Regulación del sector textil: ¿una tarea imposible para los organismos públicos?

A finales de abril el Parlamento Europeo daba luz verde a un informe de su Comisión de Desarrollo sobre los motivos por los que resulta fundamental una regulación del sector textil. Con 505 votos a favor, 49 en contra y 57 abstenciones, la Eurocámara reclamaba una legislación para obligar a los proveedores del textil a garantizar el respeto de los derechos laborales.

Tras la llamada de la Cámara, es la Comisión Europea quien tiene ahora la última palabra. Las multinacionales y los sindicatos consultados por este periódico manifiestan su respaldo a la iniciativa recién aprobada, ¿pero en qué consiste exactamente y qué consecuencias podría tener para las empresas españolas?

Más del 70% de las importaciones textiles a la Unión Europea provienen de Asia, siendo China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia los primeros productores, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Son algunos de los países considerados por sindicatos internacionales como los peores del mundo en materia laboral, con las evidentes consecuencias que ello implica. Una de las más contundentes sucedió en el año 2013 con el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladesh, que dejó a más de mil muertos y dos mil heridos.

Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, es una de las autoras del informe y principales artífices de la iniciativa. "Tras la catástrofe del Rana Plaza, que fue más bien un crimen anunciado, la Comisión Europea dio un paso al frente", señala Sánchez en conversación con infoLibre. "Lo que pasa es que fue un paso al frente en falso, porque anunció en 2015 que iba a desarrollar una iniciativa, que llamaron emblemática, para legislar sobre la cadena de valor textil mundial", pero dos años después, continúa, "no ha hecho absolutamente nada".

El derrumbe de la fábrica del textil bangladesí llevó a "una búsqueda entre los escombros de las etiquetas para ver quien estuvo produciendo ahí, y de las 29 marcas que se encontraron en un principio sólo nueve se comprometieron a ayudar con las indemnizaciones", recuerda Sánchez, por lo que la necesidad de regulación se produce además por la imposibilidad de encontrar responsables.

Tras el respaldo del informe en el Parlamento Europeo, se abre ahora una nueva etapa. "Con el 86% de apoyo, la Comisión no puede hacer oídos sordos, no tiene más remedio que ponerse en marcha", asegura Sánchez.

Víctor Garrido, responsable del sector Industria de CCOO, no lo tiene tan claro. "A nivel práctico es un impulso, el inicio de una serie de actividades en esta línea", pero "hay muchos intereses de muchas partes", lo que dificulta el proceso. A juicio de Garrido, debe haber "una vinculación real de los gobiernos donde están las empresas de las casas matrices, la garantía de que realmente se respeta la legislación laboral y el trabajo decente en el mundo". En esta labor el sindicalista considera imprescindible "partir de un objetivo de trabajo esencial: el de los acuerdos marcos". Este tipo de acuerdos, señala, "sí que vinculan a las empresas y a la participación de los gobiernos", por lo que son "esenciales para contribuir al trabajo decente en el mundo".

Garrido es coordinador a nivel mundial del acuerdo entre Inditex e Industriall, la Federación Internacional de Sindicatos que representa a más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo. La colaboración entre ambos consiste en un Acuerdo Marco Global firmado en 2007 y renovado en el 2014, que fija sistemas de seguimiento de los programas y normas relativos a la calidad, la fabricación, la salud y la seguridad.

Este tipo de iniciativas voluntarias, señala el informe europeo, resultan positivas pero insuficientes, porque "no han logrado resolver las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos laborales en el sector". A juicio de Lola Sánchez, existen "tantas iniciativas voluntarias que salen de distintos organismos, apoyadas por diferentes instituciones, que las multinacionales no saben muy bien a cuál acogerse, y dependiendo de la región donde vayan a operar varían los estándares". Por ello, insiste, "es tan necesaria una legislación única y vinculante que permita a las empresas el monitoreo de su producción, porque tendrían sobre un papel los puntos a cumplir y la forma de hacerlo", en lugar de "bregar con un caos como el actual".

Por otro lado, añade Sánchez, "hay fábricas que operan en Bangladesh en base al acuerdo con Industriall, pero no todas, porque no es obligatorio". Esto evidencia "un lavado de cara" por parte de las multinacionales, porque una de las catástrofes más llamativas en el sector ocurrió en Bangladesh, "pero en otros países como Sri Lanka, por ejemplo, se ven situaciones completamente indignantes respecto a las instalaciones de las fábricas, las condiciones laborales o la imposibilidad para crear sindicatos”.

Legislación vinculante

"Lo primero es ser consciente de la capacidad que tienen las empresas multinacionales a la hora de moldear la globalización", expone Lola Sánchez, quien recalca que "si se les deja sin ningún tipo de criterio, si dentro de nuestro territorio tienen que cumplir con una serie de estándares pero cuando salen fuera nadie las vigila, lógicamente como grandísimas empresas que son funcionan muchas veces sin ninguna pizca de ética y lo que van a buscar es el máximo beneficio". El principal obstáculo que se interpone en la labor de evitar una situación tan enquistada, es que "la cadena textil es una de las más complejas que hay". Sin embargo, agrega, el trabajo legislativo "ya está hecho". Y es que el pasado febrero la OCDE publicó una guía sobre la Diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro en el sector de la confección y el calzado [consultar documento en este enlace].

