Han pasado más de 100 días desde la ofensiva de Israel sobre Palestina y el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, pronostica que “puede durar muchos meses más”. Tras el primer ataque de Hamás sobre Israel, que se saldó con más de 1.200 muertos y un centenar de desaparecidos, el ejército israelí inició una contraofensiva que ya ha acabado con la vida de 24.000 palestinos, a los que se le suman 7.000 desaparecidos, y que ha destrozado el 70% del territorio de la Franja de Gaza. La ONU alerta de que más de dos millones de gazatíes se encuentran en peligro de grave inseguridad alimentaria al tiempo que Israel ostenta el control sobre los alimentos, la electricidad o los combustibles que entran en Gaza.
Se trata de un conflicto que ha dado la vuelta al mundo —y en el que hay una profunda división entre los países que apoyan a Palestina y los que toman partido por Israel—y que esta semana ha llegado hasta el Foro de Davos, que reúne a los principales líderes empresariales y políticos del globo. El presidente español, Pedro Sánchez, quiso que su discurso estuviera impregnado en la visión geopolítica y reivindicó “la necesidad de un alto el fuego inmediato y de convocar una conferencia internacional” para “poner en marcha una solución definitiva” al conflicto. Una solución que, según el socialista, debe reconocer la existencia de dos Estados y la garantía de una convivencia “en paz”.
Sánchez ha tratado de tener un papel activo en el conflicto. Su viaje a Israel y Palestina el pasado mes de noviembre fue muy criticado por las autoridades israelíes por abrir la puerta a un reconocimiento unilateral del Estado palestino y sus crítica en persona a Benjamin Netanyahu por la actuación en Gaza. Aunque la posición del Ejecutivo español con la masacre israelí ha sido más contundente que la de otros países europeos, tampoco implica un apoyo total a la causa palestina, ya que también apoyará la misión militar al Mar Rojo contra la milicia hutí de Yemen —que está impidiendo el paso de buques israelíes o de empresas con intereses en el país— pese a negarlo inicialmente.
Pero los intentos de España por jugar un rol decisivo en esta guerra no son nuevos, sino que tienen su origen décadas atrás. En el año 1991 la capital del país acogió la Conferencia de Madrid, una antesala de los Acuerdos de Oslo dos años después de cara a acabar con el conflicto—y que quedaron en papel mojado tras la muerte del entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin—. Los diferentes gobiernos españoles también se han situado a la cabeza de los países europeos donantes de ayuda a Palestina. El de Sánchez anunció a finales de octubre que iba a duplicar su aportación y que superaría los 40 millones de euros.
Más allá de estos gestos y de las bienintencionadas declaraciones, ¿España está haciendo lo suficiente para contribuir a la desescalada del conflicto? La respuesta es ‘no’, según la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al igual que ella, los ministros y caras visibles de Sumar ponen sobre la mesa algunas iniciativas que, a su juicio, la coalición de la que forman parte debería respaldar y citan, entre otras, el fin del comercio armamentístico con Israel, el apoyo a la demanda que Sudáfrica ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya o el ya citado reconocimiento al Estado Palestino.
Unas iniciativas que también reivindican desde la Red solidaria contra la ocupación de Palestina (RESCOP), que agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales, colectivos y plataformas ciudadanas, que piden al Ejecutivo pasar a la acción. “No sirve de nada condenar la situación de decir que el número de muertes es insoportable cuando seguimos manteniendo relaciones económicas, culturales, diplomáticas y sobre todo, militares con un régimen genocida y de apartheid”, lamenta Ana Sánchez, miembro de Rescop, en conversación con infoLibre. La plataforma convocaba este sábado 20 de enero manifestaciones en 70 ciudades de toda España para exigir al Gobierno que actúe. “Es el momento de pasar de las palabras a los hechos”, lanza.
