No es una estrategia nueva. El camino elegido por PP y Vox para cercar al Gobierno sigue la misma hoja de ruta desde hace casi siete meses. Desde el mismo momento en el que, después de las elecciones del 10 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición y Esquerra pactó con los socialistas la fórmula que hizo posible la investidura.
No sólo viene de lejos, sino que es una ofensiva sostenida en el tiempo. Antes incluso de que Sánchez fuese elegido, PP y Vox ya anunciaron que no darían tregua al nuevo Gobierno, al que consideraban —y siguen considerando— “ilegítimo” porque, según ellos, nació de un acuerdo político contrario a la oferta electoral con la que los socialistas se presentaron a las elecciones y volvieron a ser la fuerza más votada. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, remarcó este idea en fecha ten reciente como este jueves: al escribir en Twitter que Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, es “el vicepresidente de un gobierno ilegítimo, camino de ser ilegal”.
La derecha y la ultraderecha, en los primeros meses de año todavía con el auxilio de Ciudadanos, que no había empezado a desmarcarse, llevan cinco meses dándolo todo para cortar el paso a la coalición de Gobierno. Recurriendo al Tribunal Constitucional para tratar de anular la validez de los escaños de los independentistas catalanes y vascos. Alentando un tamayazo en la sesión de investidura. Llevando a los tribunales cualquier decisión del Ejecutivo.
Desde entonces hasta ahora es rara la semana en la que, sobre todo conservadores y ultraderechistas, no hayan anunciado alguna iniciativa judicial para tratar de dar la vuelta a decisiones del Gobierno o que dependan del Ejecutivo. Desde una supuesta filtración de un informe de la Abogacía del Estado a Esquerra, al nombramiento de la fiscal general del Estado. Desde la relación del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el caso Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que hizo escala de madrugada en Barajas camino de Turquía, al reparto de mascarillas defectuosas. Desde la incorporación del vicepresidente Pablo Iglesias a la comisión del Gobierno que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la más reciente, con la que tratan de poner cuestionar la destitución del comandante de la Guardia Civil en Madrid esta misma semana.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, saluda a sus seguidores en la manifestación motorizada que su partido convocó contra el Gobierno.
La lista es tan larga que confirma hasta qué punto la derecha política, con el aplauso incondicional de sus medios afines, ha abrazado una práctica que los anglosajones han bautizado con el nombre de lawfare,lawfare un cruce entre law (ley) y warfare (guerra) que en español, a falta de un término mejor, se está traduciendo como “guerra judicial”.
La judicialización de la política ha sido ensayada con éxito antes para debilitar a gobiernos y presidentes de todo el mundo. Y con ella PP, Vox y Ciudadanos buscan acabar con Sánchez debilitando su posición o fracturando su alianza con Unidas Podemos.
El tono de las declaraciones y de las intervenciones de los líderes de la derecha está a la altura del camino elegido. El presidente del PP, Pablo Casado, empezó enero anunciando un futuro apocalíptico para España con más desempleo, el fin del libre mercado, la instauración de un sistema “cantonalista” y la ruptura de la Constitución de 1978. Un futuro al que el PP se iba a oponer, ya desde entonces: “Nos tendrán enfrente”, anunció en aquellos día a través de una campaña en redes sociales.
Quienes observan una escalada en las palabras del líder conservador deberían repasar los primeros días del año. Ya entonces consideraba a Sánchez un “traidor” a España por acordar con Esquerra una mesa diálogo para tratar de encontrar una solución pactada al conflicto en Cataluña. Un apelativo que también dirige con frecuencia Vox al presidente y que ambos acompañan afirmando que responderán “con firmeza” o que no van “a consentirlo”, sin entrar en detalles de cómo piensan hacerlo. También Inés Arrimadas, que ahora pasa por una moderada, decía entonces que Sánchez “es capaz de cualquier cosa” porque “no tiene ni principios, ni escrúpulos, ni palabra”.
