Rui Pinto, el informante de Football Leaks, ha anunciado este lunes que también es la fuente de los 715.000 documentos que han hecho posible los Luanda Leaks, la filtración sobre Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y la mujer más rica de África, dueña hasta ahora de un conglomerado de empresas e inversiones cuyo valor supera los 2.000 millones de dólares. La justicia angoleña la acusa de malversar 1.000 millones de euros de fondos públicos a través de la petrolera estatal, Sonangol, mientras que la Fiscalía portuguesa está a punto de abrir su propia investigación por el uso de un banco local, Eurobic, para desviar fondos de la petrolera angoleña. La CNMV lusa también ha comenzado a inspeccionar una empresa portuguesa propiedad de Dos Santos, la teleoperadora Nos, así como la petrolera Galp, donde la multimillonaria tiene participaciones.
A través de un comunicado hecho público por su abogado, William Bourdon, Rui Pinto explica que a finales de 2018 entregó a la Plataforma para Proteger a los Informantes de África (PPLAAF) un disco duro con todos los datos relacionados con “las últimas revelaciones sobre la fortuna de Dos Santos, la de su familia y todos los actores que pueden estar involucrados en las operaciones fraudulentas perpetradas a expensas del Estado angoleño y, en su caso, de otros Estados”. Las nuevas informaciones sobre el origen sospechoso del inmenso patrimonio de la hija del expresidente angoleño han levantado un gran escándalo en Portugal.
Según explica Bourdon, abogado francés que preside la PPLAAF y antes ha defendido a otros whistleblowers internacionales como Julian Assange, Edward Snowden, Hervé Falciani Hervé Falcianio Antoine Deltour, el objetivo de Rui Pinto es ayudar a desentrañar las “complejas operaciones desarrolladas [por Dos Santos] con la complicidad de bancos y abogados, que no sólo empobrecen a los ciudadanos de Angola sino que también pueden haber dañado gravemente el interés general de Portugal”. También destaca que ha entregado los documentos “sin contraprestación alguna” y porque lo considera “un deber ciudadano”, y consciente de los objetivos perseguidos por la PPLAAF.
70 millones de documentos
Rui Pinto está siendo procesado en estos momentos en un tribunal de su país, tras haber sido extraditado desde Hungría en marzo de 2019. La Fiscalía portuguesa lo acusa de 90 delitos, desde intento de extorsión hasta acceso ilegal, violación de correspondencia y sabotaje informático por los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos han servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.
La suma de condenas por todos esos delitos que él niega puede suponerle a Pinto una pena total superior a los 25 años de cárcel, el máximo permitido en el país vecino.
Rui Pinto también se encuentra tras los Malta Files, las filtraciones que desvelaron cómo la isla mediterránea funcionar como un paraíso fiscal dentro de la UE: acoge grandes compañías y clientes con grandes fortunas que eluden el pago de impuestos en sus países de origen. La información compartida por Pinto permitó igualmente la publicación de los dudosos negocios inmobiliarios de Donald Trump y sus acuerdos con empresarios de Europa del Este, así como los sospechosos negocios petroleros de la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
“Histórica cooperación con EIC”“”
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“Sin las revelaciones de los Luanda Leaks, posibles gracias a nuestro cliente, las autoridades regulatorias, policiales y judiciales no habrían hecho nada”, advierte Bourdon en su comunicado, “gracias a él, y sólo gracias a él, los ciudadanos portugueses y el mundo han accedido a la verdad de un extraordinario sistema de rapiña y corrupción, que daña gravemente a Portugal, Angola y otros países”.
De forma que el abogado francés insta a las autoridades lusas a “actuar y abrir las investigaciones, ya iniciadas en Angola al tiempo que les reprocha que hasta el momento sólo hayan solicitado la colaboración de Rui Pinto para que se autoincrimine por las filtraciones de Football Leaks. El portugués ya se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para ayudar en la investigación de conductas corruptas en el fútbol. De hecho, un grupo de Eurojust –la agencia de cooperación judicial europea– lleva casi un año trabajando con parte de los datos de Rui Pinto.
William Bourdon recuerda que la colaboración de Rui Pinto con la PPLAAF se refiere “exclusivamente” a la entrega de este disco duro pero no menoscaba la “histórica cooperación” que ha mantenido con EIC desde que se hicieran públicos los Football Leaks. Por ejemplo, EIC publicó en 2017 cómo Isabel dos Santos obtuvo sin licitación, a través de una empresa offshore de Hong Kong, casi el 40% de un contrato de 4.500 millones de dólares para la construcción de una presa, aprobado por un decreto firmado por su padre, entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, en 2015.
Rui Pinto, el informante de Football Leaks, ha anunciado este lunes que también es la fuente de los 715.000 documentos que han hecho posible los Luanda Leaks, la filtración sobre Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y la mujer más rica de África, dueña hasta ahora de un conglomerado de empresas e inversiones cuyo valor supera los 2.000 millones de dólares. La justicia angoleña la acusa de malversar 1.000 millones de euros de fondos públicos a través de la petrolera estatal, Sonangol, mientras que la Fiscalía portuguesa está a punto de abrir su propia investigación por el uso de un banco local, Eurobic, para desviar fondos de la petrolera angoleña. La CNMV lusa también ha comenzado a inspeccionar una empresa portuguesa propiedad de Dos Santos, la teleoperadora Nos, así como la petrolera Galp, donde la multimillonaria tiene participaciones.