Reconocer oficialmente a Palestina
El presidente del Gobierno se abrió a reconocer unilateralmente a Palestina en noviembre, pero todavía no ha dado ese paso. En el año 2014, tan solo unas semanas después de que Suecia reconociera oficialmente al país, el Congreso aprobó una resolución por unanimidad en la que instaba al Gobierno a "promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad". La propuesta, avalada por el entonces ministro de exteriores José Manuel García Margallo (PP), se quedó en declaración de intenciones.
España, como Estado soberano, podría dar un paso más y reconocer formalmente Palestina —como sucede con Israel desde el año 1986— sin esperar a la Unión Europea. Hasta la fecha, 139 países han reconocido a Palestina, frente a los más de 160 que han hecho lo propio con Israel. Entre los que no lo reconocen están la mayoría de los países europeos, Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. Un paso que el Ejecutivo puede dar sin ningún problema y que sería relativamente sencillo. No haría falta pasar por el Congreso ni por el Senado. Con una simple declaración pública o una nota diplomática sería suficiente.
Este reconocimiento sería especialmente simbólico dado el contexto actual, pero no implicaría ningún cambio práctico inmediato de gran calado. El control efectivo que la autoridad palestina ejerce sobre el territorio que le corresponde es prácticamente nulo y cualquier intento de cargar contra las políticas ilegales de Israel siempre choca de frente con los vetos que países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos tienen en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Respaldar a Sudáfrica en su denuncia ante Naciones Unidas
España, si quisiera, podría sumarse a la ofensiva judicial impulsada por Sudáfrica, que el pasado 29 de diciembre demandó a Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre las medidas provisionales solicitadas se encuentra la "suspensión inmediata" de las "operaciones militares" de Israel contra Gaza. Y también se pide que el Estado hebreo adopte todas las medidas necesarias para garantizar la "preservación de pruebas" relacionadas con un posible genocidio y el acceso de las misiones de investigación.
La demanda recoge todos aquellos actos del Estado hebreo que podrían calificarse como "genocidas". Así, habla del "asesinato de palestinos" y de los daños físicos y mentales provocados por los "niveles extremos de bombardeos". También señala que alrededor de un 85% de los gazatíes se han visto obligados a "abandonar sus hogares", que se les ha privado del "acceso a alimentos y agua" y de una asistencia médica adecuada o que se han impuesto "medidas destinadas a impedir los nacimientos". Hechos a los que Sudáfrica suma, para justificar el dolus specialis, las "claras y repetidas declaraciones deshumanizadoras" de autoridades israelíes sobre el pueblo palestino.
Aunque las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los Estados, en muchos casos son ignoradas. Ya ocurrió, por ejemplo, en el marco del conflicto en suelo ucraniano, una iniciativa que España secundó. El tribunal ordenó a Rusia suspender de inmediato las operaciones militares en el país, pero la guerra continúa. Aunque Israel no cumpla, a juicio de Ana Sánchez “un Gobierno que quiera posicionarse como un referente en un proceso de construcción de paz en Palestina debería, sin duda, sumarse a iniciativas que impulsen la rendición de cuentas”.
Poner fin al comercio de armas con Israel
El Ejecutivo español también tiene en su mano poner fin al comercio de armas con Israel —nuestro país compra más que vende—. Según se desprende del informe anual sobre exportación de armamento y tecnologías de uso militar elaborado por el Consejo de la UE, el Gobierno aprobó durante el pasado año 34 licencias de exportación de armamento y equipos militares a Israel por un total de 9.292.235 euros. Fue el sexto país de la UE, empatado con Italia, que destinó más recursos. En cuanto a las exportaciones, España destinó armamento por valor de 2,3 millones. El pasado mes de diciembre, después de que varios grupos solicitaran al Gobierno que decretara un embargo de las ventas de armamento, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que no se había exportado material militar a dicho país desde el 7 de octubre y afirmó: “Descuiden, que eso no se va a producir”.
