La resolución aprobada la pasada semana en el Parlament de Cataluña se encuadra —como casi cualquier movimiento del independentismo— en la rivalidad entre Junts y Esquerra Republicana por ser la fuerza hegemónica del espacio. Un texto que se ratificó en el marco del Debate de Política General y en el que ambas formaciones, con la abstención de la CUP, acordaron no investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si no trabaja "para hacer efectivas las condiciones de un referéndum". Sin embargo, tanto ERC como Junts son conscientes de que el referéndum es una de las líneas rojas del PSOE y que Sánchez no dará su brazo a torcer en esta materia. Pero consideran que así pueden forzar a los socialistas a plantear su alternativa—por ejemplo, un nuevo Estatut— para resolver el conflicto territorial.
Ambas formaciones presumen de haber arrastrado a la otra con esta resolución. En ERC no quieren perder el foco que tuvieron en la pasada legislatura como socios preferentes de La Moncloa, en tanto que observan como la formación de Carles Puigdemont gana enteros y escenarios mediáticos. El objetivo de ERC pasa por visibilizar que son tan importantes como los posconvergentes e insisten en que Sánchez cometería un error al dar sus votos por garantizados. De fondo, subyace el temor a que sea Junts quien capitalice un eventual éxito electoral si se logra sacar adelante la ley de amnistía.
"Que lo tenga claro todo el mundo: la amnistía por sí sola no resuelve el conflicto. La autodeterminación, el referéndum se sitúa en el centro de la resolución del conflicto", aseguró el president Pere Aragonès en la conmemoración del sexto aniversario del 1 de Octubre. Una declaración más simbólica que real, ya que el objetivo de ERC pasa por retomar el acuerdo del año 2019, en el que según manifestó recientemente la número dos del partido, Marta Rovira, persona de máxima confianza de Oriol Junqueras, ya se pusieron las bases para que se pudiera hablar "de todo" en una Mesa de Diálogo. Los republicanos creen "razonable" que ahora el PSOE vuelva a asumirlo de nuevo en la nueva investidura.
Es decir, la dirección de ERC se daría por satisfecha si Sánchez asume lo ya acordado hace cuatro años, porque entienden que eso incluye abordar el debate sobre la autodeterminación. Ese acuerdo fijaba que la resolución del conflicto catalán se debe materializar "a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo". Asimismo, la formación liderada por Junqueras también demanda otras cuestiones para dar su sí a Sánchez como el traspaso de la red de Rodalies y la reforma del modelo de financiación, pendiente desde hace una década.
El giro de Junts y la vía pragmática
Desde la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de la que se cumplen ahora seis años, ERC ha pasado de exigir el reconocimiento de Cataluña como Estado soberano a defender el diálogo como la vía más efectiva. Una pragmatismo que, hasta la fecha, el partido de Puigdemont no compartía. Públicamente ningún dirigente de Junts ha reconocido que la DUI fuera un error, es más, siguen defendiendo que el resultado del referéndum del 1-O es válido pese a que no ha tenido ningún reconocimiento internacional y fue anulado por el Tribunal Constitucional. En el último lustro los posconvergentes han acusado a ERC de renunciar a la independencia y han criticado en numerosas ocasiones la vía del diálogo y su predisposición a pactar con el PSOE "a canvi de res" —a cambio de nada—, lo que les ha valido el título de "botiflers" y "traidores" en las bases independentistas.
Las elecciones del 23J lo han cambiado todo. La formación ha abandonado esa posición y se ha abierto a negociar con Sánchez, dando ya sus frutos con el acuerdo para la mayoría en la Mesa del Congreso y la reforma del reglamento para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales. El tono en público, más allá de algunos aspavientos, tampoco es el mismo. Es más, a diferencia de Aragonès, Puigdemont no hizo ninguna referencia expresa al referéndum durante el aniversario del 1-0 y llegó a admitir que "las cosas están empezando a cambiar, no lo suficiente pero sí en la buena dirección".
Lo cierto es que ni Junts ni Esquerra se libran de las presiones del independentismo. Tras aprobarse la resolución en el Parlament, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, exigió vincular la amnistía a la independencia y presionó a a Junts y ERC para cumplir con el "mandato del 1-O":"¿Cómo puede ser que en esta resolución no aparezca la palabra independencia? ¿Dónde está nuestro Parlamento para hacer efectivo el mandato del 1-O?", lanzó ante los manifestantes convocados en la plaça Urquinaona, donde se produjeron cargas policiales seis años atrás.
Las fuerzas catalanas no esconden que el apoyo a la independencia está en mínimos históricos de la década, según datos del barómetro público catalán, lo que enciende los ánimos de los más acérrimos. Un bajón que se palpa también en el histórico de las manifestaciones por la Diada. La última congregó a 115.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana de Barcelona, mientras que en 2022 se reunieron 150.000. Cifran que están lejos de las que logró el independentismo en 2017, con un millón de personas según la Guardia Urbana.
Los socialistas advierten: "Si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones"
ERC exige ahora tres pactos a cambio de su apoyo a la investidura
Desde en un primer momento tanto el PSOE como el PSC cerraron la puerta totalmente a un acuerdo que incluya el referéndum. En un comunicado conjunto, insistían en que cualquier acuerdo tiene que llegar "desde el marco de la constitución": "La sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, han apostado de manera amplia por un Gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años, y no por mirar al peor pasado, sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor”, rezaba el texto.
La contundencia del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, no dejó lugar a dudas: "Si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija", manifestó. El PSOE, aunque Ferraz no lo confirma, está dispuesto a avanzar en la amnistía, pero el referéndum supone entrar en una vía sin salida. El propio Sánchez remarcó este martes tras recibir el encargo del rey Felipe VI rechazó el anhelo independentista del referéndum. Para él, la sociedad catalana este 23J apostó por el "reencuentro": "Es la hora de la política, de la generosidad y del liderazgo", señaló, sin mencionar en ningún momento la palabra amnistía.
Los que sí quieren los socialistas es un compromiso por parte del soberanismo sobre el abandono de la unilateralidad y de ese "lo volveremos a hacer". Una idea que ya ha verbalizado Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, que desde hace semanas defiende que habrá ley de amnistía, aunque esa deberá llegar acompañada de determinadas concesiones por parte del independentismo. "Cuando uno anda por el carril del diálogo y el acuerdo, no anda por el carril de la unilateralidad, yo creo que eso es claro", afirmó portavoz de la coalición, Ernest Urtasun. "Lo lógico es aprobarla en el contexto de una serie de acuerdos para la construcción de un proyecto de convivencia y de reconciliación común", aseguró también el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, en una entrevista reciente con infoLibre.
La resolución aprobada la pasada semana en el Parlament de Cataluña se encuadra —como casi cualquier movimiento del independentismo— en la rivalidad entre Junts y Esquerra Republicana por ser la fuerza hegemónica del espacio. Un texto que se ratificó en el marco del Debate de Política General y en el que ambas formaciones, con la abstención de la CUP, acordaron no investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si no trabaja "para hacer efectivas las condiciones de un referéndum". Sin embargo, tanto ERC como Junts son conscientes de que el referéndum es una de las líneas rojas del PSOE y que Sánchez no dará su brazo a torcer en esta materia. Pero consideran que así pueden forzar a los socialistas a plantear su alternativa—por ejemplo, un nuevo Estatut— para resolver el conflicto territorial.