Hasta cuatro municipios catalaneshan declarado este año al rey Felipe VI persona non grata, un gesto de nulas consecuencias jurídicas, pero con gran carga simbólica, que se une a una batería de iniciativas en varias comunidades autónomas para distanciarse de la Corona retirando retratos, bustos y menciones honoríficas.
El Ayuntamiento de Breda (Girona) fue el primero que abrió la veda el pasado 26 de enero a partir de una moción presentada por ERC y que contó con el apoyo de CiU, Tots per Breda y la CUP. Semanas después, los Consistorios de Arenys de Munt y Torelló (Barcelona) siguieron su ejemplo y aprobaron resoluciones similares, todas ellas presentadas por ERC.
En los tres casos se justificó la decisión por la oposición del monarca al proceso independentista y por su desplante a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, a la que el rey rehusó recibir en el Palacio de la Zarzuela para que le comunicara formalmente la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.
El último municipio que se ha apuntado a la moda de declarar al jefe del Estado persona non grata ha sido Premià de Mar (Barcelona), que hace apenas unos días aprobó una moción impulsada por la CUP, y apoyada por ERC, ICV y por dos de los siete concejales de CiU.
En otras localidades catalanas se han debatido resoluciones similares que finalmente fueron rechazadas gracias a la oposición o abstención del PSC, PP, Ciudadanos y Convergencia, según los casos. Así ocurrió en La Seu d'Urgell (Lleida) donde la moción presentada por ERC fue tumbada por los votos en contra de los socialistas y la abstención de CDC. El voto de los convergentes también fue clave para rechazar sendas iniciativas de ERC y la CUP en el mismo sentido en Villafranca del Penedés y Garriga (Barcelona).
La declaración de persona non grata es una competencia que el derecho internacional reserva en exclusiva al Gobierno de un país soberano, de manera que las mociones que en este sentido apruebe un ayuntamiento no tienen ninguna validez jurídica.
Estas mociones no han sido el único gesto de desprecio a la Corona que se han registrado en Cataluña, la autonomía que más se ha intentado desvincular de la Monarquía en los últimos tiempos. En Girona el Ayuntamiento ha pedido cambiar el nombre de la Fundación Princesa de Girona, pues considera que Doña Leonor no representa a la ciudad.
En Cervera (Lleida) se aprobó en junio de 2014 una moción que le pedía a la Princesa de Asturias que renunciara al título de condesa de Cervera, pero la Casa del Rey ya ha contestado a ese ayuntamiento que Doña Leonor "como heredera de la Corona de España, ostenta con mucho orgullo, entre otros títulos, el de Condesa de Cervera".
El Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau retiró en julio pasado el busto de Juan Carlos I del Salón de Plenos y privó a la infanta Cristina de la Medalla de Oro de la ciudad. Junto al de la Ciudad Condal, otros tres municipios catalanes han rechazado colocar el retrato del Rey en un lugar adecuado del salón de plenos, motivo por el que la Delegación del Gobierno ha presentado recursos contencioso administrativos contra ellos.
En Olot (Girona), el Consistorio, gobernado por CiU y PSC, ha aprobado retirar el retrato del Rey Felipe del salón de plenos, si bien el alcalde, Josep Maria Corominas, ha precisado que no procederán a descolgar la imagen del monarca hasta que tenga la "seguridad jurídica" de que no vulneran la ley. La moción, presentada por la CUP, contó con el respaldo de todas las formaciones, con la única excepción del PSC, que se abstuvo.
El busto de Juan Carlos se queda en Ferrol
También en Galicia, Baleares, Cádiz y Navarra andan a vueltas con los símbolos monárquicos. En Ferrol, el PP, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, consiguieron frenar la intención de Ferrol en Común, el partido del alcalde, de retirar el busto de Juan Carlos I de la fachada del Consistorio. Otros destacados alcaldes del cambio, como el de A Coruña, Xulio Ferreiro, o el regidor de Cádiz, José María González Santos Kichi, han retirado el retrato de Felipe VI de su despacho, algo que pueden hacer pues la ley sólo obliga a colocarlo en un lugar "preferente" del salón de plenos del ayuntamiento.
En Baleares, la presidenta del Parlamento, Xelo Huertas (Podemos), también retiró el retrato de Felipe VI de su despacho por sus convicciones republicanas. En el Ayuntamiento de Palma, donde gobierna el Partido Socialista de las Islas Baleares, con el apoyo de MES y Som Palma, el busto del rey se ha trasladado a un lateral del salón de plenos.
El Consistorio de Pamplona, gobernado por EH Bildu, sí podría vulnerar la normativa, pues la imagen del rey luce en la pared posterior del salón de plenos, detrás de las últimas filas de asientos reservados al público.
El Gobierno de Navarra ha vetado además a los reyes en las próximas entregas del Premio Príncipe de Viana, al considerar que en sus orígenes este premio nunca estuvo vinculado a la Corona. La entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo también provoca rechazo en la ciudad. Podemos e IU respaldaron una concentración de protesta contra el acto en su última edición, mientras que en los últimos presupuestos municipales (el PSOE gobierna con Podemos e IU) se aprobó recortar en 50.000 euros la subvención que el Ayuntamiento concede a la Fundación Princesa de Asturias, por la presión que los socios de los socialistas hicieron en este sentido.
En Zaragoza, un juez ha tenido que paralizar el cambio de nombre del Pabellón Príncipe Felipe impulsado por el equipo anterior de Gobierno de la Chunta Aragonesista y que ha continuado el gobierno actual dirigido por Zaragoza en Común.
En verano pasado, el nuevo equipo de Gobierno aprobó un decreto para cambiar el nombre del pabellón, para que pasase a denominarse Pabellón José Luis Abós, en honor al técnico del club de baloncesto de la ciudad fallecido de cáncer.
En Torrevieja (Alicante) ya le han cambiado el nombre al Pabellón de Deportes Infanta Cristina, que ha pasado a llamarse Palacio de los Deportes de Torrevieja, al igual de lo que ha ocurrido con el pabellón de deportes de Roquetas de Mar (Almería).
En Pinto (Madrid), su alcalde, Rafael Sánchez (Ganemos Pinto), ha anunciado la celebración de un referéndum para consultar a los vecinos si quieren cambiar de nombre el centro cultural Infanta Cristina.
Cs pide al Parlament condenar que ayuntamientos declaren persona 'non grata' "a quien piensa diferente"
Condenas por injurias
En algunos casos, los gestos de desprecio a la Corona han sido castigados por la justicia al incurrir en un delito de injurias. Es el caso de la concejal de Guanyar Alacant, Marisol Moreno, conocida como la Roja, y que ha sido condenada a una multa de 6.000 euros por llamar al rey Juan Carlos "hijo puta y borracho" y afirmar que la familia real estaba formada por "vagos, estafadores, borrachos y asesinos".
Una multa de menor cuantía, de 240 euros, tiene que pagar Ernest Bru, el tuitero que insultó en la red social Twitter al rey Felipe VI y a la Reina Letizia, a quienes llamó "hijos de puta" y "tontopollas" el pasado 2 de julio de 2015.
Hasta cuatro municipios catalaneshan declarado este año al rey Felipe VI persona non grata, un gesto de nulas consecuencias jurídicas, pero con gran carga simbólica, que se une a una batería de iniciativas en varias comunidades autónomas para distanciarse de la Corona retirando retratos, bustos y menciones honoríficas.