“Es la primera vez en tres años que un juez muestra interés en saber qué pasó con el Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de los residentes”. La frase es de Carlos Vila, abogado de Marea de Residencias, que lleva decenas de pleitos chocando contra un muro de desidia judicial a la hora de investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia. El magistrado Arturo Zamarriego ha abierto una brecha en ese muro este jueves, al tomar declaración durante más de dos horas como testigos a dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileño.
Alberto Reyero, entonces consejero de Política Sociales, destacó ante el juez que el llamado Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria “no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia”. Algo a lo que él se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio. Por su parte, Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el Protocolo, destacó que el consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– dio su aprobación al documento. En marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital.
Los dos testimonios suponen que, por primera vez en sede judicial, altos cargos del Gobierno de Ayuso dejan claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. Ahora puede parecer una obviedad pero lo cierto es que Ayuso y su aparato de propaganda sostuvieron durante meses la falsedad de que el Protocolo era un simple “borrador” que nunca había llegado a transformarse en un documento oficial.
Una vez que el juez Zamarriego ha podido escuchar dos testimonios clave que detallaron el funcionamiento general del Protocolo, fuentes jurídicas explican que ha quedado abierta la vía para que el magistrado investigue cómo afectó en concreto a las tres residentes cuya muerte se investiga en la causa.
El procedimiento judicial se abrió tras la querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. Las muertes se produjeron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital. Las querellantes son sendas hijas de las residentes fallecidas y acusan por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. Como imputadas están de momento quien era directora del geriátrico cuando se produjeron los hechos (Mari Luz D. Ll.) y la empresa gestora perteneciente a DomusVI.
Una de las primeras cuestiones a aclarar es si desde la residencia se intentó trasladar a las tres mujeres fallecidas al Hospital Infanta Leonor y, en caso afirmativo, en qué fechas se produjo la negativa. Para aclarar este punto podría ser relevante la declaración de la directora de la residencia y también debería constar en el informe que debe tener el geriátrico sobre cada residente.
Otro elemento clave es saber si, en caso de que se demuestre que existió una negativa por parte del hospital a trasladar a las residentes, ese hecho tuvo efecto en la muerte de las tres mujeres, al empeorar su enfermedad sin una atención médica adecuada.
La fiscal, ausente
Las dos testificales de Reyero y Mur contaron con una ausencia de lujo: la fiscal del caso.
infoLibre preguntó al portavoz del Ministerio Público cómo se explicaba que no hubiese acudido y la respuesta fue la siguiente: “No fue notificada de que se iban a producir esas declaraciones. De hecho, estuvo toda la mañana en su despacho, que está al lado de la sede del Juzgado”. Tras comprobar que la citación de Reyero y Mur se produjo el 16 de noviembre de 2022 a través de una providencia del juez, un escrito que se suele enviar de forma automática a las partes por si desean recurrir la resolución, este periódico volvió a preguntar al portavoz de la Fiscalía si mantenía su versión de que no había recibido dicha providencia. La respuesta fue afirmativa: desde el Juzgado no se le envió dicho documento.
En definitiva, la Fiscalía culpa al Juzgado de no cumplir correctamente con su trabajo.
Más allá de la cuestión de si fue notificada formalmente o no, la fiscal "no ha tenido hasta ahora mayor intervención en la causa", según denuncia Carlos Vila: “Lo único que ha hecho es presentar un escrito a finales del año pasado oponiéndose al archivo que habían solicitado la directora del centro y DomusVi y otro mostrándose a favor de prorrogar el plazo de investigación”. El abogado de Marea de Residencias explica que “ni siquiera ha pedido que declaren los familiares de las víctimas, como están empezando a hacer fiscales de otros procedimientos”.
Desde que familiares de víctimas agrupados en Marea de Residencias empezaron a presentar querellas, la actitud del Ministerio Público ha sido de “absoluta dejadez”, critica Carlos Vila. “Durante los dos primeros años no iban ni a las declaraciones de los imputados. No realizaron ningún tipo de actividad para impulsar las investigaciones. En los últimos meses, de vez en cuando van a algo”, añade.
Esa “absoluta dejadez” tiene un espejo donde mirarse: el comportamiento de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En la Memoria anual correspondiente a 2020, Lastra llegó a incluir tres falsedades flagrantes: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que restringía el traslado al hospital de residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”. Todos los datos que se conocen sobre esos tres hechos desmienten a la fiscal.
Eso en cuanto a mentiras evidentes. Luego están las omisiones por parte del Ministerio Público. Almudena Lastra achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar. A la vista de estos hechos, infoLibre envió a la fiscal 38 preguntas para que pudiera aclarar su versión. No contestó a ninguna.