Un segundo rasgo coincidente de la estrategia de PP, Vox y Cs contra el Gobierno es Unidas Podemos y, en especial, el vicepresidente segundo, convertido en el blanco de acusaciones que constantemente tratan de relacionar las políticas del Ejecutivo español con las del chavismo en Venezuela. Una coletilla que introducen siempre que se dirigen a él o hacen referencia a su formación.
España se rompe
La tercera pata del argumentario de acoso y derribo de la derecha es la ruptura de España y la supuesta sumisión a formaciones nacionalistas e independentistas, desde el PNV, a Esquerra, pasando por Bildu y, por extensión, a ETA. Una formulación en la que entra desde la intención de que la Guardia Civil va a ser expulsada de Navarra a un inexistente acuerdo para trasladar presos de la organización terrorista a cárceles próximas al País Vasco a cambio de una abstención en el última votación en el Congreso para prorrogar el estado de alarma. “Sánchez firma su pacto de investidura con el partido beneficiario del terrorismo de ETA. No cabe mayor traición”, señalaba el presidente de Vox, Santiago Abascal el pasado enero.
La sobreactuación de PP, Vox y Cs durante las primeras semanas de Gobierno de coalición —hasta que la covid-19 reclamó para sí toda la atención— movió a los tres partidos a perseguir al Ejecutivo con acusaciones de grueso calibre que iban desde querer romper la unidad de España a acabar con la monarquía, pasando por la supuesta voluntad de someter el control del legislativo y de poner fin a la independencia del poder judicial.
Si ahora son los relevos en la Guardia Civil los que la derecha agita contra el Gobierno, en enero fue la sustitución del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre, lo que suministró munición a la trinchera mediática.
Como parte de su estrategia, especialmente la que afecta al lawfare, la guerra judicial contra el Gobierno, Casado mantiene bloqueada la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, lo que le permite perpetuar una mayoría conservadora al frente del órgano de gobierno de los jueces españoles.
La confrontación constante con el Gobierno a la que se aplican Casado y de Abascal, con el respaldo ahora ocasional de Arrimadas, no es nueva. Es la misma que el PP puso en práctica en ocasiones anteriores y que ya se ha convertido en su marca de fábrica cuando los electores se inclinan por una mayoría de izquierdas. Un buen ejemplo es lo que sucedió en 2004, cuando los conservadores se resistieron a aceptar la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero después de que los electores decidiesen castigar al PP en las urnas tras los atentados yihadistas del 11M.
El Informe para la Democracia en España 2007Informe para la Democracia en España 2007, financiado por la Fundación Alternativas y dirigido por el periodista Joaquín Estefanía, describe una estrategia que se ajusta como un anillo al dedo de la oposición en la actualidad:
“Entendemos por estrategia de la crispación un desacuerdo permanente y sistemático sobre casi cualquier iniciativa, propuesta, gesto, decisión o actuación del otro, presentada desde la otra parte, cualquiera que sea su alcance, como un signo de cambio espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, carencia de proyecto, corrupción, revanchismo, oportunismo, etcétera y, en última instancia, como una amenaza a la convivencia, al imperio de la ley, los valores establecidos o el consenso democrático. En este tipo de estrategia deliberada predomina la negación del adversario y de su legitimidad”.
La estrategia de la crispación, según el citado informe, parte de dos convicciones. La primera es que “las elecciones no se ganan, sino que se pierden, y por consiguiente es inútil competir desde la oposición con el Gobierno. La segunda, que “es más difícil atraer a los sectores menos identificados con el Gobierno que desmovilizar a una parte de ellos”. En consecuencia, para ganar, la mejor estrategia “consiste en movilizar a los nuestros, radicalizando sus posiciones más que moderarlas, para atraer a los votantes menos comprometidos con el adversario”.
Manifestantes contra el Gobierno hacen el saudo fascista al paso de los líderes de Vox.
