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A pocos kilómetros de Zafra, entre Sevilla y Mérida, se ubica Medina de las Torres, un pequeño municipio de apenas un millar de habitantes cuya historia, como la de otros tantos pueblos a lo largo y ancho de la geografía española, está marcada por la represión posterior al golpe de Estado de 1936. Se la conoce bien el activista de la CGT Cecilio Gordillo, natural de la localidad. Cuenta que se fusiló a 58 personas. Sin embargo fueron los únicos disparos que se escucharon en la localidad durante aquella etapa negra. Sin muchos problemas, los golpistas se hicieron con el control de la urbe pacense. Y, algunos años más tarde, levantaron en ella una pequeña cruz para honrar la memoria de los caídos durante lo que llamaron cruzada. “De sus caídos”, se apresura a matizar Gordillo. Un monumento de los años más negros de la historia reciente de España que, señala el activista, sigue en pie más de ocho décadas después, aunque con una leyenda diferente: “Ahora pone algo así como ‘En memoria de todas las víctimas de todas las guerras de España’. Se encuentra en la parte trasera de la plaza, en un pequeño jardín pegado a la Iglesia”, cuenta Gordillo.
Es la hora de comer después de una mañana ajetreada que ha dedicado a visitar y fotografiar algunos vestigios franquistas en el municipio sevillano de Constantina. Sin embargo, el miembro de la CGT y coordinador de Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía no duda en parar momentáneamente sus labores para abordar la polémica, tanto mediática como política, que ha suscitado la retirada en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera de la Cruz del Llanito de las Descalzas, con una fuerte vinculación franquista en tanto que fue erigida en plena Guerra Civil como monumento para homenajear a todos los muertos del bando golpista. Unas actuaciones, que la alcaldesa de IU ha vinculado a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que incluso llevaron el pasado fin de semana al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a lanzar una amenaza durante la misa dominical retransmitida por televisión. “Ahí están los sentimientos religiosos, por eso que nadie los toque. O si los toca, que se atenga a las consecuencias. Los cristianos no somos violentos, pero tomamos nota”, dijo el religioso.
Gordillo cuenta la historia de su pueblo natal para ejemplificar que el mantenimiento de estas cruces sigue siendo una realidad en buena parte del territorio nacional. Lo sabe bien Óscar Gaztelumendi, portavoz de Podemos en Melilla y candidato de la formación morada en los últimos comicios. Cada vez que va a desayunar a su bar de referencia, el café se lo toma frente a un enorme monumento de estas características levantado en pleno centro de la ciudad autónoma, en una de las arterias más importantes de la localidad. “Es una cruz negra de unos diez metros de altura”, describe al otro lado del teléfono. En unos inicios, el monolito estuvo dedicado a los caídos durante el golpe de Estado y la posterior Guerra Civil. Hasta hace pocos meses, cuando el equipo de gobierno, cuenta, cambió la inscripción. “Le limpiaron el cariz fascista, pero todo el mundo es consciente de la connotación que tiene”, apunta Gaztelumendi. Una “losa” en la ciudad autónoma que se suma a la estatua en honor al dictador que sigue existiendo junto al puerto o al enorme monumento que todavía preserva la imagen del Águila de San Juan, también en el centro de la ciudad.
De Cantabria a Cádiz
Los colectivos memorialistas no tienen constancia del número exacto de cruces de estas características que en su momento fueron levantadas por toda la geografía española. Al igual que tampoco saben a ciencia cierta cuántas de ellas siguen todavía en pie cuatro décadas después del final de la dictadura. Por eso, desde Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía pusieron en marcha a finales de diciembre una campaña para que todos los ciudadanos puedan ir aportando su granito de arena a través de imágenes con las que elaborar un inventario en suelo andaluz y extremeño. Por el momento, han recogido una veintena de estos monumentos. En Zahara de los Atunes (Cádiz), por ejemplo, la pequeña cruz que en un primer momento estaba ubicada en la muralla del Palacio de las Pilas, junto a la iglesia parroquial, se encuentra desde la década de los noventa instalada en el cementerio con una inscripción que en su día fue modificada: se pasó del “Caídos por Dios y por la Patria” al genérico “Caídos por España”. Un traslado al camposanto que también se llevó a cabo con una similar en Villablanca (Huelva).
En el caso de Extremadura, les han remitido media docena de ejemplos, entre los que destaca el enorme monumento de más de doce metros de alto que se alza sobre una de las arterias principales de la ciudad de Cáceres. Una construcción de mármol traído de la Sierra de Alconera que comenzó en septiembre de 1937 y cuya inauguración se produjo en mayo de 1938, un año antes de que finalizara la contienda, bajo la atenta mirada de la jefa nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, y del entonces líder de la Falange en Extremadura, el capitán José Luna Meléndez. Un vestigio que el pasado mes de marzo el Gobierno instó al consistorio de la ciudad a retirar al considerar que “contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia”. El alcalde del municipio, el socialista Luis Salaya, se ha comprometido a trasladarlo al cementerio, pero no a demolerlo, mientras que la ultraderecha no ha tardado en tomar posiciones para la batalla: Abogados Cristianos ha iniciado una campaña de recogida de firmas para paralizar la retirada y Vox ha llegado, incluso, a llevar el asunto al Congreso.
