El Congreso de los Diputados rechazó este jueves la enmienda a la totalidad registrada por el PP para derribar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos CCOO y UGT para establecer una renta mínima a toda persona desempleada. La Cámara Baja admitió a trámite esta proposición de ley el pasado mes de febrero con una mayoría absoluta obtenida con los votos de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV y PDeCAT, que ahora volvieron a mostrar su apoyo a los sindicatos. Desde ese momento, el PP había "bloqueado" su tramitación un total de 19 veces, como denuncian las agrupaciones de trabajadores.
Los sindicatos se felicitaron por la decisión del Congreso y lamentaron la "burda maniobra parlamentaria que ha intentado acabar prematuramente, hurtando su debate parlamentario, con una iniciativa que tendría impacto positivo en la actualidad para muchos cientos de miles de personas en situación de extrema necesidad". En este sentido, declaran que "ahora es el momento de desbloquear el trámite de presentación de enmiendas parciales, que mantienen PP y Cs, y permitir que esta iniciativa se discuta con normalidad" en la Cámara Baja. "UGT y CCOO mantendremos el compromiso que hemos desarrollado hasta ahora y seguiremos trabajando para que sea así", sentencian.
Según confirman los sindicatos, esta semana mantuvieron reuniones con todos los grupos parlamentarios menos con los conservadores, que "ni siquiera" les reciben. "Les hemos pedido a los grupos que vuelvan a respaldar el debate de la ILP", declara Francisco Carbonero, secretario de política institucional de CCOO. Ciudadanos, que votó en contra el pasado febrero, dijo que "lo pensaría", pero no prometió que facilitara su debate en el Congreso. Finalmente, este jueves se ha posicionado del lado de los conservadores, aunque su apoyo no ha sido suficiente para tumbar el texto de CCOO y UGT.
La ILP, apoyada por 700.000 firmas, pretende fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las personas que no tienen empleo ni recursos. Los requisitos para obtenerla son tener entre 18 y 65 años de edad, residir en España, tener unos ingresos inferiores al 75% del salario mínimo, no percibir prestaciones por desempleo y encontrarse inscrito como demandante de empleo.
De esta manera, según estima CCOO, habría más de 2,4 millones de personas que podrían beneficiarse de la prestación, de las cuales un 62% serían mujeres. Esta prestación sólo se percibiría durante el tiempo "que se mantenga la situación de necesidad". "No pretendemos que esto sea duradero, lo que pretendemos que sea duradero es el trabajo", afirma Adela Carrió, secretaria confederal de UGT.
19 "bloqueos" del PP en siete meses
Desde que una mayoría absoluta del Congreso –un total de 177 votos– respaldara el pasado mes de febrero el trámite de la proposición de ley para el establecimiento de la renta mínima, los conservadores han ido prorrogando su debate en la Cámara Baja alargando el periodo de presentación de propuestas alternativas hasta en 19 ocasiones. Esto, según los sindicatos, es una manera de conseguir "bloquear" el trámite de la iniciativa. Ahora que se acababa de abrir el periodo para presentar enmiendas a la totalidad, el partido del Gobierno encontró la oportunidad para tumbar, de una vez, la ILP de los sindicatos.
De esta forma, los conservadores pretendían sustituir el texto legislativo de los sindicatos por un grupo de trabajo que, según la enmienda, recogida Europa Press, estudie "el mapa de prestaciones existente en España" y permitiera delimitar las competencias de las administraciones central y autonómicas en "la creación, gestión y pago de prestaciones y ayudas". Sin embargo, este grupo podría "tirar abajo lo que solicita la ciudadanía y la mayoría del Congreso", como criticó Carrió, que indicó que estaría formado por 16 personas: nueve de la Administración del Estado, tres de las comunidades autónomas, dos de las organizaciones empresariales y dos de las organizaciones sindicales.
Dificultad para que las ILP sean tramitadas en el Congreso
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Las iniciativas legislativas impulsadas por la ciudadanía están reconocidas en la Constitución pero, sin embargo, en la práctica es muy difícil que el Congreso llegue a debatirlas, principalmente, por la cantidad de requisitos que deben cumplir para ser aceptadas. El primer filtro es la materia que se trata en la iniciativa. Así, se excluyen de manera directa aquellas que suponen un cambio constitucional, un cambio en los Presupuestos Generales del Estado de ese año, en una ley internacional, en una de carácter tributario o en los indultos.
Una vez superado este primer requisito, la ILP debe contar con, al menos, 500.000 firmas, las cuales deben ser recogidas en un plazo de nueve meses, algo bastante complicado para los colectivos minoritarios. Sin embargo, contar con ellas tampoco da luz verde a que la iniciativa sea debatida en el Congreso, pues los grupos parlamentarios deben aceptarla. En este punto se encuentra la propuesta de los sindicatos, que afirman que han pasado por un proceso que siempre es "muy difícil", como lamenta Carbonero.
En este momento, el Congreso de los Diputados tiene presentadas 14 iniciativas legislativas populares, de las cuales cuatro ya han sido inadmitidas a trámite y dos caducadas, por lo que tampoco serán debatidas en la Cámara Baja. De las que continúan en el proceso, hay una relativa a la regulación del mercado ambulante, a la libertad de elección lingüística, a la Ley de Memoria Histórica y a la regulación de los colectivos usuarios de cannabis, entre otras.
El Congreso de los Diputados rechazó este jueves la enmienda a la totalidad registrada por el PP para derribar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos CCOO y UGT para establecer una renta mínima a toda persona desempleada. La Cámara Baja admitió a trámite esta proposición de ley el pasado mes de febrero con una mayoría absoluta obtenida con los votos de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV y PDeCAT, que ahora volvieron a mostrar su apoyo a los sindicatos. Desde ese momento, el PP había "bloqueado" su tramitación un total de 19 veces, como denuncian las agrupaciones de trabajadores.