El partido o los partidos que lideran la estrategia de la crispación, concluye el mismo documento, en un análisis que parece escrito hoy mismo, renuncia “a discutir las políticas del Gobierno tratando de deslegitimarlas por todos los medios ” y rechaza “de forma sistemática las iniciativas” del Ejecutivo “evitando competir con él mediante la contraposición de las suyas propias”. También se niega “a aceptar cualquier oferta de acuerdo por parte del Gobierno, inclinándose a invertir los papeles y exigirle a aquél acuerdos y compromisos basados en sus contrapropuestas, como si le correspondiera a la oposición la dirección de la política nacional”, e introduce “en la agenda política asuntos de Estado, vedados por la tradición para la discusión interpartidista”.
El objetivo de esta estrategia de la derecha, política y mediática es simple: romper la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, hacer imposible cualquier negociación con formaciones independentistas —aunque no versen sobre el autogobierno de un territorio— y provocar con todo ello un cambio de rumbo político sin pasar por las urnas.
Los planes del PP y de Vox
Los ultras de Abascal han puesto por escrito lo que pretenden: la formación de un “Gobierno de concentración” apoyado por el PSOE —sin Sánchez—, el PP y Vox y “compuesto de técnicos y políticos sin militancia activa” que tengan por “misión exclusiva salvar vidas y empleos y que asuma su responsabilidad con el compromiso firme de convocar elecciones tan pronto los españoles podamos respirar libres de coronavirus, de nacionalizaciones chavistas y de tentaciones totalitarias”. Un Gobierno de concentración que por cierto, también defendió en 2019 en parecidos términos la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, o el ministro de Exteriores de Mariano Rajoy José Manuel García-Margallo, en su caso sin la participación del Vox.
El PP no ha entrado en tantos detalles, pero, aunque el partido más votado en fecha tan reciente como el 10 de noviembre fue el PSOE y hay una clara mayoría de izquierdas en el Congreso, apuesta por un Gobierno socialista que aplique sus políticas.
Así lo explicó el 17 de febrero el propio Casado después de entrevistarse con Sánchez en la Moncloa y ofrecerle apoyo a los Presupuestos Generales del Estado siempre y cuando que se redacten siguiendo sus condiciones y que el Ejecutivo renuncie a la práctica totalidad de su programa: la mesa de negociación con los independentistas catalanes, la modificación del delito de sedición en el Código Penal, la designación como fiscal general del Estado de la exministra Dolores Delgado, la reforma de la normativa laboral del PP de 2012, y la subida de impuestos a las grandes empresas, a las multinacionales tecnológicas y a las transacciones financieras.
Casado posa junto a unas ovejas durante una salida durante la pandemia.
Casado quiere no sólo que Sánchez "renuncie a la mesa de negociación con los independentistas” sino que garantice la "inhabilitación de Quim Torra”, algo que depende los tribunales de justicia. Y reclama el incumplimiento del Estatuto de Gernika negando al País Vasco el traspaso de la gestión de la Seguridad Social.
Una vez que Sánchez, o el PSOE en su defecto, cumpla este programa, que lleva implícita la ruptura con Unidas Podemos, el PP se compromete a dar estabilidad política y presupuestaria al Gobierno. Un objetivo para el que Casado ha llegado a pedir ayuda a los barones socialistas. “Pido una reflexión a los votantes y dirigentes del PSOE, si quieren que su gobierno dependa de proetarras. Deberían contestar”, reclamó el lunes en rueda de prensa.
A la espera de que la mayoría de la investidura se fracture y el Gobierno pierda votaciones importantes en el Congreso, lo que evidenciaría que PSOE y Unidas Podemos no van a poder sacar adelante los Presupuestos para 2021 —en España siguen en vigor los de¡l PP para 2018—, PP y Vox esperan su momento. A eso se refirió Cadsado el miércoles en el Congreso, después de acusar al Gobierno de haber causado 27.000 víctimas, cuando proclamó desde la tribuna: “El Gobierno ha sido superado por la crisis, pero los españoles la superaremos a pesar del Gobierno; esa España de los balcones que vuelve a levantar la bandera de la libertad, de la defensa del bienestar, de la prosperidad y de nuestro futuro como nación”.