Pero lo cierto es que la contabilidad que lleva Gordillo representa una pequeña muestra en las dos comunidades autónomas. Ejemplo de ello es que la Diputación de Badajoz, hace un par de años, contabilizaba solo en la provincia nada menos que 78 cruces de estas características. Una cifra que invita a pensar que por toda la geografía española podría haber repartidas cientos de cruces de estas características todavía en la actualidad. Sobran muestras de ello en diferentes regiones. Lo sabe bien la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AMRH), que a medida que va teniendo constancia de estos vestigios franquistas va registrando las respectivas peticiones de retirada ante las administraciones. El año pasado, por ejemplo, puso el foco en Puebla de Montalbán (Toledo), Valdáliga (Cantabria) o Fuencaliente (Ciudad Real), donde solicitó que se quitase una cruz instalada en 1948 por el alcalde, presidente del Movimiento, para ensalzar el golpe de Estado del 18 de octubre de 1936. Un año antes, pidieron a Fomento que actuase sobre un monumento similar que rinde homenaje a Onésimo Redondo en la nacional VI, a escasos kilómetros del Valle de los Caídos, donde se encuentra la madre de todas las cruces.
Una “política de Estado”
Emilio Silva, presidente de la ARMH, explica que el levantamiento de estas cruces, y otros vestigios, formaba parte de una “política de Estado”. Muestra de ello es una orden emitida por el Ministerio de la Gobernación de agosto de 1939, recogida en el artículo Política y religión: ¿puede el símbolo religioso dejar de serlo por su uso apologético-franquista?, con la que se buscaba “dar unidad de estilo y de sentido” a la “perpetuación por monumento de los hechos y personas de la Historia de España, y en especial a los conmemorativos de la guerra y en honor a los caídos”. U otra lanzada un año y medio antes, por la que se instituye la Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria y en la que se hace hincapié en “los peligros, a veces irreparables” que para “el decoro estético” significa “dejar abandonado a la iniciativa particular o a la espontánea y frecuentemente poco avisada de las corporaciones locales” todo lo referido al “estilo y realización” de “monumentos patrióticos, memoriales a los caídos, inscripciones lapidarias y otras formas materiales de homenaje, destinadas a multiplicarse”.
Cuestionado por la permanencia de esta clase de vestigios más de cuatro décadas después de la dictadura, Silva cree que en parte tiene que ver con “equilibrios electorales”, con esa clase de política basada en “evitar el conflicto”. De hecho, recuerda que estos no solo permanecen en pie por la resistencia de formaciones conservadoras, ni mucho menos. También en localidades en manos progresistas se producen situaciones similares. En este sentido, no duda en poner como ejemplo la enorme cruz que, a día de hoy, todavía puede verse en la ciudad de Vigo, gobernada por el socialista Abel Caballero. Un monumento que se alzó allá por la década de los sesenta y cuya iniciativa partió de la Jefatura Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El primer proyecto se presentó en 1959. El definitivo, llegó dos años más tarde: un monumento de doce metros de alto, inaugurado durante una de las visitas del dictador a la ciudad, con varios elementos en bronce, entre ellos dos coronas de laurel, los emblemas de Falange y Requeté y la inscripción “Caídos por Dios y por España. ¡Presentes! 1936-1939”.
La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 llevó el caso ante la justicia escudándose en la Ley de Memoria Histórica. Y venció en primera instancia. En septiembre de 2014, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la ciudad ordenó derribarla al considerar que no era un símbolo religioso, sino político, al haber sido construido para recordar el golpe de Estado de 1936. “Un testimonio presente del triunfo de los vencedores y memoria de la humillación para los vencidos, sus víctimas y sus descendientes”, llegó a recoger la resolución judicial. Sin embargo, el ayuntamiento de Caballero no dio su brazo a torcer. Y recurrió ante el Tribunal de Xustiza de Galicia, que dio la razón a la administración con un fallo, que contenía el voto particular de una magistrada, en el que sostenía que el monumento había perdido ya su significado original. “Puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuese su significado originario, puesto que es evidente que se trata de una cruz latina”, aseveró el TSXG, que recordó que estaba desprovista ya de toda simbología fascista.
Los monjes permanecen de forma ilegal en el Valle de los Caídos desde el 2 de octubre, según la ARMH
¿Elemento religioso?
Una interpretación a la que se siguen agarrando partidos y asociaciones que tratan de frenar por todos los medios la retirada de este tipo de vestigios. Pero que rechaza categóricamente el abogado memorialista Eduardo Ranz. “Se levantaron para honrar a los caídos por dios y por España, en muchos casos a iniciativa de la Falange. Claro que no tienen connotaciones religiosas, creo que es un debate que ya debería estar superado”, dice. Y, en este sentido, recuerda que las autoridades eclesiásticas, en alguna ocasión, se han desentendido de estos monumentos. Fue lo que pasó con el obispado de Santander, que en respuesta a la petición de Ranz de retirar los escudos preconstitucionales del templo de San Roque y de la Cruz de los Caídos en San Pedro dijo: “[La] jerarquía eclesiástica ni mandó poner estos símbolos ni que se realizaran en los muros de la Iglesia. Es más: la Secretaría de Estado del Vaticano, con fecha 5 de junio de 1940, se quejó ante el Gobierno español de que las autoridades coartaran la libertad e independencia de la Iglesia al forzar de manera unilateral que se fijaran esos símbolos”.
Silva recuerda, no obstante, que la Iglesia católica durante el franquismo hizo “mucha política”. “El levantamiento de estas cruces era una acción política, una forma de colaboración entre la jerarquía católica y el régimen franquista. Por tanto, estos elementos tienen el significado que tienen: no son un símbolo religioso, son un símbolo de la represión”, explica el presidente de la ARMH. Vestigios que, en atención a la Ley de Memoria Histórica, deberían estar ya retirados. “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, recoge el artículo 15. Sin embargo, más de cuatro décadas después de la muerte del dictador, España sigue plagada de cruces en recuerdo de todos aquellos que se dejaron la vida al lado de los golpistas y para escarnio de los que sufrieron la represión. Y eso que la norma habilita a la administración para retirar ayudas públicas a esos ayuntamientos díscolos…
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