Altas personalidades pasadas y presentes del Estado, grandes empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas se dieron cita este jueves en el Palacio Real de Madrid para acudir a la recepción convocada por el rey, Felipe VI, tras el desfile militar de celebración del Día de la Fiesta Nacional. Los asistentes prácticamente abordaron un solo tema, la crisis abierta en Cataluña, y cómo se resolverán las que son las dos incógnitas más cercanas: qué ocurrirá el lunes, cuando declararán en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y qué pasará el próximo jueves, el día en el que se cumple el plazo otorgado por el Gobierno al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que renuncie a declarar la independencia.
Tras el habitual desfile militar de cada 12 de octubre en Madrid, que este año fue multitudinario y en el que se escucharon 'vivas' a España, al rey y al presidente del Gobierno, tanto las personalidades políticas como multitud de empresarios y ex altos cargos de la Administración se dieron cita en el Palacio Real. A la llamada del rey acudieron unas 1.400 personas, entre ellas figuras políticas como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el exvicepresidente Alfonso Guerra, varios exministros socialistas o todos los presidentes autonómicos a excepción de Uxue Barkos (Navarra), Íñigo Urkullu (País Vasco) y el propio Puigdemont.
También hubo una importante representación de empresarios, como el presidente de Planeta, Josep Creuheras, el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, o el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. Fue destacada la ausencia del expresidente del Gobierno José María Aznar, así como la del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que tampoco asistió al desfile, al igual que hizo los dos últimos años. Sí estuvieron los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, así como el ex ministro de Obras Públicas Josep Borrell, muy solicitado en la recepción tras su discurso en la manifestación anti independentista que tuvo lugar en Barcelona hace unos días.
Cataluña fue monotema en las conversaciones informales del evento, al que acudió también el Gobierno en pleno a excepción del ministro de Economía, Luis de Guindos –de viaje en Washington DC–, y del presidente y la ministra de Defensa, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que tuvieron que marcharse a Albacete al conocerse el fallecimiento de un piloto de caza tras estrellarse su avión después de participar en el desfile. En las conversaciones con los periodistas, miembros del Ejecutivo insisten en lo que ya afirmó Rajoy el miércoles: la única opción con la que cuenta Puigdemont para que el Gobierno no aplique el artículo 155 de la Constitución pasa por que deje claro que no ha declarado la independencia de Cataluña, algo que provocaría que se volviera, aseguran, a la situación anterior a la aprobación de la Ley del Referéndum el 6 de septiembre.
Según el requerimiento enviado por la Moncloa, el dirigente autonómico tiene hasta el lunes para confirmar si "alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si su declaración del 10 de octubre ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor". En caso afirmativo, el Gobierno da de plazo hasta el próximo jueves a Puigdemont para revocar la declaración antes de continuar tramitando la activación del artículo 155. No obstante, estas fuentes se muestran poco confiadas en que el president niegue tajantemente esta declaración y prevén que su respuesta sea ambigua, e incluso barajan la posibilidad de que Puigdemont responda en los mismos términos que utilizó en el Parlament.
Los Mossos, la primera competencia intervenida
De ocurrir así, las fuentes gubernamentales confirman que el Ejecutivo seguirá adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, e intentaría pactar las medidas a tomar con PSOE y Ciudadanos. Para ello, el Gobierno debe presentar las medidas concretas que quiere tomar al Senado y ser autorizado por éste, y estas fuentes coinciden en que la primera decisión, llegados a ese punto, sería la asunción directa por parte del Ejecutivo del mando de los Mossos d'Esquadra.
A partir de ahí, hay más diferencias sobre qué hacer. Ciudadanos, por ejemplo, solicita incluso retirar de la Presidencia de la Generalitat a Puigdemont y convocar elecciones, si bien el Gobierno tiene sus reservas con respecto a la posibilidad de aplicar una alternativa tan dura. El PSOE, por su parte, aseguraba en la recepción que, si la tensión se había reducido algunos grados en los últimos días –una sensación extendida entre los asistentes– había sido, en parte, gracias a que Pedro Sánchez presionó para que Rajoy no adoptase medidas más duras tras el pleno del Parlament del pasado martes.
Además, en las conversaciones mantenidas en el Palacio Real también se contempló la posibilidad de que una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución provocara un recurso de la Generalitat precisamente ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, fuentes del tribunal aseguran estar preparadas para ello, mientras dirigentes del Ejecutivo admiten que existen "cauces de comunicación abiertos" entre el Gobierno catalán y el central, si bien no ofrecen más detalles al respecto.
Libertad bajo fianza
Jueces y fiscales aclaran al Govern que son ellos quienes garantizan los derechos
Pero antes de llegar al jueves, el día en el que el Gobierno podría continuar con los trámites para aplicar el artículo 155, hay otra gran incógnita en el camino: qué ocurrirá el próximo lunes, cuando Josep Lluís Trapero, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart declararán ante la Audiencia Nacional por sedición apenas unos minutos después de que expire el plazo ofrecido por el Ejecutivo a Puigdemont para que confirme si ha declarado a la independencia.
El president debe responder por escrito antes de las 10 de la mañana, pero todas las fuentes consultadas admiten que una decisión dura contra Trapero, Sánchez y Cuixart dejaría en un segundo plano su contestación —fuera la que fuera– y sacaría a las calles de Cataluña a miles de personas. Por ello, fuentes del poder judicial admiten que, a día de hoy, lo más probable es que Trapero sea exculpado y que los líderes de ANC y Òmnium salgan en libertad bajo fianza tras prestar declaración, y argumentan para anticipar esta decisión que no existe ni "riesgo de fuga" ni peligro de que se "oculten pruebas".
El tercer criterio que servirá a la Audiencia Nacional para decidir es el de posible "reiteración del delito" por el que se investiga a Sánchez y Cuixart, si bien estas fuentes consideran que la fianza podría ser una medida proporcionada para evitarlo. La decisión final, no obstante, la tendrá la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que en su auto consideraba que los presidentes de Òmnium y la ANC habían diseñado "una estrategia compleja" para la "ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña [...] donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar".
Altas personalidades pasadas y presentes del Estado, grandes empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas se dieron cita este jueves en el Palacio Real de Madrid para acudir a la recepción convocada por el rey, Felipe VI, tras el desfile militar de celebración del Día de la Fiesta Nacional. Los asistentes prácticamente abordaron un solo tema, la crisis abierta en Cataluña, y cómo se resolverán las que son las dos incógnitas más cercanas: qué ocurrirá el lunes, cuando declararán en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y qué pasará el próximo jueves, el día en el que se cumple el plazo otorgado por el Gobierno al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que renuncie a declarar la independencia.