Reacciones en Cataluña | Rufián compara el escrito de la Fiscalía con La Manada: "25 años de cárcel por votar y nueve años por violar"

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Los dirigentes soberanistas y miembros de los principales partidos del Parlament de Cataluña se han manifestado este viernes, especialmente a través de las redes sociales, tras conocerse las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía, en las que solicita 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación absoluta para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por un presunto delito de rebelión agravado por malversación de caudales públicos y para los exconsellers las peticiones oscilan entre los 7 y los 16 años de cárcel.

Quim Torra

El president catalán ha mostrado su "inmensa indignación" ante unas "interminables penas" contra los líderes del proceso independentista y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de la represión" y de haber perdido una "oportunidad de oro". En una declaración conjunta en el Parlament junto al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, Torra ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del proceso independentista. 

Para Torra, que la Abogacía del Estado acuse de sedición y no de rebelión "no es un gesto, sino un menosprecio absoluto a demócratas encarcelados". "Hoy el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto de Cataluña", ha señalado. 

Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado este viernes a Europa que reaccione ante los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía: "Vuestra voz es más necesaria que nunca. Europa corre el riesgo de perder credibilidad como espacio que protege las libertades y los derechos políticos de todos".

En un videocomunicado recogido por Europa Press, ha afirmado que "Europa no puede ser cómplice con su silencio de este abuso", y ha argumentado que debe actuar porque se ha demostrado que en España se ha puesto en riesgo el Estado de derecho.

"El Estado en su conjunto, desde el Rey a la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra un Govern, un Parlament y una gran parte de la población que les dijo: así no, así no queremos continuar formando parte de este Estado", ha expuesto desde Waterloo (Bélgica).

Jordi Cuixart

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado este viernes que las penas de cárcel no le harán "renunciar" a sus objetivos políticos.

"¿Alguien piensa que por 17 años de cárcel nos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales? No conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana", ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Cuixart cumplió en octubre un año de prisión preventiva, que le fue dictada junto a Jordi Sànchez por su papel en una protesta ante la Consejería de Economía en septiembre de 2017.

 

El exconseller Raül Romeva ha lamentado las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía General del Estado para él y otros dirigentes soberanistas: "Es una represalia hacia una ideología. Nos defenderemos como si fuera un juicio".

Lo ha dicho este viernes en un tuit recogido por Europa Press, después de que Fiscalía haya pedido para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un presunto delito de rebelión.

"No renunciaremos a nuestros argumentos, ni renunciaremos nunca a nuestro compromiso político", ha añadido el exconsejero de la Generalitat.

 

 

Jordi Turull 

El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha criticado el "relato ficticio para lograr un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal" que hace la Fiscalía.

En un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, Turull ha expresado: "Ninguna sorpresa. Ellos coherentes con su relato ficticio para un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal".

"Nosotros seguimos con las convicciones intactas. A más injusticia, más compromiso. Ni desánimo ni resignación ni renuncia", ha añadido.

 

Josep Rull

El exconsejero del Govern Josep Rull ha advertido que "la prisión preventiva que nos han impuesto durante tantos y tantos meses obliga a condenarnos".

"¿Cómo podrían justificar una larga privación de libertad de unos inocentes? Nos han de declarar culpables para no avergonzarse de sus actos", ha expresado en un apunte de Twitter.

 

 

Jordi Sànchez 

El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha afirmado: "Superaremos el dolor y la desorientación" y ha pedido unidad.

"No hacerlo sería dar la razón a los políticos y jueces españoles que ahora hace un año decidieron que la represión era la única respuesta que Catalunya merecía", ha dicho en un tuit.

La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por un presunto delito de rebelión.

 

Oriol Junqueras

Poco antes de conocerse la noticia, el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado el proceso judicial contra los dirigentes soberanistas y ha concluido: "Nos preparamos para una cárcel larga y para un juicio que no será justo".

En una entrevista por escrito a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha lamentado que la instrucción hasta ahora ha sido política, y ha considerado que "a menudo cuesta discernir entre la posición de la ultraderecha de Vox y la Fiscalía".

"Solo puedo decir que afronto el juicio con la cabeza bien alta, con la convicción de que en el país que yo quiero nunca será un delito votar y que amar la justicia y la libertad es irrenunciable para cualquier demócrata", ha reflexionado.

El líder republicano ha asegurado que, en caso de una sentencia condenatoria, no contempla pedir un indulto al Gobierno central porque ha argumentado que, si lo hiciera, sería lo mismo que admitir su "culpabilidad", y él considera que es inocente.

Ha concluido que, tras una instrucción que ve injusta y un juicio que prevé que tampoco lo sea, el futuro de la defensa de los presos soberanistas pasa por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde considera que sí podrán encontrar justicia.

Rufián compara el caso del 'procés' con la sentencia La Manada

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha comparado el caso del "procés" con la sentencia de La Manada, pues se piden "25 años de cárcel por votar y nueve años por violar, son unos salvajes", unas palabras que han provocado un rifirrafe con el exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas.

