Este viernes el Gobierno ha aprobado un informe para reformar las Administraciones Públicas, que debe llevarse a cabo con la colaboración entre Gobierno central, ayuntamientos y comunidades autónomas. Desde el minuto cero no ha pasado inadvertido.
En defensa del que es uno de los 'proyectos estrella' del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado este sábado que ha llegado el momento “del sacrificio” para los políticos, y ha destacado la labor para reducir el gasto público y la racionalización de la administración. Para ello, ha señalado, es necesario un “esfuerzo titánico” de las comunidades autónomas, que ya han reducido 535 empresas públicas. El objetivo del Gobierno es suprimir 728 más.
Complicaciones
Sin embargo, se trata de un esfuerzo complicado para el Gobierno, puesto que no cuenta con el apoyo y visto bueno de la mayoría de las comunidades autónomas que son, precisamente, quienes tienen que cumplir el grueso de estas recomendaciones.
Primeras críticas
No han tardado en aparecer las primeras críticas a esta medida. Es el caso del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien afirma que la reforma de la Administración es un “absoluto despropósito” con el que “quieren volver a recortar servicios y recortar democracia”. Además, Lara ha criticado que el recorte propuesto de 37.700 millones de euros se haga “con excusa de evitar la duplicidad en las administraciones”, cuestionando que no suponga la destrucción de empleo. “Se quieren cargar a los diputados de las comunidades autónomas y reducirlos a la mitad”, ha afirmado, según informa Europa Press.
"Quieren ir socavando el Estado"
Por otro lado, para el líder de IU esto ya se ha puesto en práctica por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. “Quieren seguir socavando el Estado”, ha concluido.
Patxi López, secretario de Relaciones Políticas del PSOE, por su parte, coincide con el Gobierno en que no es necesario “racionalizar las administraciones públicas y evitar derroches, duplicidades y solapamientos”. Sin embargo, avisa de que tras la reforma propuesta se esconde “un modelo concreto” de Estado con el que se quiere “suprimir ayuntamientos” para “quitarles sus competencias y después privatizarlas”.
López asegura que serán los ediles de los pueblos más pequeños los que antes vean sus puestos suprimidos, “que son precisamente los que no cobran por su trabajo” por lo que la medida “no servirá para ahorrar ni un euro”.
Sindicatos
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Mientras tanto, Cándido Méndez, secretario general de UGT, ha criticado que en la reforma de las Administraciones Públicas “hay una gran ausencia”: “la falta de negociación con las organizaciones sindicales”. Y ha añadido que aquellos asuntos que afectan a “los trabajadores de la Función Pública” tiene que ser negociado “en la Mesa General de la Función Pública”.
Es por ello que, como ha comentado, su sindicato “no puede estar de acuerdo” con la reforma, que debería “ser contemplada con una enorme preocupación por parte de la sociedad española”.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo autónomo será “un celoso defensor” de las competencias de la autoorganización que corresponden a la Comunidad Autónoma Vasca en su entorno institucional. Por ello, únicamente “tomará en consideración” lo que “proceda de Madrid con lo que tenga sintonía”. Por otra parte, ha señalado que el gabinete de Iñigo Urkullu está trabajando en su plan de redimensionamiento de las estructuras administrativas.
Este viernes el Gobierno ha aprobado un informe para reformar las Administraciones Públicas, que debe llevarse a cabo con la colaboración entre Gobierno central, ayuntamientos y comunidades autónomas. Desde el minuto cero no ha pasado inadvertido.