiempo, en 2006, un fallo del grupo socialista en la votación echó abajo el Real Decreto Ley 1/2006, de 20 de enero por el que se modificaban los tipos impositivos del impuesto del tabaco. La iniciativa volvió al Consejo de Ministros, se aprobó de nuevo y salió adelante en el Parlamento ya sin errores de la formación que representaba al Gobierno.
El varapalo no sólo es puertas adentro, también afecta a los compromisos de España con Europa y muestra la debilidad de un Gobierno que se prepara para aprobar los Presupuestos Generales del Estado en una situación parlamentaria tan delicada.
En su intervención en la Cámara baja para la defensa de la iniciativa, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, desvinculó al Gobierno de la decisión -se trata, dijo, de cumplir lo que se demanda desde Bruselas- e insistió en los riesgos a los que se enfrenta España si el real decreto no sale adelante: 134.000 euros diarios de multa por cada jornada de retraso en la ejecución de la sentencia. "Es mucho dinero del conjunto de los españoles y lo vamos a pagar todos", advirtió. El argumento de la multa fue recurrente a lo largo de su discurso y en las declaraciones que ofreció a la prensa tras cerrarse la sesión al término de las votaciones.
El titular de Fomento sostuvo que ha habido más de 20 contactos con el sector afectado por parte de su ministerio. En la última de las reuniones, este miércoles por la noche, el Gobierno ofrecía prejubilaciones voluntarias para los trabajadores con 50 años, cinco años antes de su edad de jubilación, manteniendo el 70% del sueldo. La oferta fue rechazada. "El Gobierno ha hecho lo que podía hacer", justificó De la Serna. Los partidos de la oposición se encargarían después de matizar las palabras del ministro asegurando que los sindicatos no habían estado presente en la cita en la que contra reloj el Ejecutivo intentaba salvar la derrota en el Parlamento.
También subrayó De la Serna que se han hecho esfuerzos desde el Ejecutivo para cumplir las demandas de los afectados pero en, en algunos asuntos, se toparon con el muro de la Comisión Europea, como en el asunto del registro.
De la Serna mantuvo, además, que no hay ningún país de la UE al que se le esté permitiendo "un hecho diferenciador". Que la ley, dijo, es igual para todos.
Los partidos niegan que haya habido "diálogo"
No sólo defendió el ministro el diálogo entre el Gobierno y el sector afectado. También insistió en el diálogo mantenido a nivel parlamentario. Si bien agradeció a los grupos políticos su disposición a hablar, también subrayó que no había recibido alternativas concretas al texto del real decreto. En ocasiones, se quejó, las discusiones se limitaron a cuestiones que nada tenían que ver con el tema a debate.
Después, en el turno de fijación de posiciones, fueron varios los parlamentarios que le echaron en cara que a ellos no se había acercado. También hubo una crítica bastante generalizada por los plazos del Gobierno. "Que se apuren hasta el final las posibilidades de negociación", demandó el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro.
De hecho, antes de entrar al hemiciclo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, anunció que sus 32 diputados se abstendrían. Tras el fracaso de las negociaciones del día anterior entre el Gobierno y el sector, el dirigente del partido de Albert Rivera confirmaba que su partido se iba a abstener en la convalidación y reclamaba al Gobierno que retirase este punto del orden del día, como ya hizo la semana pasada, para evitar una derrota.
Cuando De la Serna defendía el real decreto de reforma de la estiba, sólo un miembro del Gobierno le escuchaba en el hemiciclo: la titular de Empleo, Fátima Báñez.
"Despidos y deterioro del empleo"
Por parte del grupo de Podemos, tomó la palabra Félix Alonso. El diputado se quejó del empeño del PP en sacar adelante una iniciativa que ni tiene apoyo social ni parlamentario. En un país con un 20% de paro "el PP quiere abrir la puerta a los despidos y al deterioro del empleo en los puertos", denunció.
También anunciaron su voto en contra ERC, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas y el parlamentario de Nueva Canarias Pedro Quevedo.
Los nacionalistas vascos, que se están acercando al PP en la negociación de los Presupuestos del País Vasco, votaron a favor "por responsabilidad", según defendió su portavoz.
Miedo electoral
Por su parte, el diputado socialista César Ramos se preguntó por qué el Ejecutivo no actuó antes, en 2014. Y lo vinculó a la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.
"Creemos que es posible el acuerdo y le pedimos a los sindicatos que se sienten a negociar. Lleguemos a un acuerdo. Lleguemos a la fórmula de que no se eche en cara a los trabajadores que no están por el acuerdo. Y el que no está por el acuerdo es el Gobierno. Pedimos a todos que se pongan a trabajar", añadió Ramos al tiempo que anunciaba su voto en contra. "Señor ministro, siéntese a la mesa [de negociación]", reclamó a de la Serna.
El diputado Miguel Barrachina, del PP, se quejó, como el ministro, de que el resto de partidos no haya planteada alternativa y recordó que el texto por el que la Comisión va a multar a España fue obra del Partido Socialista.
"¿Alguien piensa que vamos a poder estar fuera de los tratados de la Unión Europea?", se preguntó el diputado conservador, que protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada cuando echó en cara a Podemos que la semana pasada fueran con "brazaletes morados" en defensa de la mujer y ahora escondan esos brazaletes si se tiene en cuenta que, por ejemplo, de los 1.600 trabajadores del Puerto de Algeciras todos son hombres.
A partir de ahí dio comienzo un cruce de acusaciones en el que tuvo que mediar la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Barrachina habló de las "amenazas" de Podemos a jueces y periodistas. Y desde Podemos se habló del "matonismo" del PP.
La reforma
El objetivo de la reforma, según el Gobierno, es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. La liberalización del sector, en los términos previstos por el decreto, provocará la entrada de nuevas empresas, supondrá una bajada de los salarios de los estibadores e implicará un desembolso de entre 300 y 350 millones de dinero público para sufragar indemnizaciones por despidos de estibadores. El decreto, que no introdujo ni una sola modificación con respecto al texto que los sindicatos rechazan de plano, afecta a unos 6.500 estibadores. 6.500 estibadores.
La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, según la patronal.
Rajoy dice que quiere agotar legislatura y pide "responsabilidad" para no repetir lo ocurrido con la estiba
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, que hasta ahora controlan la organización del trabajo. De ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en las instalaciones portuarias.
Y ahora, ¿qué? Entre los grupos parlamentarios hay consenso en que la reforma puede producirse vía proyecto de ley. Así lo reconoció el propio portavoz de los conservadores, Rafael Hernando, este mismo martes.
"Estamos abiertos a las propuestas que nos quieran hacer los demás. Si entienden que la fórmula puede ser tramitarlo como proyecto de ley, que lo pongan encima de la mesa, pero no hemos escuchado alternativas", dijo Hernando en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. "Si así se propusiera, podría ser tramitado como proyecto de ley", subrayó, según informa Europa Press.
Sin acuerdo previo con el sector y sin que le saliesen las cuentas, el Gobierno llevó este jueves al Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Una iniciativa para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Y si las cuentas no salían al comienzo de la jornada, los conservadores no lograron arañar un solo escaño tras el debate. El apoyo del PNV y la abstención de Ciudadanos, su socio de investidura, no fueron suficientes para un Partido Popular que este jueves comprobó las dificultades de gobernar en minoría.