 

La respuesta del exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas no se ha hecho esperar y le ha aclarado que la acusación es "por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Por violar y derogar el Estatuto y la Constitución, por intentar dar un golpe de estado contra la democracia y el Estado de derecho, y por amenazar la convivencia. De nada"

 

Toni Comín

El exconsejero Toni Comín ha afirmado que "son cada vez más los ciudadanos de la UE que saben que esto que está pasando en el Tribunal Supremo es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho".

"¡Qué vergüenza! ¡Cuánta ignominia!", ha dicho este viernes en un tuital saberse las penas que pide Fiscalía para los encausados por el proceso soberanista.

Inés Arrimadas

La portavoz de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado la "llamada de gracia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Abogacía del Estado pida delito de sedición para "los golpistas" con tal de "estar un cuartito de hora más en Moncloa".

En un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha manifestado que "muchos españoles" vieron "con tristeza" que "se confirmaron las sospechas". No obstante, ha señalado que Sánchez "no se va a poder seguir escondiendo" tras la proposición presentada por Ciudadanos para no indultar a líderes independentistas.

La CUP

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonès ha llamado a movilizarse contra el juicio por el proceso independentista para convertirlo en un "boomerang político y jurídico contra lo que significa el Estado español".

"Hagamos un juicio al Estado español. Respondamos con unos juicios populares a lo que significa toda expresión del régimen del 78", ha reivindicado en rueda de prensa este viernes, tras saberse las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Vidal Aragonés ha advertido de que el Estado "quiere castigar de una manera ejemplar a todos los que fueron las caras públicas" del Parlament, el Govern y las entidades soberanistas, y ha insistido en que, según él, se trata de un juicio político contra el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Además, cree que con este juicio el Estado pretende que "la unidad territorial española aparezca como una cuestión sagrada y que cualquiera que se atreva a cuestionar esto tendrá penas de prisión", y ha instado a los demócratas de toda España y de todo el mundo a responder contra esta causa judicial.

Sobre que la Abogacía del Estado no acuse de rebelión, ha afirmado que no supondrá ningún cambio y ha avisado a los partidos independentistas de que, si creen que negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez "se puede rebajar la represión sobre el movimiento independentista, se equivocan; no están entendiendo lo que es el aparato del Estado".

El PSC

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, ha insistido en que en el Estado hay separación de poderes y la justicia actúa de manera independiente.

"No se está juzgando ni a una ideología ni a una opción política", ha asegurado en rueda de prensa, y ha añadido que es un juicio contra personalidades políticas que incumplieron leyes.

Granados ha expresado su respeto por las decisiones judiciales, ha pedido que los políticos hagan lo mismo y dejen actuar a la justicia, y ha señalado que el Gobierno no influirá en la sentencia: "No será la Abogacía del Estado ni la Fiscalía, sino la sala del Supremo quien dicte la sentencia".

Al preguntársele si ve proporcionales las peticiones de penas, ha rechazado valorarlas y ha negado que haya habido algún "gesto" del Gobierno, después de que la Abogacía del Estado no haya acusado a los procesados por presunta rebelión.

"No ha habido ningún gesto. Pienso que es un error quien los plantea, y no está en manos del Gobierno hacerlos", y ha reclamado diferenciar esta cuestión del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Colau

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que el diálogo entre gobiernos e instituciones es más necesario que nunca ante unas peticiones de cárcel para dirigentes independentistas "infundadas y desproporcionadas", y ha instado a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía a reconsiderar sus posicionamientos.

"En un día oscuro en el que parece que la solución está más lejos que nunca, ahora es cuando quienes tienen responsabilidades de gobierno deben redoblar esfuerzos" para dialogar y mantener puentes abiertos, ha dicho este viernes en una declaración institucional ante los medios.

La alcaldesa considera que estas solicitudes de cárcel "responden más a una voluntad de venganza que de hacer justicia" y ha advertido de que se está produciendo un retroceso en el Estado de Derecho, según ella.

"Hacemos un llamamiento a los barceloneses, a los catalanes y a los ciudadanos del conjunto del Estado para que respondamos de forma pacífica y firme en la defensa de los valores democráticos que hoy se encuentran amenazados", y ha pedido fortalecer las garantías democráticas que aseguran el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales.

Colau ha remarcado que la petición de penas de cárcel representan una "desviación flagrante del Derecho Penal ante unos hechos no perseguibles en otros países europeos" y ha expresado su preocupación por lo que ha tachado de criminalización de los adversarios políticos.

Los dirigentes soberanistas y miembros de los principales partidos del Parlament de Cataluña se han manifestado este viernes, especialmente a través de las redes sociales, tras conocerse las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía, en las que solicita 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación absoluta para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por un presunto delito de rebelión agravado por malversación de caudales públicos y para los exconsellers las peticiones oscilan entre los 7 y los 16 años de cárcel.

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