Una referencia a un futuro inminente, aunque no haya elecciones a la vista, en la que Casado coincide siempre con Santiago Abascal, que ese mismo día afirmó también en el hemiciclo: “La revuelta de las cacerolas y de las mascarillas ya se ha extendido por todos los barrios y por toda España, y ustedes no van a poder detenerla”.
Caceroladas con las que Vox, con la participación activa de algunos dirigentes del PP, especialmente de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, trata de agitar el malestar de una parte de la población contra el Gobierno desafiando las medidas de confinamiento que, según todos los expertos, han resultado claves para reducir el impacto del SARS-CoV-2. Y eso que el 74% de los votantes del PP y un 68,7% de los de Vox consideraba en abril, según una encuesta del CIS, que había que priorizar la unidad de acción.
En el Gobierno, en el PSOE y en Unidas Podemos, pero también entre gran parte de las formaciones progresistas, crece estos días la convicción de que ha fraguado un “sindicato de intereses” entre la derecha, los medios de comunicación de línea más reaccionaria, una parte de la judicatura y sindicatos ultras como los que dominan las reivindicaciones de los agentes de la policía nacional y de la Guardia Civil. Con el único objetivo de acabar con el Ejecutivo.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lo ha repetido con insistencia estos días. El PP trata intentar “aprovechar la pandemia para tumbar al Gobierno” porque “la derecha del país no acepta los resultados electorales” y creen que es ellos a quienes “les corresponde” llevar las riendas de España.
“Creen que el poder les pertenece”
Lo volvió a decir en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado. “Creen que el poder les pertenece y que este es un Gobierno ilegítimo” porque “no aceptan los resultados democráticos”, remarcó Montero. El PP ha puesto en marcha una estrategia para “derrumbar y tumbar al Gobierno de España desde que llegó al Gobierno porque consideran que les corresponde”. “No sé si les aplaudirán los hooligans; están ustedes tan preocupados por lo que viene de Vox, las manifestaciones, que lo que hacen es realimentar ese odio”.
Es una opinión que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, compartió a través de Twitter en términos igual de explícitos tras asistir al espectáculo de crispación del Pleno del miércoles: “Ver a toda la derecha política y mediática defendiendo con uñas y dientes lo que ocurrió ayer en el Congreso desvela la estrategia que tienen. Todo vale con tal de intentar hacer caer al gobierno”.
Ver a toda la derecha política y mediática defendiendo con uñas y dientes lo que ocurrió ayer en el Congreso desvela la estrategia que tienen. Todo vale con tal de intentar hacer caer al gobierno.
— Adriana Lastra (@Adrilastra) May 28, 2020
En Unidas Podemos se saben en el punto de mira y comparten las opiniones de Montero y Lastra. Gerardo Pisarello, secretario primero de la Cámara Baja y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, fue explícito también esta semana al denunciar una “operación obscena de persecución contra un Gobierno democráticamente elegido”. El portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique cargó también contra lo que describe como “sectores que no les gusta el resultado de la democracia e intentan utilizar la Justicia para deshacer lo que hizo la ciudadanía en las urnas”.
Abundó aún más en esa denuncia el propio Pablo Iglesias en entrevistas concedidas en los últimos días al diario italiano La Stampa y al semanario luso Expresso, en las que afirmó la existencia de una alianza de la ultraderecha política y mediática “dispuesta no solo a romper consenso” sino a “asumir formas de golpismo”. El origen del problema, en su opinión, es el mismo que denuncia Montero: no aceptan los resultados electorales. “La democracia sólo vale cuando ganan ellos”.
Este mismo viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió en la misma idea y acusó en una entrevista en TVE al PP y a Vox de llevar “semanas llamando a la insubordinación del ejército” instándole a “actuar” diciendo “que este es un Gobierno criminal e ilegítimo”. Una de las diputadas de la ultraderecha, precisó, ha llegado a decir que no “es lo mismo el gobierno del Estado que la nación y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han jurado por lo primero”. “Por tanto, alentando a la rebelión y la sublevación”, concluyó.
