Albert Rivera, candidato a la Presidencia del Gobierno por Ciudadanos, se someterá este domingo al juicio de las urnas sin haber dado explicaciones sobre el pucherazo en las elecciones primarias de su partido hace ahora casi dos meses.
La manipulación de votos en las elecciones internas de la formación naranja para designar al candidato a la Presidencia de Castilla y León a punto estuvo de conseguir que Silvia Clemente, exdirigente del PP en la comunidad y primero de los fichajes electorales con los que Albert Rivera proclamó la voluntad de su partido de captar “talento” procedente de otras formaciones, se hiciese con el puesto. Su victoria fue proclamada por el partido el sábado 9 de marzo apenas unas horas después de dar por cerrado el plazo de votación, que en Ciudadanos se realiza a través de Internet. Fueron los seguidores de su rival, el diputado y dirigente de Ciudadanos Francisco Igea, los que se dieron cuenta de que algo no encajaba: había más votos a candidatos que emitidos.
Un día después, cuando Igea amenazó con acudir a los tribunales y denunciar el pucherazo, el partido dio marcha atrás y anunció que dejaba el proceso en suspenso. El lunes 11 de marzo, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, anunció en rueda de prenda que la Comisión de Garantías de Cs había tomado la decisión de anular 82 votos falsos atribuidos a Clemente y proclamar ganador a Igea.
Eso fue todo. Desde entonces han transcurrido siete semanas sin que los dirigentes de Ciudadanos hayan aclarado qué ocurrió y quién es el responsable de que el sistema de votación telemática añadiese a la candidatura de Clemente, la favorita de Rivera, 82 votos que según Garantías jamás fueron emitidos. Ante la cercanía de las elecciones y con su sistema de votación interna amenazada de descrédito, la formación naranja optó por enterrar el asunto.
Albert Rivera sólo ha vuelto a referirse al pucherazo cuando los periodistas le preguntaron por él en las entrevistas que ha ido concediendo durante la campaña y siempre para dar el caso por zanjado con la proclamación de Igea. Aunque lo ocurrido ha seguido planeando sobre la campaña: el PP tachó estos días a Cs de ser el partido del pucherazo una vez que el expresidente madrileño, Ángel Garrido, decidió pasarse por sorpresa a las filas naranjas y hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacó el tema en el último debate de candidatos después de que Rivera exigiese su dimisión si los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves son condenados por el caso de los ERE. “¿Va usted a dimitir por el pucherazo en las primarias de Ciudadanos?”, le respondió Sánchez. "No sea cutre", balbuceó Rivera por toda respuesta.
Ni siquiera está claro que el Comité de Garantías u otro departamento del partido haya iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido y determinar cómo se produjo la violación de la integridad de su sistema de voto por Internet y quién lo llevó a cabo, si fue alguien de dentro de la organización o de fuera y qué medidas es necesario tomar para que lo ocurrido no vuelva a suceder.
Este viernes, infoLibre volvió a dirigirse a Ciudadanos para saber si se había producido algún avance y ya conocían los datos esenciales del pucherazo. La respuesta fue la misma: todo está "aclarado".
La única medida adoptada por el Comité de Garantías que ha trascendido durante este tiempo fue el envío de una carta amenazadora a los militantes que pidieron explicaciones o cuestionaron la calidades del voto telemático en varias comunidades.
La misiva advertía a quienes se dirigieron a este órgano de la posibilidad de haber incurrido en “una situación anómala y perjudicial para el partido, con publicidad externa en grupos de redes sociales y/o medios de comunicación y que podrían ser conculcadoras” de los Estatutos del partido.
Los diez candidatos perdedores de los procesos de primarias abiertos para elegir a los candidatos a la Presidencia de Madrid, Cantabria, Aragón, Canarias y Murcia, al cabildo de Gran Canaria, a las elecciones generales por Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y a la Alcaldía de València se habían dirigido a la Garantías para que este órgano arbitral les aclarase las dudas que les planteaba el proceso telemático de votación después de lo ocurrido en Castilla y León.
La amenaza a los militantes que pidieron explicaciones aludía al artículo 12 de los Estatutos de Cs, que castiga con penas de suspensión, pérdida de cargo, inhabilitación y hasta expulsión a los afiliados cuyas “manifestaciones públicas menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados”, así como la “realización de manifestaciones públicas que puedan ser consideradas desleales o contrarias a los intereses del partido”.
Querella en preparación
La actitud de Cs, sin embargo, no amilanó a los militantes que cuestionan la limpieza del mecanismo de votación. Al menos un centenar de ellos decidieron organizarse y preparar una querella judicial para denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional si Albert Rivera y su equipo no esclarecen lo ocurrido.
Un informe pericial certifica que el sistema de votación que Cs usó en las primarias del pucherazo no tiene garantías suficientes
Los afectados encargaron un informe jurídico para armar su acusación. El documento, elaborado un bufete madrileño, sostiene que Ciudadanos vulneró “todos los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido”, lo que implica la comisión de delitos de falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos y daños informativos. El informe explica que la Comisión de Garantías les respondió con “evasivas” y “acreditaciones parciales de poco interés”, de lo que deducen que “efectivamente no se han adoptado todos los mecanismos viables internamente dentro de un partido que se presume leal y transparente en el cumplimiento de sus obligaciones”. Esa circunstancia no hace sino alimentar la sospecha de una alteración de “la fiabilidad” del proceso y una perturbación del “real recuento de las votaciones”.
A la espera de lo que decidan estos militantes, el asunto ya está en manos de la justicia. La Fiscalía de Valladolid recibió hace semanas una denuncia anónima sobre lo ocurrido en Castilla y León —que los militantes perjudicados por las primarias atribuyen a un intento de la dirección naranja de archivar judicialmente el asunto— y el perdedor de las primarias en Murcia presentó esa misma semana una denuncia ante la policía nacional por un presunto delito de fraude en el proceso electoral interno que habría favorecido a la actual candidata del partido a la Presidencia murciana, Isabel Franco.
Juan Carlos Bermejo, el candidato derrotado en las primarias para decidir el cabeza de cartel del partido en la Comunidad de Madrid, también presentó denuncia, en su caso por “vulneración de derechos fundamentales”.
Albert Rivera, candidato a la Presidencia del Gobierno por Ciudadanos, se someterá este domingo al juicio de las urnas sin haber dado explicaciones sobre el pucherazo en las elecciones primarias de su partido hace ahora casi dos meses.