El recurso que el PP ha planteado ante el Tribunal Constitucional para tratar de paralizar, o al menos retrasar, la reforma de las leyes que regulan el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial se basa en un argumento formal: se está llevando a cabo a través de varias enmiendas que, en opinión del partido de Alberto Núñez Feijóo, hacen “un uso fraudulento de los trámites parlamentarios, con falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley” original, que versa sobre la reforma del Código Penal.
Esto significa que el PP, con el objetivo de seguir controlando irregularmente ambos órganos a pesar de que cuatro de los miembros del TC están en funciones desde junio y de que la totalidad de los vocales del CGPJ deberían haber sido relevados hace más de cuatro años, argumenta que es ilegal enmendar una ley con contenidos que nada tienen que ver con ella.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, lo explicó así: reformar leyes orgánicas que afectan al Poder Judicial vía enmiendas supone hurtar el debate y los informes preceptivos acerca de las iniciativas.
La paradoja es que modificar leyes utilizando proyectos de ley que nada tienen que ver con la norma que se va a reformar es una práctica habitual de gobiernos de todos los colores. Y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó de forma rutinaria durante sus trece años de mandato como presidente de la Xunta de Galicia.
Los ejemplos son numerosos. En noviembre del año pasado, sin ir más lejos, Feijóo envió al Parlamento de Galicia un proyecto de ley de Presupuestos de la Xunta para 2022 que incluían la reforma de numerosas normas. Cambios introducidos con calzador que, además, el PP acabó modificando vía enmiendas durante la tramitación, utilizando el mismo mecanismo que ahora Feijóo denuncia como ilegal.
Ninguna de ellas tenía que ver con las cuentas públicas de la comunidad. El PP buscaba modificar la ley que regula el empleo público en Galicia para facilitar nombramientos a dedo en entidades que dependen de la administración. O autorizar ayudas a los contratistas de obras públicas para compensarles por el encarecimiento de materiales pagándoles más de lo previsto en sus contratos.
Un centenar de reformas
En ese mismo proyecto de Presupuestos para 2023, Feijóo aprovechó para colar la reforma de 27 leyes, tres de ellas recién aprobadas por el Parlamento de Galicia. Y cambiar así normas que afectaban a toda clase de asuntos ajenos a las cuentas públicas, desde las vacunas a los parques eólicos pasando por la vivienda. La cifra parece abultada pero no lo es tanto si se compara con los años precedentes: 26 leyes reformadas “por la puerta de atrás” en 2020, si nos atenemos a lo que ahora dice el PP sobre estas prácticas, 30 en 2019 y 24 en 2018. Un centenar de reformas de otras tantas normas legales aprovechando el trámite de los presupuestos en tan solo cuatro años. Los últimos Feijóo como presidente de la Xunta.
Por esta vía el Gobierno de Feijóo “flexibilizó” el uso de suelo en pequeños ayuntamientos para usos industriales, cambió las normas reguladores del transporte de viajeros dentro de Galicia y prolongó determinadas bonificaciones a las empresas de juego online. La lista completa de leyes modificadas a través del proyecto de Presupuestos el año pasado fue publicada en su día por el diario Praza.gal e incluye las reguladoras de la salud, las policías locales, universidades, servicios sociales o puertos.
En el trámite de 2020, Feijóo utilizó esta técnica, que ahora considera “un uso fraudulento de los trámites parlamentarios”, para cambiar otras 26 leyes. Algunas tan relevantes para Galicia como la Ley del Suelo, la de Patrimonio Natural, la del Montes, la de Pesca o la de Aguas.
En 2019 fue el PP el que, a través de un enmienda, planteó y consiguió modificar una ley ajena a las cuentas públicas aprovechando el trámite presupuestario. Aquella modificación buscaba cambiar la Ley de Protección Ambiental de Galicia y reducir, entre otras cosas, el control ambiental de los grandes proyectos empresariales.
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Esta técnica de modificar leyes a través de enmiendas a proyectos de ley que no corrigen ese texto sino directamente normas anteriores ya había sido utilizada en el pasado por el PP de Feijóo. Ni el Parlamento de Galicia, controlado por el Partido Popular, ni por supuesto el entonces presidente de la Xunta renunciaron a usar este procedimiento a pesar de que así se lo reclamaron los partidos de la oposición.
Una de las alegaciones que Feijóo ignoró, firmada por el PSOE de Galicia, utilizaba un razonamiento muy parecido al que ahora ha hecho suyo el PP para bloquear la reforma de las leyes del TC y del Poder Judicial: “De ser admitidas las enmiendas supondría llevar a cabo verdaderas iniciativas legislativas nuevas que, por haberse presentado en el trámite de enmiendas, impediría que los demás grupos parlamentarios pudiesen ejercer su facultad y derecho de examen y presentación de enmiendas. Así, son introducidas modificaciones en leyes que ni tan siquiera formaban parte del proyecto de ley remitido”.
Como era de esperar, el sucesor de Feijóo al frente del PP gallego, Alfonso Rueda, no ha renunciado a estas prácticas que Feijóo discute al PSOE en el Congreso. Este mismo año, el PP ha enmendado la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2023 modificando normas que nada tiene que ver con las cuentas: las que regulan las concesiones del sector eólico.
El recurso que el PP ha planteado ante el Tribunal Constitucional para tratar de paralizar, o al menos retrasar, la reforma de las leyes que regulan el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial se basa en un argumento formal: se está llevando a cabo a través de varias enmiendas que, en opinión del partido de Alberto Núñez Feijóo, hacen “un uso fraudulento de los trámites parlamentarios, con falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley” original, que versa sobre la reforma del Código Penal.