El clima de crispación lo alientan todos los días los medios de comunicación —televisiones, radios, periódicos y diarios digitales— de la derecha y la ultraderecha. El Mundo daba esta semana por finiquitado el Gobierno.“En apenas cinco meses de legislatura, está roto. Y no tiene fácil recomposición. Se ha puesto en evidencia el error de meter en el Consejo de Ministros a un grupo como Podemos que no se ha cansado de repetir que su objetivo pasa por acabar con la Constitución de 1978 y romper la convivencia entre españoles. Hipotecar la continuidad del Gobierno a proetarras y separatistas no es sostenible para la cuarta economía de la Unión Europea”.
Abc decía el miércoles que ”el sanchismo usa el poder a capricho para socavar la democracia” y traslada también el retrato de un Gobierno en fase tenrinal, que está “acorralado (...) por la acumulación de errores, torpezas y negligencias. El episodio del pacto con Bildu es el retrato fiel de un Gobierno desesperado”.
La Razón ahonda en la imagen de un Gobierno acorralado por “la realidad de su mala gestión de la tragedia del coronavirus y que sólo se defiende a manotazos”. Ignacio Varela, uno de los columnistas estrella de en El Confidencial, iba un poco más lejos en su artículo de este jueves:
“De repente, este Gobierno apesta a viejo. El olor nos resulta conocido porque lo percibimos varias veces en las últimas décadas. Es el que desprendían los últimos gobiernos de UCD antes de su extinción; el de la fase terminal del periodo de Felipe González; el de los dos últimos años de Aznar; el de Zapatero a partir del 12 de mayo de 2010, y el de Rajoy cuando el golpe institucional en Cataluña lo atropelló y después permitió que Pedro Sánchez ganara una moción de censura contra un bolso de señora en un escaño vacío. Es el olor de la impotencia sobrevenida ante acontecimientos que te pillan ya gastado y desbordan tu capacidad de respuesta (...). Este Gobierno está superado por una crisis mucho más grande que él. El conductor ha perdido el control del volante y por eso el vehículo derrapa escandalosamente en cada curva”.
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El Gobierno, de momento, mantiene la calma. La solidez del pacto PSOE-Unidas Podemos se refuerza con cada embate de la derecha. PP y Vox siguen sin dar con la fórmula capaz de romper esa alianza, pero en Moncloa preocupan algunos errores cometidos en las últimas semanas, como las discrepancias que periódicamente afloran entre los socios a cuenta de diferentes iniciativas o lo ocurrido en relación con el pacto suscrito con EH Bildu, que ha socavado la buena relación con el PNV.
El Ejecutivo trata también de reconstruir el diálogo social, roto por la CEOE por culpa del acuerdo con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral del PP de 2012 y que Trabajo se había comprometido a modificar por consenso con la patronal. Volver a contar con la voluntad de negociar y llegar a acuerdos con empresarios y sindicatos es vital para el Ejecutivo no sólo por el valor que tiene en sí mismo el diálogo social sino porque situará otra vez al PP “fuera de juego” en su empeño de negarse a negociar nada con Sánchez.
Hasta la fecha nada que la actitud de la derecha esté haciendo mella en la opinión de los ciudadanos, que siguen expresando en las encuestas, en líneas generales, su preferencia por una mayoría de izquierdas. Preocupa más, confiesa una fuente consultada por infoLibre, la intensidad del lawfare, la guerra judicial contra el Gobierno. La fabricación del informe de la Guardia Civil que trata de responsabilizar al Gobierno de permitir la manifestación del 8M supuestamente a sabiendas de que iba a multiplicar los contagios de SARS-CoV-2 y el empeño de la juez en abrir una investigación sobre esa movilización en concreto, clave en el calendario de la izquierda, ignorando que ese fin de semana tuvieron lugar otros eventos deportivos y políticos masivos han disparado todas las alarmas.