La salud mental se consolida como el gran negocio de la sanidad privada: representa el 15% de sus camas

"La salud mental debe ser un derecho, no un privilegio". Es lo que rezan las pancartas de manifestaciones como la celebrada en Málaga en octubre de 2022 y cuya imagen precede a estas líneas. El reclamo es frecuente, sobre todo desde que la pandemia puso en primer plano un problema que hasta entonces, además de invisibilizado, estaba estigmatizado. Pero además, con la salida de este tipo de trastornos de lo meramente individual a lo colectivo se hizo evidente otra cosa: la atención que el sistema público ofrece a la salud mental es más que limitado. Y un nicho, por tanto, para la sanidad privada, que dedica un 15% de las camas de sus hospitales a atender este tipo de trastornos.

Son los datos publicados este jueves por la Fundación IDIS, lobby de la sanidad privada, en su Observatorio del sector sanitario privado 2024, el décimo cuarto informe anual que, por primera vez, deja de denominarse Aportando valor. La explicación de ese cambio es sencilla. Y enlaza con su política de erigirse no como alternativa, sino como actor principal del sector sanitario. "El sistema público y privado son vasos comunicantes entre sí, por lo que si a uno le va mal al otro también y viceversa. Así pues, pedimos normalizar el desempeño del sector privado en el panorama sanitario de nuestro país", afirmó en este sentido el presidente de la fundación, Juan Abarca.

Sin embargo, en el terreno de la salud mental no es que su "desempeño" esté "normalizado", sino que es prácticamente el único actor. Los datos del análisis de IDIS así lo constatan. No sólo por el volumen que la salud mental tiene en su negocio, sino también por la representación de ésta en el sector global, donde deja el papel de lo público en poco más que migajas.

Pongamos la lupa. De los 92 hospitales dedicados a la salud mental en España, 64 son privados y tan sólo 28 son públicos. La proporción es de 70% a 30%. Miremos ahora el número de camas: de las 12.118 disponibles, 7.565 son privadas y 4.553 son públicas. La relación, en este caso, es más ajustada, pero del mismo modo desigual. Lo privado en este caso representa el 62% del total; lo público, el 28%.

Hay más datos. En nuestro país hay también 770 centros de salud mental sin internamiento, y en este caso la proporción es prácticamente idéntica. Los privados suponen un 49% (378) y los públicos el 51% restante (392).

Miremos ahora en lo que hay dentro de los 845 hospitales —públicos y privados— que hay en nuestra geografía. Entre todos suman 605 unidades de psicología clínica y psiquiatría y, de todas ellas, 316 pertenecen al sector privado. Son más de la mitad. Y desde hace años. Ya en 2018, según los datos recogidos por el análisis de la Fundación IDIS, había un 52% de unidades privadas frente al 48% de las públicas. La proporción es idéntica a la actual, aunque en números brutos estos servicios han crecido en diez unidades en el caso del sector privado y en nueve en el caso del público.

En cuanto a las consultas de psiquiatría, el comportamiento de los pacientes es muy diferente en función de si se analizan las que se realizan en hospitales o en ambulatorios. Si en los primeros la proporción la gana claramente el sector público (atendió en 2021 el 95% de los casos), en los segundos lo hace el privado (con el 77% de las consultas atendidas).

Una salud "para quien tiene medios"

El presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica, Javier Prado, tiene claros los motivos por los cuales son estos los números. "Los fondos de inversión han invertido mucho en salud mental y, al mismo tiempo, no han crecido tanto los recursos públicos que en este ámbito siempre han sido escasos", lamenta. Coincide con él, el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González. Si la presencia privada en el ámbito de la salud mental "crece y se mantiene", señala, es "porque no se destinan los recursos económicos suficientes". "Es clarísimo", afirma.

Todo comenzó con la crisis económica de 2008. "Los recortes afectaron a todo. A la sanidad pública, a la educación pública... y también a la salud mental", señala. Según sus cálculos, para tener una red adecuada se tendrían que haber invertido, desde entonces hasta ahora, 4.000 millones de euros. Así habría, para empezar, profesionales. Porque ahora mismo la red pública está claramente infradotada, tanto en psicología como en psiquiatría.

En concreto, y según un informe emitido por Defensor del Pueblo en 2020, la sanidad española tan sólo cuenta con seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, un número muy alejado de los 18 de la media europea. La Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados de 2022, por su parte, cifraba el número de psicólogos con especialidad clínica en 0,8 por cada 1.000, pero este número no tiene en cuenta que parte de ellos ya podrían estar jubilados.

En cuanto al número de psiquiatras, la situación no es mucho mejor. El pasado mes de junio, de hecho, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) lamentó que nuestro país tiene una ratio de 11,5 profesionales por cada 100.000 habitantes, una cifra "claramente inferior a la media de los países de la Unión Europea y muy inferior a la media de países del entorno con un PIB similar". "España está lejos de la media de otros países europeo como, por ejemplo, Portugal (14), República Checha (15), Bélgica (17), o Dinamarca, Reino Unido e Irlanda (19)", denunció el expresidente de la organización Celso Arango.

Esos números provocan, y lo señaló el propio Defensor del Pueblo, que los tiempos de espera sean excesivos, algo que puede contribuir a que los trastornos mentales se cronifiquen, advierte González. Es ahí donde la sanidad privada encuentra su nicho de negocio. Pero para quien puede pagarla, claro.

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El barómetro del CIS sobre salud mental publicado en 2021 reflejó que son los que se autoidentifican con una clase social más elevada los que acudían en mayor medida al psicólogo o al psiquiatra ya antes de la pandemia. Según la encuesta, un 21,8% de los que se definen como pertenecientes a clase alta o media-alta afirmaron que asistían a un profesional para tratar problemas relacionados con la salud mental. De la clase media-baja sólo lo hacía un 19,6%, y de la trabajadora, por su parte, un 16,2%.

Por eso González cree que todos los porcentajes que incluye IDIS en su análisis deben invertirse. "La sanidad pública es la que garantiza la universalidad. La privada está muy bien, pero para quien tenga medios, quien no los tiene necesita la otra red", dice. Es cuestión "de derechos". "Es una pena que este modelo de negocio crezca, y que encima lo haga por la inoperancia de los gobiernos autonómicos para mejorar la sanidad pública", añade Prado.

El propio Abarca, presidente de IDIS, admitió esta correlación, que de hecho no se da sólo en salud mental. El número de asegurados, por ejemplo, ya asciende según el mismo documento de la Fundación IDIS a 12,42 millones de personas en 2023, un 3,1% más que un año antes. En el mismo periodo, el volumen de primas de la sanidad privada creció por su parte un 7,5%, hasta los 10.751 millones de euros.