La Comisión Europea, por tanto, únicamente tendría que hacer de las recomendaciones planteadas por la OCDE una cuestión obligatoria. La guía dibuja los potenciales riesgos en materia de derechos humanos y laborales –trabajo infantil, acoso y violencia sexual, trabajo forzado, tiempo de trabajo, salud profesional, salario, medioambiente...– teniendo en cuenta el contexto de los países donde el sector opera, la normativa internacional y la responsabilidad de las empresas. Propone, asimismo, las herramientas a tener en cuenta para llevar a cabo evaluaciones de los proveedores, identificar los daños, prevenir, cesar y mitigar el problema.

"Lo que hace la guía es convertir a la empresa en responsable de toda la cadena de valor", a través de una serie de directrices "bastante sencillas, que cualquier empresa puede implementar con muy poca inversión", señala Sánchez. Cada compañía "cuando contrata a una pequeña empresa en Bangladesh para que le cosa el dobladillo de unos pantalones tiene que saber a quién está contratando y en qué condiciones tiene a sus trabajadores esa subcontrata", continúa la eurodiputada, quien entiende que "es la debida diligencia que toda empresa debería de tener ya implementada por sí misma, respetando los derechos humanos". Lo que se le pide a la Comisión ahora "es que esta guía se convierta en obligatoria".

La situación, lejos de resolverse, se complica cuando entra en juego la palabra de las empresas. "Dicen que eso ya lo hacen, y que lo hacen desde hace mucho tiempo", añade Sánchez, que sin embargo considera que "algo se les escapa cuando hablando con sociedad civil de países productores se ve que no es así". "Inditex, Mango, Victoria Secret… Da igual la categoría de la marca, todas producen en las mismas condiciones", denuncia.

Precisamente Inditex, en respuesta a cuestiones formuladas por infoLibre, recuerda que la multinacional trabaja por defender los derechos humanos "desde hace más de una década y de manera muy estrecha con actores internacionales de máxima relevancia". Su implicación con las instituciones, asegura, "es total y al máximo nivel". La empresa de Amancio Ortega incide, asimismo, en que el cumplimiento de su código de conducta "es un aspecto ampliamente verificado". La compañía insiste en su especial compromiso en países como China, Turquía, India, Camboya o Bangladesh, donde impulsa campañas para mejorar las condiciones de sus trabajadores.

Respecto a la propuesta europea, Inditex subraya que su "respaldo a iniciativas que trabajen en esta dirección es total". También Mango se expresa en los mismos términos al recalcar que "cualquier política pública o privada que tenga el objetivo de evitar sucesos como el de Bangladesh tienen que ser bienvenidas siempre". A juicio de la cadena catalana, "el esfuerzo no ha de ser unilateral, por lo que es una gran iniciativa que se incorporen políticas públicas al respecto que facilitarían mucho el trabajo que las empresas privadas vienen haciendo desde hace ya años".

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Si la Comisión Europea responde al llamamiento de la Eurocámara y se inclina por trazar el camino hacia una legislación vinculante, ¿qué ocurriría con aquellas empresas que no cumplan con los requisitos establecidos? ¿Sería posible una ruptura con los países proveedores que vulneran los derechos humanos y laborales de sus trabajadores? La respuesta, a juicio de Víctor Garrido, resulta evidente: "Es imposible que se produzca. Ni en Europa ni en ningún país". El motivo, recuerda el sindicalista, es que "se está produciendo entre el 70% y el 80% del textil en Asia, Turquía y Marruecos".

La solución planteada por Lola Sánchez apunta a dos cuestiones: controlar a las empresas y hacer partícipes a los gobiernos. "Los Estados han entrado ahora mismo en una espiral de competición a la baja entre ellos mismos, para ver quién ofrece a Occidente las condiciones más esclavas que pueda haber", señala la europarlamentaria, quien considera que la Unión Europea "debe tener una responsabilidad con el resto del mundo, porque tiene unos compromisos con los derechos humanos".

El objetivo consiste, por tanto, en "controlar a estas empresas y mandar un mensaje a los gobiernos: no tenéis que competir a la baja porque no vamos a permitir que nuestras empresas os obliguen a hacerlo". Las consecuencias de no tomar acciones al respecto, continúa Sánchez, son claras: "Al principio son los países más pobres los que compiten entre sí, pero es una carrera a la baja que ya nos está llegando". En territorios como Rumanía o Bulgaria, explica, "hay empresas que están ofreciendo las mismas condiciones laborales que se pueden encontrar en Bangladesh".