"España debería respetar la propia legislación interna sobre comercio de armas y dejar de vender y comprar armas y tecnología militar y de seguridad a Israel. Israel utiliza operaciones militares como la que está desplegando en la Franja de Gaza estos días para probar armamento y nuevas tecnologías que posteriormente exporta a otros países, incluyendo al Estado español, bajo la marca 'probado en combate'. Ningún estado debería contribuir a seguir financiando la industria militar israelí, que es una fábrica de opresión, represión y destrucción construida sobre gravísimas vulneraciones de derechos humanos", asegura la miembro de Rescop.
Romper relaciones diplomáticas y acuerdos europeos
Fue en el año 1986 cuando Felipe González abrió oficialmente relaciones con Israel. Lo hizo siete años después de que Adolfo Suárez se entrevistara con el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, en la primera visita de este a un jefe de Gobierno occidental. Sin embargo, con la incorporación de España a la OTAN, el histórico líder del PSOE reconoció oficialmente al país hebreo para poder integrarse en la Unión Europea. Después de González, el resto de presidentes españoles también impulsaron las relaciones con el país, pero sin descuidar tampoco a Palestina en una suerte de equilibrio que les permitía no tomar partido.
Tras el ataque de Hamás y la contraofensiva de Israel, la embajada del país hebreo en España pidió a Sánchez que condenara las declaraciones "absolutamente inmorales" y "vergonzosas" de "algunos miembros del Gobierno" sin especificar qué declaraciones ni qué miembros, aunque se trataba de una alusión velada a las entonces ministras Ione Belarra e Irene Montero, de Unidas Podemos. La tensión se incrementó cuando Sánchez cuestionó que Israel respetara el derecho internacional humanitario, lo que provocó que la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas, lo que supuso dejar vacante su representación diplomática. Sin embargo, volvió a ocupar el cargo hace solo unas semanas tras constatar “un cambio a mejor” en los mensajes del Gobierno español.
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Desde Rescop consideran que España debería "romper relaciones con un régimen de apartheid", por ser un Estado "que vulnera de manera sistemática y desde hace décadas el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos". Asimismo, Ana Sánchez plantea que a nivel europeo "es urgente romper el Acuerdo de Asociación Preferente con Israel" porque gracias a él "se beneficia de generosas cantidades de dinero público para, entre otros, seguir desarrollando su industria militar y de seguridad".
Apoyar que Netanyahu responda ante la Corte Penal Internacional
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que dirime controversias entre Estados, la Corte Penal Internacional se centra en la responsabilidad penal de individuos. El Ejecutivo también podría, por tanto, apoyar a la Fiscalía de este último organismo a investigar los crímenes de guerra cometidos por Israel, siguiendo la estela de Irlanda. Una demanda que ya suscribió en su día la líder de Podemos, Ione Belarra, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián y el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, que impulsaron junto a otros 80 cargos políticos un escrito en el que reclamaban la detención de Netanyahu para ser juzgado por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.
Aunque el Estado hebreo no forma parte del Estatuto de Roma, el palestino lo ratificó a comienzos de 2015. Y, por lo tanto, tiene competencia para estudiar los excesos que se hayan podido cometer por las dos partes en conflicto. La competencia de la Corte Penal Internacional para abordar los crímenes cometidos en el marco del conflicto palestino-israelí fue, durante años, objeto de profundo debate. Pero la discusión quedó zanjada al inicio de 2021, cuando la sala de cuestiones preliminares del tribunal de La Haya, por dos votos frente a uno, consideró que el organismo tenía margen normativo para ocuparse de esta cuestión.
Han pasado más de 100 días desde la ofensiva de Israel sobre Palestina y el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, pronostica que “puede durar muchos meses más”. Tras el primer ataque de Hamás sobre Israel, que se saldó con más de 1.200 muertos y un centenar de desaparecidos, el ejército israelí inició una contraofensiva que ya ha acabado con la vida de 24.000 palestinos, a los que se le suman 7.000 desaparecidos, y que ha destrozado el 70% del territorio de la Franja de Gaza. La ONU alerta de que más de dos millones de gazatíes se encuentran en peligro de grave inseguridad alimentaria al tiempo que Israel ostenta el control sobre los alimentos, la electricidad o los combustibles que entran en Gaza.