Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de inadmitir la querella que formuló contra el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón y su refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por supuesto lawfare --guerra judicial con fines políticos-- al haber reabierto la investigación contra el partido morado por presunta financiación ilegal, que finalmente fue archivada.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Podemos pide que se declare nula la decisión del Supremo y que se le reconozca el derecho a que se realice "una investigación suficiente y eficaz de los hechos comprendidos en la querella".
La formación que dirige la exministra Ione Belarra interesa también que el TC declare que se ha vulnerado su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.
Podemos se querelló a finales del año pasado contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y su juez de refuerzo por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas, al considerar que ambos jueces cometieron un "paradigmático" y "palmario" caso de lawfare al investigar de manera "prospectiva" con el objetivo de "perjudicar reputacionalmente" al partido, según denunció su portavoz Pablo Fernández.
El Supremo respondió, con el respaldo de la Fiscalía, que no había motivo para admitir la querella al no haber apreciado indicios de delito en la actuación de los dos jueces de la Audiencia Nacional, que reabrieron la investigación --al final archivada por la Sala de lo Penal de la AN-- que se seguía contra el partido y sus líderes por presuntos delitos de financiación de partidos, blanqueo de capitales y delito fiscal, tras haber tomado declaración al exjefe de la Inteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal.
Los magistrados del TS precisaron que, ante la información aportada por Carvajal, el juez "estaba obligado a investigar y verificar la veracidad de lo que se le transmitía".
Filtraciones "sesgadas"
Para Podemos, la decisión de reabrir la investigación se basó en una "arbitraria voluntad inquisitiva por parte de tales magistrados, cuya presumible finalidad era iniciar una causa indeterminada y genérica sin base alguna", causando un perjuicio reputacional sin justificación al partido en cuanto a su honor, imagen, intimidad y al derecho de participación política en igualdad de condiciones.
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La formación señala en su recurso de amparo que ambos jueces delinquieron "aprovechando y parapetándose" en su condición de autoridad del Estado.
"Partiendo de una investigación nítidamente prospectiva, se prolonga la misma artificiosamente, impidiendo a las personas investigadas acceder a la instrucción so pretexto del secreto sumarial declarado, pero a la vez filtrando las resultas de tal investigación prospectiva a medios de comunicación que, a su vez, se ven amparados en la existencia de dicha investigación para dotar de 'veracidad' a dichas informaciones tendenciosas y claramente perjudiciales para el referido partido político, que compite de este modo en situación de clara desigualdad respecto del resto", indica.
El partido alega que esas noticias o filtraciones "interesadas y sesgadas" por "autoridades públicas" en una causa que estaba secreta dan prácticamente por acreditada la realización de actividades ilícitas por parte de la formación política. "Aunque carezcan de base objetiva alguna, siguen publicadas en los medios de comunicación, e incluso han servido a determinados medios para reproducir día sí y día también las mismas falsedades, amparándose en dichas 'investigaciones' para dar por cumplido un requisito de veracidad carente de toda verosimilitud", expone.
Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de inadmitir la querella que formuló contra el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón y su refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por supuesto lawfare --guerra judicial con fines políticos-- al haber reabierto la investigación contra el partido morado por presunta financiación ilegal, que finalmente fue archivada.