Reyero cree que el Protocolo era vinculante
El primero en testificar ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid fue Alberto Reyero. El consejero de Políticas Sociales cuando estalló la pandemia explicó en detalle, durante una declaración que duró 50 minutos, qué significaba el Protocolo de no derivación hospitalaria, cuáles fueron las otras medidas discriminatorias contra los mayores adoptadas por el Gobierno de Ayuso y por qué se opuso desde el primer momento a la aprobación de dicho documento.
A preguntas del magistrado sobre si consideraba que el Protocolo era de obligado cumplimiento, Reyero contestó que “sí, y sobre todo en época de pandemia”, aunque aclaró que no le correspondía a él realizar la "calificación jurídica" del documento.
En cuanto a lo que significó dicho Protocolo, Reyero señaló que “el resultado fue que personas que lo necesitaban no pudieron ser derivadas”.
El ex consejero de Políticas Sociales también narró ante el juez cómo el Gobierno de Ayuso no utilizó otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias. Destacó que los geriátricos no fueron medicalizados, que los enfermos no fueron atendidos en hospitales privados (salvo que tuvieran un seguro privado) y que tampoco fueron trasladados al hospital de campaña montado en el Ifema. “Mientras que en Ifema murieron 16 personas, en las residencias fallecieron más de 5.000”, aseguró Reyero.
En definitiva, su testimonio dejó claro que ni los residentes fueron trasladados al hospital, ni se les atendió en los centros donde vivían, ni se utilizaron las alternativas que existían para darles un tratamiento médico adecuado.
Mur señala al consejero de Sanidad
Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria en los dos primeros meses de la pandemia, aseguró ante el juez que él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento “para proteger a los profesionales de la Sanidad”, de forma que tuvieran una guía homogénea que aplicar. Mur indicó que en la última versión, firmada el 25 de marzo de 2020, ya se hablaba de criterios de fragilidad y no del nivel de dependencia, con lo que él sí estaba de acuerdo.
Mur indicó que en su opinión el Protocolo no tenía carácter vinculante, al contrario de lo declarado por Reyero, ya que fijaba solo unos criterios “orientativos” para los profesionales médicos.
A preguntas del abogado de Marea de Residencias, admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con “su superior”, el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad
Pese a estas declaraciones de Mur, el magistrado no podrá llamar a declarar a Ruiz Escudero, que ahora está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su calidad de consejero y que muy pronto pasará a estar aforado ante el Tribunal Supremo, ya que Ayuso decidió nombrarlo senador por designación autonómica. Una forma de garantizar que ninguna causa judicial podrá prosperar contra él si no lo decide así el Supremo.
Mur admitió que prácticamente no se habían trasladado residentes a Ifema, porque era un hospital que no estaba preparado para atender a pacientes graves.
En cuanto a la medicalización de las residencias, discrepó de la versión ofrecida por Reyero, al indicar que “algunas” sí habían sido medicalizadas y que muchos centros recibieron oxigenoterapia.
En cuanto al motivo por el que los enfermos no fueron trasladados a hospitales privados, salvo que tuvieran un seguro privado, Mur respondió que era algo que desconocía. Admitió saber que existía un mando único, por el que todos los hospitales de la región pasaban a depender del consejero Ruiz Escudero, ya que fue una decisión aprobada por el Gobierno madrileño. Pero insistió en que él no tenía competencia alguna en dicha materia.
Los familiares valoran "la acción del juez"
Las claves del testimonio ante el juez del firmante del ‘Protocolo de la Vergüenza’ y del exconsejero Reyero
Marea de Residencias, que organizó una concentración ante los Juzgados para reclamar una vez más que se haga justicia, difundió una nota de prensa al final del día en la que valora “positivamente la acción del juez, cuya intención de investigar los Protocolos firmados digitalmente y enviados a las residencias y hospitales nos parece la correcta”.
Frente al comportamiento del magistrado Zamarriego, Marea de Residencias contrapone la actitud de la Fiscalía de Madrid, “que hoy tampoco ha hecho acto de presencia en las declaraciones. Creemos que iniciada la fase de instrucción, nada de lo relativo al proceso penal en curso debería ser ajeno al fiscal y por tanto no nos cuadra la actitud, pasiva o inexistente, que de forma bastante generalizada observamos en la actuación de la Fiscalía en relación a las querellas presentadas”.
Menos contenta se mostró Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le exigió que “diga la verdad”, reconozca “que hay 7.291 mayores que murieron de forma indigna” y pida “perdón”. La presidenta madrileña respondió que lo que ella esperaba era que Alberto Reyero saliera “imputado de sus declaraciones” ante el juez.
“Es la primera vez en tres años que un juez muestra interés en saber qué pasó con el Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de los residentes”. La frase es de Carlos Vila, abogado de Marea de Residencias, que lleva decenas de pleitos chocando contra un muro de desidia judicial a la hora de investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia. El magistrado Arturo Zamarriego ha abierto una brecha en ese muro este jueves, al tomar declaración durante más de dos horas como testigos a dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileño.